Hay que generar políticas públicas
Tal vez alguna vez, por única vez, aquellos privilegiados con la autoridad o la responsabilidad de definir el rumbo de una nación, son obsequiados con la oportunidad de trascender.
Hace poco más de dos semanas nos enteramos de las negociaciones para la compra del 50% de Iusacell por Grupo Televisa. A pesar de anuncios previos que invitan a rememorar la historia de “Pedro y el Lobo”, la noticia dejó pasmados a todos. La estrategia de esta transacción que pareciera en principio meramente financiera, tiene el potencial de alterar las fuerzas dentro del mapa geopolítico de los mercados del sector de las comunicaciones en México, en formas nunca antes vistas.
Es ahí donde surge la oportunidad de determinar las políticas públicas de este sector, y las autoridades deberán optar por dejar hacer y dejar pasar, o asumir su papel de reguladores estableciendo los lineamientos necesarios dentro del nuevo contexto que surge del desarrollo tecnológico, que siempre será aprovechado por las empresas antes de que leyes y reglamentos sean modificados para ordenarlas.
En el contexto de los pleitos mediáticos y legales orquestados al mejor estilo de las series de valientes y bandidos, en las que ingenuamente se presentan a los buenos absurdamente buenos, y a los malos terriblemente malos, no hay quién no haya caído en la retórica de la defensa, o de las televisoras y sus aliados, o de Telcel/Telmex y sus silentes cómplices. Y al final, la crónica se diluye cómo una más en el tejido de denuncias, demandas y desplegados, ante las que los buenos van con los buenos, y los malos con los malos, al gusto del consumidor de la noticia.
Pero una oportunidad como ésta no se presenta todos los días, y abre la posibilidad de modificar las reglas del juego. Considerando que en esta historia no hay buenos ni malos, sino grupos empresariales luchando por la hegemonía de los mercados en los que operan y de los que derivan poder: poder económico y poder político; y que los grupos empresariales no pueden ser culpados por hacer cuanto esté a su alcance para promover el interés de sus accionistas, la obligación de defender y promover el interés público recae exclusivamente en las autoridades, llámense comisionados, reguladores, legisladores o jueces.
Pues bien, dentro de una óptica de coyuntura y recapitulando en las necesidades de inversión en infraestructura de comunicaciones del país, para los mexicanos y las autoridades que defienden sus intereses, la noticia de la compra del 50% de Iusacell por Televisa, es una gran oportunidad.
Acostumbrados, cómo estamos, a perdernos en la crítica de las particularidades sin considerar la generalidad, muchos hemos caído en la tentación de objetar esta pretendida transacción, sin contemplar que la misma abre la puerta a infinidad de posibilidades de índole práctica, que una vez más le confieren a la autoridad la posibilidad de fincar la directriz para el desarrollo de la infraestructura indispensable para el desarrollo de las comunicaciones del país. Bajo esa óptica, es necesario evaluar que salvo algunos empresarios que buscan meramente capitalizar sus contribuciones en campañas electorales, existen operadores de comunicaciones dispuestos a apostar su capital para reforzar su presencia en el mercado mexicano, invirtiendo en infraestructura en la que el operador dominante, es decir Telmex, ha dejado de invertir.
Pongamos dos casos claros:
– MVS, que con el proyecto “Banda Ancha Móvil Para Todos”, promete ofrecer en sociedad con Alestra, y las americanas Intel y Clearwire, conexión móvil a Internet a velocidad hasta 20 veces más rápida que la de hoy, a precios que permitirían que un segmento de la población que actualmente no tiene la capacidad económica de pagar por el acceso, pueda hacerlo utilizando para ello equipos de comunicación móvil conocidos como “telefonos inteligentes” o “smartphones”.
– Iusacell, que está avanzando en su despliegue de red con capacidad de ofrecer un paquete de servicios bajo la marca Total Play, a través de anillos metropolitanos de fibra óptica, que ofrece acceso a internet a velocidades que exceden, y en mucho, las que están planeadas para ser ofrecidas en el corto plazo por el operador dominante, es decir, Telmex/Telcel.
