En noviembre no sólo existieron bolas de humo o engañifas interesadas en cuestionar la reciente reforma electoral, también hubo proyectos para modificar la ley reglamentaria, así como expresiones desde el Congreso que suscitaron razonables críticas a la solvencia legislativa.
Para decirlo de otro modo: un asunto es que durante las últimas semanas hayamos asistido a la difusión de datos falsos y declaraciones desmesuradas provenientes del principal circuito de interés afectado por el acotamiento del poder fáctico de los medios, y otro muy distinto es la postura de los partidos que puso el acento en cómo evitar el desequilibrio informativo de los medios.
En el primer caso, por ejemplo, se afirmó que la nueva distribución de los anuncios implica saturar la pantalla y el cuadrante: dos mil 360 horas por día, se dijo. En realidad, según el marco vigente aprobado en el Congreso el 12 de septiembre, el IFE administra 41 minutos para las precampañas y campañas, que distribuirá por hora de transmisión en cada estación de radio y televisión de las 6 a las 24 horas del día. Según el registro de RTC actualmente existen 653 estaciones de televisión y mil 487 de radio que operan con permiso o concesión, por lo que hablamos de un total aproximado de mil 462 horas por día. Esto, independientemente de que sea muy difícil que una persona escuche más de una frecuencia a la vez como para hablar de sobre exposición de spots.
Distorsiones como esas u otras entre las que sobresale el discurso ordinario del dueño de TV Azteca ante el Presidente, el 22 de noviembre, que puso en duda la representatividad de los legisladores además de erigirse él -o sea, él, subrayamos- como paladín de la libertad de expresión, forman parte de los cuestionamientos a la reforma electoral y obedecen, entre otras razones, a que la norma canceló la compra de spots en los medios de radiodifusión.
Sin embargo, en el registro de especulaciones, rumores y falsedades no puede omitirse la impericia política de los legisladores que en lugar de abrogar el apartado 7 del artículo 49 del Cofipe hubieran tenido intensas sesiones para cambiar el término “sugerir” por el de “presentar” los “lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña o campaña de los partidos políticos” como una atribución del IFE frente a la CIRT (y, suponemos, también frente a los no agremiados a esa cámara).
Ante esto no faltaron filólogos que revisaron el significado de cada palabra. Nosotros carecemos de esa formación. En cambio preguntamos qué sentido tiene modificar los términos si, como adujeron varios legisladores, no pretenden coartar la libertad de expresión. ¿De qué hablaban cuando enseguida dijeron, no sin un dejo de vulgaridad, que se trata de “darle dientes al IFE”? ¿Por qué si, como dicen, la norma existe desde 1993 no sólo no se abstienen de cambiarle un término sino que incluso mejor derogan el apartado 7? En cambio, al cierre de esta edición que ocurre el 27 de noviembre, los senadores llegaron a la redacción “presentará las sugerencias de lineamientos…” y luego, en el artículo 76, establecen que el IFE “vigilará el cumplimiento y apego” de esos lineamientos. ¿Qué quieren decir con eso?
Los medios de comunicación tienen todo el derecho de atender o desestimar las sugerencias que se les presenten en pleno ejercicio de su independencia editorial, incluso aunque haya quien considere, como ocurrió con el senador Carlos Navarrete, que “el desequilibrio informativo debe corregirse” porque el IFE no puede hacer sólo “llamados a misa”. ¿Y entonces? Esa afirmación no es ni una bola de humo ni una engañifa para denostar a la reforma electoral, en nuestra opinión significa una ruta equivocada que, esperamos, no sea la que emprenda el Congreso. Y si de declaraciones coincidentes podemos hablar nos quedamos con esa de Ricardo García Cervantes: “No hay ninguna intención de limitar la libertad de expresión. ¡Pues ni que estuviéramos locos!”
Cuando etcétera esté impresa seguro ya se habrán desentrañado estos y otros intersticios. Sólo dejamos testimonio de nuestra coincidencia con los aspectos centrales de la reforma electoral, de nuestra seguridad de la insolvencia ética y política de los grupos de interés que la cuestionan, pero también de los posibles errores legislativos que significarían un retroceso en la esfera de las libertades en México.
