Agradezco la invitación a este intercambio respetuoso de puntos de vista en etcétera, revista que cuenta con mucho prestigio no sólo en el medio de la comunicación. Me preguntan para abrir esta participación ¿por qué pide el gobierno de la ciudad la frecuencia 105.7?
La pide, primero, porque el permiso para transmitir en esa frecuencia se le asignó al Departamento del Distrito Federal, y según el Estatuto de Gobierno que permitió a los capitalinos elegir a sus gobernantes democráticamente en 1997, forma parte de los bienes que debieron entregarse al hoy gobierno de la ciudad.
La 105.7 le fue asignada al gobierno que entonces se llamaba regencia, en 1967. Comenzó a funcionar en 1969 y por 13 años la ciudad mantuvo su operación. La Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 37 fracción V, no permite traspasos sin autorización expresa de la SCT. El DDF nunca transfirió la frecuencia y su titularidad, sólo su administración al Imer en 1983, y la SCT nunca autorizó ningún traspaso antes de que el Estatuto de Gobierno le diera al GDF todo el patrimonio a nombre del DDF.
Por cierto, vale la pena recordar que Imevisión y el Imer se formaron con la clara intención de privatizar los medios que pertenecían al Estado. El que llevó a cabo esta política en el gobierno de Miguel de la Madrid fue Pablo Marentes, quien le llamó a las acciones de juntar los recursos que andaban sueltos, tanto de televisión como de radio, política de agregación. “Agregaron” lo que había de Estudios Churubusco, de Canal 7, del Canal 8 de Monterrey, el 22 del DF y al 13 le llamaron Imevisión y eso preparó la venta de varios de estos medios públicos fundamentales para cualquier país.
Lo mismo pasaría con el Imer y por eso la frecuencia 105.7 se “agregó” para utilizar los términos de Marentes , para reunirla con la XEB y con otras radiodifusoras camino a su venta. Hay distintas circunstancias que impidieron que con el Imer ocurriera lo que ocurrió con Imevisión, y no abundaré al respecto en este momento, pero lo menciono porque ése es el origen de que el DDF le cediera la administración de su frecuencia no su titularidad jurídica al Imer.
Desde el primer momento en que se lleva a cabo esta situación con la 105.7 hubo un intento por parte de los funcionarios del Imer para que la titularidad de la frecuencia se le otorgara al instituto, pero la solicitud fue denegada por el secretario de Comunicaciones y Transportes de aquel momento. Es decir, en 1997 el permiso de esa emisora estaba a nombre del DF y no se le entregó conforme lo establece el Estatuto de Gobierno.
A mí me parece muy revelador, una confesión de parte, el que apenas el 31 de marzo de 2005, dos días después de que la Asamblea Legislativa votara un punto de acuerdo para demandar que se recuperara esa frecuencia radiofónica que pertenece a la ciudad, casi corriendo, casi sobre las rodillas, se apresura la dirección del Imer a solicitar nuevamente la titularidad de la frecuencia, lo que en otros términos es una confesión de que había una irregularidad que se conservó durante 22 años respecto al manejo de la emisora. Ese solo hecho le da la connotación y el contexto político a este asunto. Estamos ante un hecho político, no ante un problema técnico ni administrativo. El apresuramiento con que se buscó la titularidad en 2005 luego de la intervención de la Asamblea es más que revelador, es contundente. Una culpa que se quiso subsanar arrebatándole a la ciudad de México su frecuencia de radio.
El tema cobra mayor relevancia porque implica la posibilidad de que el Distrito Federal utilice una emisora, que además le pertenece, en una metrópoli que no opera hoy en día medios propios de servicio público.
En el país 14 familias monopolizan más de 80% de las señales de radio y televisión, lo que ha derivado en que sólo se expresen unas cuantas voces. Esa sería una razón suficiente para contar con opciones de medios de servicio público que atiendan la pluralidad y necesidades de la ciudad; para crear alternativas y establecer la posibilidad de que muchas otras voces sean escuchadas, que es lo que no ocurre en nuestros días.
Ahora mismo el país está padeciendo, en muchos rubros, un vacío de información verdaderamen-te lastimoso e indignante. La televisión y la radio no informan más que de crímenes, futbol, escándalos y párale de contar, ¿dónde está la sociedad?
