En un contexto de competencia electoral como el que se avecina en 2012, el debate sobre el uso ilegítimo de la publicidad oficial para avanzar las campañas políticas de quienes intentarán competir por gubernaturas, alcaldías y diputaciones debería estar en el centro del espacio público. Los riesgos que implican la falta de reglas claras en la asignación de publicidad oficial para la libertad de expresión y los constantes abusos que se han hecho de la pauta publicitaria en el pasado tendrían que ser razones suficientes para que las y los legisladores federales discutieran ampliamente un tema que, sin embargo, (a casi todos) les parece poco importante.1
La mayor dificultad para regular la pauta gubernamental es que los incentivos parecen estar al revés: el uso discrecional de la publicidad oficial crea un círculo vicioso que da poder de presión a los gobiernos sobre medios de comunicación que dependen, en buena medida, de recursos públicos para existir. En palabras de Edison Lanza, director del Centro de Acceso a la Información Pública de Uruguay, el problema para regular la publicidad oficial es que ésta significa plata para los medios y poder para los políticos.2
Para conocer quién tiene los incentivos necesarios para empujar una ley general que regule la publicidad oficial se pueden mirar cuáles son las reglas del juego electorales y los beneficios que una ley así tendría tanto para la relación de los medios y el poder, como para la calidad del debate democrático y la relación entre gobernantes y gobernados: ¿qué actores (sobre todo partidos políticos y medios de comunicación) están interesados en que existan reglas claras para la asignación de la pauta?, ¿quién gana y quién pierde si dichas reglas se vuelven claras?
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Para empezar, habría que señalar que desde el año 2002 se han presentado siete iniciativas en el Congreso para regular la publicidad oficial. Todas las iniciativas fueron presentadas por partidos de oposición: PRD, PRI, PT y Nueva Alianza. Sin embargo, dichas iniciativas fueron presentadas en tiempos distintos de acuerdo a las perspectivas de cada partido político: las dos iniciativas del PRI fueron presentadas en 2002 y 2005; la primera del PRD en 2003 y las dos últimas en 2007. La de Nueva Alianza también en 2007 y la del PT en 2009.
La primera pregunta que salta a la vista es ¿por qué, si era un tema de la mayor importancia para la transición democrática, ningún/a legislador/a del partido del gobierno del cambio se interesó por presentar una iniciativa para regularlo? Una primera hipótesis es que los gobiernos en el poder buscan tener el control de los medios de comunicación para asegurarse una prensa dócil y manipulable. Si las reglas para asignar publicidad oficial se formalizan, los gobiernos en turno no pueden presionar a los medios de comunicación para que publiquen o dejen de publicar alguna historia. Sin embargo, también es cierto que los partidos de oposición se comportan diferente ante la posibilidad de regulación: mientras que el PRI presentó dos iniciativas durante el gobierno de Fox, no ha presentado ninguna durante la administración de Calderón. En cambio, el PRD ha sido más consistente al presentar iniciativas en ambos periodos. Una posible explicación a este fenómeno es la percepción que tienen los partidos de ganar las siguientes elecciones: el panorama de las posibilidades que tenían los priistas de regresar a la presidencia era muy distinto en 2005 a lo que es hoy. Esta hipótesis parece confirmarse cuando se observa que a pesar de las opiniones progresistas de algunos y algunas legisladoras federales del PRD, el Distrito Federal sigue sin tener una ley modelo sobre la materia.
Los otros actores interesados en que se regule (o no) la publicidad oficial son los medios de comunicación. Al respecto, existen pocos medios de comunicación de los llamados “grandes” que tratan el tema. Ninguna de las dos principales televisoras (Televisa y TV Azteca) tiene interés en que se regulen recursos que les suponen ganancias multimillonarias. Los periódicos dan un tratamiento desigual al tema, sin embargo, es alentador observar que cada vez hay más notas en todos los periódicos de “circulación nacional” que refieren el asunto. Algo similar ocurre con las estaciones de radio en las que puede escucharse, de vez en vez, algún reportaje o entrevista sobre la importancia de la publicidad oficial. Las notas periodísticas, generalmente, tratan el tema en dos sentidos: muchas de ellas reportan los recursos asignados a publicidad y el escándalo que suponen dichos montos en tiempos de crisis; las otras notas profundizan un poco más sobre la relación entre la publicidad oficial y la censura indirecta o sutil, que consiste en modificaciones a la línea editorial a partir de condicionamientos económicos de las oficinas de comunicación social gubernamentales.