Estos dos esfuerzos implican un compromiso real de inversión para desarrollo de infraestructura que la economía mexicana demanda, que de no verse satisfecha, incrementará el rezago del país, afectando aún más su competitividad como economía en un mundo globalizado, impidiendo que su población pueda aprovechar el enorme beneficio del desarrollo tecnológico.
Pero frente al compromiso de inversión por dos grupos diferentes, en proyectos con capacidad de satisfacer la sed de una población que necesita apropiarse de los beneficios de las nuevas tecnologías, están los obstáculos que implica el tener que obtener autorización del gobierno para llevarlos a cabo.
En el primer caso, en el de MVS, el proyecto no ha podido lanzarse debido a la falta de definición del gobierno en cuanto a los términos razonables para la renovación de concesiones de las bandas de frecuencias que este proyecto requiere; y aunque es innegable que las aprobaciones requeridas por ley podrían ser objetadas desde un punto meramente formal, el gobierno tiene que actuar considerando que, como dice José Ingenieros, “acatar la ley es un acto de disciplina, pero a veces implica una inmoralidad. Respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque para ello tenga que elevarse por sobre las imperfecciones de la ley”.
El segundo caso, el del Total Play de Iusacell, la moneda está en el aire, sujeta a la aprobación de la transacción de compra del 50% del capital de la empresa por Televisa. Desde esa perspectiva, de ser aprobada la compra, la Comisión Federal de Competencia, autorizaría la posibilidad de capitalizar a Grupo Iusacell, y eventualmente permitirle posicionarse no sólo cómo operador móvil, sino cómo operador de telecomunicaciones ofreciendo aquello de lo que en tecnología México está más sediento: banda ancha.
Es incuestionable que la operación de compra tiene aristas que hacen cuestionable su posible beneficio para la sociedad, y que tendrán que ser analizadas a profundidad para determinar si serán más las ventajas que los posibles perjuicios. Pero el hecho es que la intención de llevar a cabo la operación por parte de los dos únicos grupos de televisión abierta que concentran más del 95% de las señales en México, crea el entorno para que la Comisión Federal de Competencia establezca condiciones para su aprobación.
Existe uno de varios precedentes que ejemplifican cómo, en un quid pro quo, el Estado puede condicionar los requerimientos o demandas de una empresa, al cumplimiento de ciertas condiciones. El primer caso que viene a la mente es el de Telmex, cuyo título de concesión incluye la prohibición de ofrecer servicios de televisión al público. Al efecto, desde el sexenio pasado, se entendió que el interés del gigante de las telecomunicaciones por acceder al mercado de la televisión, podría ser utilizado como palanca para establecer condiciones de sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones -condiciones que no han sido cumplidas y por las que se le ha impedido su entrada como competidor en ese mercado-.
Siguiendo esa línea lógica, la aprobación de la operación de compra del 50% de Iusacell por Televisa, puede ser la gran oportunidad del Estado para establecer condiciones de competencia también en el mercado de la televisión, tanto restringida como abierta.
En esta dinámica, bajo una directriz de políticas públicas para establecer condiciones de inversión, competencia, cobertura y calidad de servicios, las comisiones facultadas para regular el mercado de comunicaciones, podrían aprovechar las cartas de negociación que las estrategias de negocio de los participantes en el mercado les han presentado, para finalmente nivelar el terreno de competencia.
Este sería un giro de 180 grados, que detonaría inversiones en infraestructura, al permitir la entrada de nuevos competidores en mercados cerrados que operarían al amparo de reglas que garantizan la sana competencia, misma que propiciaría mejores precios y mayor calidad de los servicios. Con esto, un mayor número de mexicanos tendrían la capacidad de pagar por los servicios, generando una demanda adicional que incrementaría el tamaño de mercado, e impulsaría nuevas inversiones, generación de empleo y desarrollo.
Esto es lo que le conviene a México ¿o no?