Desde luego que la decisión de operar una emisora de radio en la ciudad de México busca dar espacios a esa multiplicidad de voces que existen y que nunca se han expresado. Voy a poner un solo ejemplo que tiene que ver con las etnias indígenas en la ciudad. Están en primer lugar las originarias, fundamentalmente las nautlacas o mexicas que viven en delegaciones rurales como Milpa Alta, Xochimilco y Cuajimalpa, que jamás han tenido posibilidad de expresarse: ¿alguien ha escuchado siquiera una frase en lengua indígena en alguna de las estaciones de la ciudad de México? Se generan aquí 57 señales de radio y no se escucha ni una frase de los indígenas que habitan la ciudad y que representan alrededor de 40 etnias distintas que llegan de todas partes del país.
México es la ciudad más indígena de la República y si me permiten decirlo así, una de las ciudades más indígenas de América, porque aquí habitan decenas de etnias. Ya no hablemos de las otras etnias modernas que también forman parte de la gran ciudad, ¿dónde están los judíos? ¿los libaneses? ¿los japoneses y los coreanos? ¿quién expresa a todas estas minorías étnicas que forman parte también de la riqueza cultural en el Distrito Federal.
Pongo otro ejemplo para dimensionar qué es lo que se busca pidiendo una emisora de radio para el DF: en el proyecto del jefe de gobierno se plantea que los medios de servicio público cumplan un papel escolarizador. Tenemos preparado un plan para que con la radio y la televisión del DF podamos llevar la escuela a la casa. Pero de esto abundaré en una segunda participación para no abusar de esta primera ronda.
No. Pertenece al Imer
Julio Chávez Sánchez
Al contrario, Virgilio, soy yo quien agradece su disposición a participar en este intercambio.
Usted sostiene que de acuerdo con el Estatuto de Gobierno la frecuencia 105.7 “forma parte de los bienes que debieron entregarse al hoy gobierno de la ciudad”. Yo sostengo exactamente lo contrario: la frecuencia dejó de ser parte de los bienes, como consta en el decreto de creación del Imer (Diario Oficial de la Federación, 25 de marzo de 1983): se cedieron las instalaciones de la frecuencia mencionada en el acta de entrega-recepción de fecha 30 de junio de 1983. Incluso, el artículo tercero transitorio del mencionado decreto expresa claramente: “Quedan derogadas las disposiciones de los Acuerdos y Decretos del Ejecutivo Federal que sean contrarias a lo dispuesto por el presente decreto”.
Más adelante, usted apunta que:
“El DDF nunca transfirió la frecuencia y su titularidad, sólo su administración al Imer en 1983, y la SCT nunca autorizó ningún traspaso antes de que el estatuto de gobierno le diera al GDF todo el patrimonio a nombre del DDF”.
Sin embargo, en la mencionada acta de entrega-recepción se asienta que el 7 de junio de 1983, por instrucciones del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, el anterior director de la estación hizo entrega de las instalaciones, recursos y la operación de la estación radiodifusora a Teodoro Rentería Arroyave, primer director del Imer.
A partir de ese hecho, desde entonces a la fecha, en todas sus actuaciones legales la SCT reconoce al Imer como el operador de ese permiso. Muestra clara de esto último es el escrito dirigido por esa secretaría a Rentería Arroyave el 7 de julio de 1983 donde “se le autoriza para que continúe con las actividades de la estación y realice operaciones que aseguren la captación de recursos financieros para producir programas culturales y educativos…” (cursivas mías).
(No comento su afirmación de las intenciones que, según sus dichos, alguna vez tuvo el gobierno federal para privatizar el Imer; no es el tema de este intercambio aunque sería muy interesante que usted documentara al respecto, le propongo que en la siguiente edición.)
Usted dice que la Asamblea Legislativa del DF votó un punto de acuerdo para “demandar” que se recuperara esa frecuencia. No fue así. En realidad, el punto de acuerdo que propuso la entonces diputada local María Rojo fue para exhortar al otrora jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para “recuperar” la frecuencia aludida. Sin embargo, el titular del GDF no emprendió acción alguna al respecto.
También afirma que “estamos ante un hecho político, no ante un problema técnico ni administrativo”. Sobre ese cariz político se han hecho varias interpretaciones, y una de las más recurrentes ha sido afirmar que, de contar con las frecuencias que solicita, el actual jefe de gobierno las utilizaría para promoverse con miras a las elecciones presidenciales de 2012. Pero no estamos aquí para reproducir interpretaciones ni para definir el litigio que promueve el GDF para que le sea restituida la frecuencia que ahora emite Reactor. Esto se determinará conforme a la ley.
