En toda sociedad democrática el ejercicio de la libertad de expresión cumple con una función esencial: que los ciudadanos conozcan y juzguen el quehacer de sus autoridades así como los sucesos relevantes de su entorno que afectan su vida diaria. Es por eso que el ejercicio profesional del periodismo es un bien social en cuya defensa toda la sociedad está interesada.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos ocupados por la tutela de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las víctimas, sin importar que profesión ejerzan. Lo anterior no obsta para que exista un programa especial dedicado a la atención de los agravios en perjuicio de los periodistas, precisamente por la razón ya apuntada: el periodismo es un bien público.
En México, ejercer el periodismo es de alto riesgo. Los agravios, las amenazas y la violencia en perjuicio del gremio han ido en aumento. En todo el sexenio del presidente Vicente Fox se radicaron 275 expedientes de queja en la materia.
En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón se ha alcanzado ya esa cifra de expedientes y se han emitido un total de 20 recomendaciones en la materia. Así también, el número de homicidios de periodistas del 2000 al 2010 suma un total de 64 compañeros fallecidos. El 2009 ha sido el año en que más periodistas asesinados se han reportado: 12. En lo que va del 2010, son ya siete periodistas que desafortunadamente han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.
En lo que se refiere a desapariciones, del 2005 a la fecha son once los profesionales de la comunicación de los que se ignora su paradero.
Sin duda son preocupantes las cifras anteriores, pero lo es más el tema de la impunidad. El Estado tiene la obligación de velar por que se ejerzan a plenitud todos los derechos humanos, entre estos el de la libertad de expresión, pero también tiene la obligación de garantizar la seguridad y la integridad de los periodistas. Y si es el caso que lamentablemente ocurran hechos constitutivos de delito, como pueden ser amenazas, lesiones, intimidaciones, desapariciones e incluso homicidios, el Estado tiene la obligación de investigar y procurar justicia, y en esto, está en deuda con la sociedad.
En el mes de agosto del 2009 el Ombudsman emitió una recomendación general en que se documenta una serie de agravios sufridos por los profesionales de la comunicación, que van desde amenazas hasta la pérdida de la vida; pero, lo más preocupante, se evidencia la terrible impunidad que impera en los tres órdenes de gobierno. De 65 casos que pudieron documentarse, tan sólo 17 culminaron en una consignación ante el juez de la causa; y, lo más grave, de esos 17 casos, sólo en nueve se dictó sentencia condenatoria.
Que bien que nuestro país siga contando con periodistas valientes que, a pesar de los riesgos, siguen ejerciendo su trabajo con profesionalismo. Para ellos, en la Comisión Nacional estamos elaborando guías para la implementación de medidas cautelares, a fin de establecer criterios mínimos que deberán seguir las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de establecer un esquema de protección de cualquier periodista que se vea amenazado por decir públicamente lo que sus investigaciones han arrojado. La idea es que la autoridad no sólo acepte las medidas sino que efectivamente las cumpla. El camino no está hecho, pero en la Comisión Nacional estamos trabajando en construirlo.
Fernando Batista Jiménez
Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