El tercer actor interesado en que se regule la publicidad oficial es (o debería ser) la ciudadanía. Como lo ha argumentado Raúl Trejo Delabre, nos hemos acostumbrado al constante bombardeo de mensajes políticos en los medios de comunicación como algo normal y no lo vemos como la herencia de un régimen de partido único que magnánimamente se comunicaba con la población para ofrecer su cara más amable, práctica que ha sido amplificada durante la transición democrática.3 Así las cosas, la discusión sobre la publicidad oficial seguirá en las plumas de algunos académicos, algunas personas de la sociedad civil y unos pocos legisladores que sí entienden su papel como representantes de la sociedad y son independientes del poder de los medios. Los mexicanos, en esta transformación de súbditos a ciudadanos que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta de que un régimen democrático requiere que estemos informados y que el respeto a nuestro derecho a la información parte de la existencia de medios de comunicación independientes. De otra manera, seguiremos siendo espectadores del show del poder que cada vez se hace más caro y patético, y que se paga con nuestros recursos.
Por último, la necesidad de legislar el artículo 134 Constitucional hace que las autoridades electorales tengan que entrar al debate, sobre todo, a partir de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la ilegalidad de los “encadenamientos” del presidente Calderón y de cara a las elecciones de 2012.4 La sentencia en la que el TEPJF, como máxima instancia para resolver los conflictos electorales, encontró que el Presidente Calderón no cumplió con la ley electoral, empezó a sentar jurisprudencia sobre el uso indebido de la publicidad oficial. Sin embargo, hasta ahora dicho tribunal sólo se ha pronunciado sobre lo que sucede durante las campañas electorales. Sería deseable que el debate se amplíe y se pueda regular la publicidad oficial que se emite todo el tiempo.
La dificultad que tiene una reforma de este tipo es que más allá de la importancia que tienen los medios de comunicación como transmisores de mensajes gubernamentales y críticas periodísticas que requiere conocer la ciudadanía, los medios de comunicación son un negocio. Es por ello que los promotores de las iniciativas en el Congreso de la Unión se cuentan con los dedos y por lo que tampoco los medios de comunicación son sus promotores más entusiastas. Sin embargo, este es un tema de interés público que debe estar en el radar de los políticos y sólo la presión ciudadana puede elevar el costo político del cada vez más lamentable show de la tragicomedia política mexicana. Habrá que estar muy atentos a las discusiones que ocurran en el Congreso de la Unión y en otros espacios públicos: sin una ley general que regule la publicidad oficial, el derecho a ser informados seguirá truncado por la relación enferma entre medios de comunicación y gobiernos.
Notas
1 La urgencia de legislar durante el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión la marca el calendario electoral: según la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que una ley tenga efecto en el proceso electoral de 2012 tiene que ser promulgada y publicada antes del 14 de septiembre de 2011, es decir, 90 días antes de la tercera semana de diciembre de 2011, cuando inician las precampañas para la elección presidencial de 2012.
2 Ver las relatorías del Foro “Publicidad Oficial en América Latina: de la censura a la información” que tuvo lugar el 6 de octubre de 2010 en la Ciudad de México. http://www.fundar.org.mx/pdf/re latoriasmesapublicidad.pdf
3 Revista Zócalo, Extinción de la Publicidad Oficial, Noviembre 2010, Año XI, Núm. 129, disponible (parcialmente) en línea:http://www.revistazocalo.com.mx/index.php?option=com_content& view=article&id=882&Itemid=4 fjustine01
4 El TEPJF resolvió que aunque el presidente violó el artículo 41 de la Constitución por la transmisión en “Cadena Nacional” de mensajes propagandísticos durante campañas electorales, la imputabilidad que le otorga el artículo 108 constitucional impide que sea castigado por delitos distintos a la traición a la patria o delitos del orden común. Ver Sentencia del TEPJF del 25 de agosto de 2010.