En lo que sí coincidimos con usted es en contar con más opciones mediáticas para generar un entorno plural en la información y la expresión de los más diversos grupos sociales. Por eso afirmamos que el gobierno del Distrito Federal tiene todo el derecho de solicitar, pero sobre todo de obtener, un permiso para operar frecuencias de radio y TV. Más aún, cuando a partir de nuestras investigaciones periodísticas sabemos que existe disponibilidad de algunas decenas de frecuencias en el DF. Lo que no creemos es que para que eso sea posible el GDF se apropie de una estación que no le corresponde; tan desatinado es eso como el hecho de que pretenda un canal de televisión, el 46, del que el concesionario es Cablevisión desde hace diez años. A usted le parece muy revelador que cuando ocurrió aquel exhorto de la Asamblea, la dirección del Imer se apresurara a solicitar nuevamente la titularidad de la frecuencia. A nosotros nos parece que es lo menos que debió hacer la autoridad respectiva.
Para que el GDF cuente con medios electrónicos debe hacer la solicitud correspondiente a las autoridades competentes en este caso la Cofetel y no al Imer, co-mo lo hizo, y sobre todo debe presentar, como marca la ley, los documentos que respalden esta petición, pues hasta donde se sabe en el caso de la radio que es el tema que nos ocupa no se ha presentado un proyecto de contenidos.
Es un asunto político
Virgilio Caballero
Me da gusto coincidir con usted, estimado Julio, en que debe haber una respuesta favorable para que el Distrito Federal tenga frecuencias de radio y televisión, sin duda, para dar un servicio público y no propaganda. Así será. Por supuesto que habrá oportunidad de compartir en otro momento todos los datos que puedan serle de utilidad para conocer lo que fue aquel plan de privatización de los medios y la política de agregación de Pablo Marentes.
Usted se equivoca en los dos argumentos que utiliza cuando dice respecto a la 105.7, que “la frecuencia dejó de ser parte de los bienes” del GDF porque: 1. El decreto de creación del Imer derogó el permiso a nombre del DDF, y 2. El acta de entrega-recepción de la emisora dice que el GDF cedió la “operación”.
No, Julio, su lectura es incorrecta. Ese decreto de creación no tiene ni jurídicamente puede tener facultades para derogar nada porque no está por encima de procedimientos explícitos en la ley de radio y televisión (artículo 37, fracción V). La SCT nunca validó expresamente el traspaso del permiso antes de 1997, fecha en la que seguía a nombre del DDF y acorde al Estatuto de Gobierno pasó a ser parte del patrimonio del ahora GDF. Por otro lado, no es lo mismo ceder la “operación” (administración), que traspasar la titularidad de un permiso. Aunque el acta a la que usted alude lo cediera expresamente que no es así sería ilegal, y si usted leyó eso en algún párrafo de ese documento dígame en dónde, por favor, para revisarlo de nuevo, porque yo no leo en parte alguna una cesión de permiso ni un traspaso.
Entonces: el DDF no podía ceder el permiso y no lo hizo; la SCT no lo traspasó expresamente como dice la ley ni modificó la titularidad, la cual seguía a nombre del DDF hasta 1997, fecha en la que se convirtió en patrimonio de lo que ahora es el GDF, según lo establece el Estatuto de Gobierno.
Tan es así, que cuando el Imer pidió por primera vez que se le diera el permiso en 1983, la SCT no lo puso a su nombre ni habló expresamente de ningún traspaso, sólo autorizó al instituto para que continuara operando (administrando) la frecuencia. De hecho, el Imer en 2005 solicitó otra vez a la SCT que el permiso se pusiera a su nombre, como dije, sobre las rodillas y corriendo después del punto de acuerdo en el que la diputada María Rojo utilizó la figura jurídica de exhorto para demandar (o pedir, si usted así lo prefiere) que se recuperara la frecuencia. Acierta usted plenamente al afirmar que a quien se instaba a actuar en consecuencia era el jefe de Gobierno.
No así cuando afirma que el trámite legislativo no tuvo consecuencia alguna, porque después de varios intentos de acercamiento a la dirección general del Imer, incluso a través del secretario de Gobernación por iniciativa del diputado asambleísta del PAN, Juan Antonio Arévalo (quien formó parte de la comisión plural ex profeso que nombró la Asamblea), a mediados de agosto de 2005 una comisión mixta Asamblea-GDF encabezada por María Rojo fue recibida por Dolores Beistegui, a quien entregaron copia del exhorto de ese cuerpo legislativo.
