“Todas las demás leyes fundamentales, como por ejemplo la Constitución, son solamente las florituras prácticas de la libertad de expresión”. Stieg Larsson, La reina en el palacio de las corrientes de aire
Otra vez más, como hace tres décadas, una iniciativa para modificar la Ley de Radio y Televisión queda en suspenso, y tal vez en la congeladora. La “Iniciativa Sotelo”, que urdió Manlio Fabio Beltrones y luego tuvo que asumir en solitario el legislador perredista, no fue aceptada por la CIRT. Los argumentos en contra son propios de la célebre Guerra Fría: del antichavismo extraviado y vulgar al ataque abierto contra las radios comunitarias.
En dicha propuesta, que favorecía esencialmente al oligopolio telecrático, había ciertos avances: que las radios y televisoras estatales pudieran comercializar el 5% de su tiempo y que se diera mayor impulso a las radios de servicio público.
Pero hay una serie de posibilidades, que sin necesidad de legislar, debería implementar el gobierno para favorecer a sus medios y ampliar el derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia, lo cual posibilitaría que no fuera rehén de las siete familias que manejan concesiones a lo bestia. Ejemplo: que del presupuesto asignado al gobierno federal para propaganda, el 5% se dedicara a los medios que sobreviven con angustia y cabildean sus presupuestos en la Cámara de Diputados; que la red de televisoras culturales fuera alentada por dependencias como Turismo, Salud, IMSS, et al, y que sin dilación la Cofetel y la SCT gestionaran las peticiones de las radios comunitarias y de interés social, en lugar de mandar al Ejército para clausurarlas y aceptar, como dice el señor Andrés Massieu, que se castigue con 12 años de cárcel a quienes han mostrado que pueden transmitir sin obstaculizar a las emisoras comerciales y son atendidas por audiencias que necesitan del diálogo entre iguales.
Todo esto puede realizarse sin grandes discursos del Ejecutivo, sin deteriorar las finanzas de los grandes consorcios e, incluso, parándose el cuello.
También es necesario, desde luego, que se reglamente el derecho de réplica, publicado el 14 de enero de 2008 y cuya ley supuestamente se expediría el 30 de abril de este año.
El asunto tiene importancia, ya que no es posible que unos cuantos, quienes sean, digan “su verdad”, como si la iglesia hubiera regresado a tomar las riendas del Estado. Claro, ahora el evangelio se da en la pantalla, algo sabido, pero ello trae como resultado el atraso de una nación que está siendo reprobada no ya por sus ciudadanos, sino básicamente por los organismos internacionales. Todo esto muestra que la famosa globalización a la que nos encaminó Carlos Salinas es un mito.
Se insiste, cada vez más, en que los partidos políticos deben ser auditados y transparentar sus cuentas, lo mismo que el Legislativo y el Judicial. Nos sumamos encantados a dicha prédica que vemos a diario en los diversos medios. Pero también deberían hacerlo esos señores tan exigentes que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, los que utilizan la pantalla en su beneficio, pues son concesionarios de un bien público y, por lo tanto, deben rendir cuentas a la sociedad. El Ejecutivo, por su parte, lejos de dar, quitar, otorgar, rechazar o favorecer a los diferentes espacios a su antojo, debería dar una explicación clara y lógica del porqué favorece a tal canal y no da publicidad a las revistas; por qué posibilita que la emisión de un periodista tenga dinero a montones y ni siquiera recibe la llamada a determinado impreso, o por qué alienta publicaciones que se dedican a la banalidad.
Deben aclararse las dudas de todos. De no hacerlo, el Legislativo necesita actuar, no como policía o con el afán de obstaculizar tareas, sino para dar transparencia a los impuestos cada vez mayores.
Hay que contar con un organismo autónomo que supervise y no avasalle al ciudadano; lograr equilibrio entre libertad y necesidad; evitar que se vulneren los derechos de los niños y hasta de los que se consideran en los medios como “delincuentes”, sin haber sido juzgados; sancionar a quienes hacen montajes; defender la ética y ampliar los horizontes democráticos. Tareas que van de lo sencillo a lo complejo, donde se involucra a todos, cuya pretensión es una radiodifusión amplia, diferente, competitiva, abierta, pero con compromiso.