La directora del Imer comentó que no tenía atribuciones para definir esa situación y que, en todo caso, se recurriera a las autoridades correspondientes. Aunque no fueron exitosas para la ciudad, como usted ve, sí se desprendieron acciones luego de la iniciativa de la Asamblea de recuperar la 105.7.
La petición a la SCT es un confesión de parte, insisto, porque al formularla el Imer reconoce que aún en 2005 la titularidad del permiso no estaba a su nombre y esto es discúlpeseme la obviedad porque todavía estaba a nombre del DDF (no se derogó nunca con el decreto de creación como usted señala). El acta de entrega-recepción no es un acto administrativo que explícitamente haya derivado en el traspaso del permiso.
Si la SCT, fuera de los tiempos legales porque ya estaba vigente el Estatuto de Gobierno, le dio la titularidad del permiso al instituto en 2005, actuó políticamente atropellando los mandatos de la LFRT y del estatuto del propio instituto sin siquiera notificarle al GDF, al que no se reconoció siquiera el derecho de audiencia. Es, como ya dije, un asunto político e ilegal: un despojo.
Me parece desafortunado que usted califique ese atropello en el que se violentaría lo establecido en la ley como “lo menos que debía hacer” el instituto. ¿Entonces lo menos que podemos esperar de las autoridades que gobiernan a este país (sin importar su signo partidario) es que ignoren los procedimientos explícitos en la ley por motivaciones políticas como sucedió en este caso? Yo creo que no.
Revisemos juntos los registros para saber si estaba derogado o no el permiso de la 105.7 y si estaba o no a nombre del DDF en 1997. Ahí encontraremos las claves para entender mejor este despojo político.
Para el GDF lo más importante es impulsar un sistema de radio y televisión de servicio público, y es legítimo pedir que se devuelva una frecuencia que consideramos le corresponde a la ciudad. Estoy de acuerdo con usted en que serán las autoridades judiciales las que determinen quién tiene o no la razón.
Luego de estas precisiones que considero pertinentes, en la siguiente intervención abundaré ahora sí sobre el plan escolarizador de los medios de servicio público que estamos solicitando, porque junto con la atención a los grupos indígenas, es un elemento sustantivo de la radio y la televisión del Distrito Federal.
La SCT dio la razón
Julio Chávez Sánchez
Virgilio, tengo la certeza de que la frecuencia 105.7 corresponde al Imer, lo cual se sustenta en varios argumentos, el central de ellos es que la SCT, autoridad correspondiente en el ramo, durante los últimos 25 años le ha dado reconocimiento legal a la titularidad del Imer sobre Reactor en todos los actos legales relacionados con la emisora (incluso, cuando en septiembre de 2003 la SCT hizo públicos, a través de su portal de Internet, los permisos y concesiones de radio y televisión, en este registro aparece el Imer como titular de la 105.7).
Y justamente fue esta la razón que la SCT consideró para formalizar la titularidad jurídica en favor del instituto desde agosto de 2005. Que haya sido hasta esa fecha no debe poner en duda la solidez legal de ese acto; Virgilio, equiparar “operación” con “administración” es insostenible legalmente. Así le pareció a la SCT en agosto de 2005, pues de otra manera no hubiera reconocido el origen del permiso en 1983.
Conozco sus argumentos jurídicos, son muy similares a los del estudio hecho en 2000 por el abogado Agustín Ramírez Ramírez, quien fuera director jurídico del Imer en 1994. En ese estudio, hecho cuando todavía no se formalizaba el permiso de la 105.7, el propio Ramírez reconoce que “para que se extingan los derechos del titular del permiso, se requiere de la manifestación expresa, motivada y fundada, de la misma autoridad pública emisora”, en este caso la SCT. En otras palabras, esa dependencia es la única con atribuciones legales para modificar la titularidad del permiso, y así lo hizo al entregar su titularidad al Imer.
Paso a otro asunto, Virgilio, en mi primera entrega jamás afirmé que el punto de acuerdo propuesto por María Rojo no tuviera consecuencias. Lo que dije fue que “el titular del GDF no emprendió acción alguna al respecto” una vez que la Asamblea Legislativa hizo aquel exhorto. Y así fue: Andrés Manuel López Obrador no respondió a esa solicitud y, ni siquiera sobre las rodillas, hizo algún trámite ante la autoridad correspondiente; usted y yo sabemos que ése es un error monumental del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal.
Usted cuenta que se formó una comisión mixta que visitó a la entonces titular del Imer para entregarle copia del exhorto hecho al jefe de gobierno, y también narra que en aquella ocasión la señora Dolores Beistegui les comentó que “no tenía atribuciones para definir esa situación” y que debían dirigirse a la SCT, como autoridad encargada del ramo. No obstante esta respuesta, no existe algún documento oficial ante la SCT que muestre que el gobierno del DF ni la Asamblea Legislativa hayan hecho algún intento por recuperar la 105.7.
Sobre esto usted reitera que la solicitud hecha por el Imer es una “confesión de parte”, pues al formularla en 2005 el instituto “reconoce” que la titularidad del permiso no estaba a su nombre. Eso puede sonar bien como arenga política pero lo que sencillamente hizo el Imer fue solicitar que concluyera un trámite: una solicitud que, por cierto, la realizaron varios directores del instituto mucho antes que la señora Beistegui, como usted mismo lo reconoce en su primer escrito.
De lo anterior se desprende que la petición no fue hecha sobre las rodillas; lo que sí parece haber sido hecho sobre las rodillas es la solicitud para recuperar la 105.7, pues, incluso días después de presentar toda esta farragosa interpretación jurídica, usted declaró que bien podría ser esa frecuencia o cualquier otra. Además de esto último se encuentra el hecho de que, hasta el momento de redactar estas últimas líneas, no ha sido presentado el plan de contenidos y ése es un requerimiento que marca la ley.
Por cierto, Virgilio, me quedan dudas que ojalá usted me pudiera responder: ¿por qué se planteó la solicitud al Imer para que le fuera devuelta la 105.7, cuando el GDF sabía que lo conducente era dirigirse a la SCT, tal como se los indicó Dolores Beistegui desde 2005? ¿Qué se pretendía con esa acción? ¿Llevar a la agenda política un tema técnico y administrativo? Ojalá me pueda aclarar por qué no se dirigieron a las instancias correspondientes y, sobre todo, por qué no se presentó el proyecto de contenido que marca la ley.
Por otro lado, es cierto que existen muchas comunidades a las cuales hay que informar lo que a ellas les interesa y darles voz. También suena bien emplear medios de servicio público para atender necesidades educativas, entre muchas otras que podría brindar la radio pública del GDF. Sin embargo, dentro de sus planteamientos el gobierno de la ciudad no debe olvidar que Reactor atiende a un amplio sector de la juventud capitalina que ve satisfechos sus gustos musicales en la programación de esa frecuencia. ¿O acaso los jóvenes no forman parte de la sociedad?
Fue en lo oscurito
Virgilio Caballero
Julio, lamento que no haga siquiera un comentario respecto a sus dos pifias anteriores. No me dice en qué parte del acta de entrega-recepción se cede la titularidad de la emisora (espero que sea porque ya se dio cuenta que no dice eso) ni tampoco sobre su argumento totalmente equivocado de que la frecuencia le corresponde al Imer porque el permiso a nombre del DDF se derogó con el decreto de creación del instituto. Usted y yo sabemos que no se derogó el permiso, si no ¿por qué pidió el Imer en 2005 que se pusiera a su nombre? La respuesta es: porque estaba a nombre del DDF, no a nombre del Imer, y en 1997 debió entregarse al GDF como lo establece el Estatuto de Gobierno.
Ahora en su último escrito da otras dos explicaciones, también a mi juicio insostenibles: primero califica de argumento “central” que, según usted, la SCT le ha dado reconocimiento a la “titularidad” del Imer sobre la 105.7 “en todos los actos legales relacionados con la emisora”; su único ejemplo es que un listado en el sitio Web de esa secretaría decía en 2003 “Imer” en lugar de “DDF” (otra vez: el Estatuto de Gobierno es de 1994, no de 2003 ni 2005). La LFRT habla de traspasos validados expresamente por la SCT, no dice que el reconocimiento de la titularidad para un permiso se da porque aparezca en una página de Internet o porque al operador de una frecuencia le dirija oficios cotidianos la secretaría. Hágame nomás el favor.
Digo esto porque si usted se refiere, cuando habla del reconocimiento que la SCT hizo “en todos los actos legales relacionados con la emisora” a los oficios o cartas dirigidos al Imer como responsable de la operación de la frecuencia, eso es otra cosa. Hay un acta de entrega-recepción que cede la “operación”, no la “titularidad” del permiso. Mandar oficios no es reconocer ni adjudicar el permiso.
Seguramente la SCT también le mandó oficios a grupo RASA, la cadena privada a la que el Imer le rentó la 105.7 de 1992 a 1994 (año en el que se publicó el Estatuto de Gobierno del DF) y eso no es reconocer legalmente que esa empresa se convertía en titular del permiso.
En cambio, a propósito de canal 46 de televisión al que usted hace referencia en su texto no aparece en el listado Web de la Cofetel como frecuencia asignada en la ciudad de México y efectivamente, el GDF pidió ese u otro canal de televisión disponible en su solicitud formal ante la comisión.
De todo ese “reconocimiento legal” que durante 25 años, según usted, ha hecho la SCT de la “titularidad” del permiso al Imer, le pido que me diga un solo documento que antes de 1997 diga expresamente que el título está a nombre del instituto. No existe, pero en el extremo de hacerlo exisitir tendría que haber sido al margen de lo que ordena la ley.
No estoy de acuerdo tampoco cuando dice usted, Julio, que el Imer solicitó la titularidad en 1983 y el trámite duro 25 años hasta que en 2005 se “formalizó”. Eso no fue así. El Imer sí pidió la titularidad en 1983, pero la SCT le contestó (se acabó ese trámite) y no se la dio. Luego lo volvió a hacer en 1997 y 2001 cuando ya le correspondía al GDF pero tampoco se traspasó el permiso.
Sus argumentos son contradictorios entre sí, porque primero dice que la SCT “durante los últimos 25 años le ha dado reconocimiento legal a la titularidad del Imer sobre Reactor” y luego que en 2005 se “formalizó” la titularidad. Entonces formalmente no se había reconocido, no estaba a nombre del Imer, estaba a nombre del DDF (hasta 2005 como usted dice).
Lo que usted llama “formalizar” se dio después del exhorto de la ALDF, ya referido, y luego de las gestiones resultantes de él, que pueden o no satisfacernos, pero que existieron porque un representante del GDF participó en la comisión mixta que acudió a plantear el reclamo a la directora del instituto. El Imer conoció entonces las razones jurídicas, tenía claro que el permiso estaba a nombre del DDF, y el mismo secretario Pedro Cerisola (que no le había otorgado el permiso a Carlos Lara Sumano en sus dos peticiones), se lo dio en cambio a Dolores Beistegui en lo oscurito, por motivaciones políticas, cuando estuvo manifiesta la voluntad del gobierno de la ciudad de recuperar la frecuencia. Hay dolo.
Nunca se informó a nadie, sólo ellos sabían, la primera noticia oficial de ese atropello político, ilegal se da hace unos días, cuando el director del Imer contesta a la solicitud del GDF que el permiso ya está a su nombre ¡desde el 11 de agosto de 2005!… y lo informan en 2007. Nunca le notificaron al gobierno capitalino, el título a nombre del instituto no se ha publicado en el Diario Oficial desde entonces, no se informó en la junta directiva del Imer, no viene en informes públicos de la administración pasada, vamos ni un boletín mandaron.
Se hizo a escondidas, porque es un asunto político y no la conclusión normal de un trámite que dura 25 años en formalizarse como usted sugiere, diciendo que su validez se comprueba entre otras cosas porque así se puso en una página Web (en 2003 por cierto, y el director del Imer dice que el permiso se otorgó en 2005).
Fue con dolo, insisto, con el uso faccioso de las instituciones, es un despojo político, Julio.
No contesta usted sobre las inconsistencias de sus argumentos anteriores, pero me hace a mí una serie de preguntas sobre temas a los que ya me referí, pero trataré de contestar brevemente (por razones de espacio) los que creo que me faltan.
¿Por qué la solicitud al Imer y no a la Cofetel? Porque el Imer opera la frecuencia, pero también a Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, autoridad decisoria en estos temas, como usted bien sabe.
Sobre “el proyecto de contenido” no hay que confundir: el expediente que se entregó a Cofetel para obtener una frecuencia de televisión detalla incluso los diez amplios ejes temáticos que tendrá la programación; no se entregó un expediente administrativo para obtener una emisora de radio ante la Cofetel porque la 105.7 ya está asignada y consideramos que la titularidad corresponde al GDF. El procedimiento es distinto. No hay intenciones ocultas, no se está violando la ley y además se ha difundido la propuesta de contenidos en varias ocasiones, la cual se enmar-ca en los propósitos de un sistema de radio y televisión de servicio público.
La ciudad merece una emisora y un medio público ejemplar, pero el país requiere que todos estos medios tengan reglas que garanticen su vocación de servicio. Iremos paso a paso.
Prometí referirme al proyecto escolarizador y por eso anexo estas líneas, aunque sé que no debo abusar del espacio. Gracias a etcétera y a usted Julio, que cierra este debate. Si requiere alguna información adicional o tiene más preguntas de mi parte tiene la disposición y la buena fe.La propuesta es un modelo de educación a distancia que fue creado por dos pedagogos modernos, mexicanos, inspirados en la telesecundaria. No será un módulo aislado para recibir las clases, se trata de llevar la escuela a la casa porque hay tres millones de muchachos que han abandonado la secundaria en la ciudad de México. Es la misma proporción de lo que ocurre en el país, donde 34 millones de jóvenes que han abandonado la escuela y forman un ejército, en el mejor de los casos, para la migración en desventaja a Estados Unidos. Nosotros creemos que es posible incidir muy favorablemente, con muy poco dinero en la solución de lo que se llama el rezago educativo, es decir la deserción escolar, el abandono de la escuela, utilizando la televisión y la radio. La gente que en nuestros planes se inscriba y que recibirá su certificado, puede cursar en nueve meses la secundaria. Estoy hablado de un plan científicamente preparado por pedagogos y desde luego ahí los medios de la ciudad realizarán una tarea que no se ha cumplido jamás por los medios de comunicación de servicio público y mucho menos los privados. Hay países del sureste asiático tampoco estamos inventando el hilo negro que han resuelto el problema de la escolarización general de la sociedad utilizando la televisión. En Singapur, por ejemplo, hay dos canales nacionales enteramente dedicados a la escolarización. Una de las razones que explican el salto que dieron los países del sureste asiático en cuanto a competitividad y un muy importante desarrollo económico que nos rebasó en los mismos 25 años en los que nosotros nos íbamos para atrás, fue la educación, la escolarización generalizada, y la consiguieron a través de la televisión y de la radio.
Que impere la ley
Julio Chávez Sánchez
Usted no abusa de espacio alguno, Virgilio. Le reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado este intercambio y le pido considere a etcétera para el desarrollo de éste y otros temas. Entiendo sus invectivas como expresiones menores de un debate encendido pero respetuoso.
Creo que usted coincidirá conmigo en que de este intercambio resalta un hecho irrefutable, y va más allá de las interpretaciones jurídicas que usted y yo hagamos: la autoridad en la materia, o sea la SCT determinó en agosto de 2005 que el Imer es el legítimo permisionario de la 105.7. Si con esa resolución no se está de acuerdo, para eso están las vías legales correspondientes.
Le invito a revisar los hechos siguientes. Según yo, demuestran que, en realidad, el GDF quiere usurpar un bien público que no le corresponde.
Primero. No es cierto que la frecuencia 105.7 pertenecía al DDF como parte de sus bienes que, según usted, debieron asignarse al GDF cuando éste se creó. No. En el documento del 26 de abril de 1983 firmado por Jesús Pérez Vives, entonces director general Relaciones Públicas del DDF se lee:
“… siguiendo las instrucciones del señor Jefe del Departamento del Distrito Federal, C.P. Ramón Aguirre Velázquez, la Dirección General de Relaciones Públicas del Departamento del Distrito Federal ha establecido los trámites correspondientes a efecto de transferir al citado instituto [Mexicano de la Radio] las instalaciones, los recursos y la operación de la estación Radiodifusora XHOF-FM, que ha venido operando hasta la fecha” (cursivas mías). Además, en la multicidada acta de entrega-recepción se establece que el DDF “hace entrega de las instalaciones, los recursos y la operación de la Estación Radiodifusora”.
Es decir, el DDF confirmó con esos escritos que la frecuencia en cuestión dejó de ser parte de su patrimonio. Es bastante claro, ¿no?
Segundo. Virgilio, soy yo quien no lee en algún lado que en esa acta se diga algo así como “se cede (o transfiere) lo anterior pero no la titularidad del permiso…”. Por favor, usted sabe que justamente por esta razón es que el primer director del Imer hizo la solicitud de regularizar la titularidad del permiso, para obtener seguridad jurídica en la operación de la emisora.
Tercero. Por supuesto habría que criticar a los diferentes titulares de la SCT que actuaron con negligencia al no dar curso a ésa y otras solicitudes similares. Y también, claro, a los tres anteriores jefes de gobierno de la ciudad que, como ya había comentado, tampoco hicieron algo para “restituir” la 105.7 a la autoridad capitalina. No hay un testimonio, por ejemplo, de que Andrés Manuel López Obrador haya respondido al tan mencionado exhorto de la Asamblea Legislativa. Nada. Ni un documento, vamos, ni un boletín.
Cuarto. Usted afirma que mi único ejemplo de que la SCT ha dado reconocimiento legal al Imer como titular de la 105.7 fue haber hecho públicos en 2003, a través de su portal, los nombres de los titulares de permisos y concesiones. No dejemos que los exabruptos dominen a la razón. Ese dato es importante, pero no el único, incluso, acuérdese, uno muy importante lo mencioné en mi primer entrega. Lo reitero. El 7 de julio de 1983 (justo un mes después de que se suscribió el acta de entrega-recepción), la Dirección General de Concesiones y Permisos de Telecomunicaciones de la SCT le envía al director general del Imer, Teodoro Rentería Arroyave, un escrito en el que destaca:
“… con motivo de la gestión que realiza ante esta Dependencia para que la estación aludida sea operada por ese Instituto a su digno cargo, de tal manera que dicha operación le permita allegarse recursos financieros para sufragar los gastos implícitos a la explotación de la misma, se le manifiesta que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4, 3, 13, 25 y demás relativos a la Ley Federal de Radio y Televisión, se le autoriza para que continúe con las actividades de la estación y realice operaciones que aseguren la captación de recursos financieros para producir programas culturales y educativos…”. Es decir, la SCT también dio por vista y avalada el acta de entrega-recepción. ¿Quiere más datos? Me quedo con dos: ¿Sabe cuántos oficios de la SCT fueron dirigidos al DDF y luego al GDF para aludir a la frecuencia durante los últimos 25 años? 0 ¿Sabe cuántos oficios hay del DDF y luego del GDF dirigidos a SCT sobre “su” estación? 0.
Quinto. Desde 1983 la SCT le ha dado reconocimiento legal al Imer y efectivamente en 2005 se formalizó la titularidad del permiso a ese instituto. Yo no sé qué quiera decir con eso de “en lo oscurito”. De lo que sí estoy convencido es de que nunca ha habido una conferencia de prensa de la SCT o algún otro evento público para informar sobre la concesión o el permiso de alguna estación. Respecto a que “nunca se informó a nadie”, usted sabe que no es obligación publicar inmediatamente los títulos de permisos y concesiones en el Diario Oficial de la Federación; incluso, Virgilio, recordará un par de casos ilustrativos de esto, son Canal 22, cuya concesión se otorgó el 16 de abril de 1991 y se publicó en el DOF el 30 de marzo de 1999, o el propio Canal 46 que fue otorgado el 17 de noviembre de 2000 y publicada el 10 de marzo de 2006. Creo que los abogados del GDF o sus asesores debieron verificar, con base en la ley de transparencia, la existencia del permiso cuya titularidad, sin duda, corresponde al Imer y luego de ello encausar su estrategia en eso que usted declaró hace poco sobre la posibilidad de pensar en otra frecuencia porque lo importante es que nuestra ciudad cuente con medios de comunicación propios y no despoje al Imer del que le pertenece. Eso es dolo.
Sexto. Dejo al final el esclarecimiento de una confusión suya. Yo no dije que el DDF “cedió” la titularidad de la emisora, lo que escribí en mi primera colaboración fue que y cito textual : “se cedieron las instalaciones de la frecuencia mencionada”. Jamás hablé de la “titularidad” del permiso. En lo que tiene usted razón es al decir que el acta de entrega-recepción no menciona que se “cedieron” las instalaciones, los recursos y la operación de la emisora. En realidad, el verbo que se emplea es “transferir”. Tampoco afirmé “la frecuencia le corresponde al Imer porque el permiso a nombre del DDF se derogó con el decreto de creación del instituto”; cité ese transitorio pero no afirmé lo que usted dice.
