El 31 de mayo de 2007, dos jóvenes a quienes llamaremos Antonio y Misael, por cuestiones de seguridad, salieron de su trabajo a las doce de la noche, en Morelia Michoacán. Irían a la fiesta de una amiga pero antes fueron a comprar cervezas en una tienda clandestina, pues a esa hora ya no se vendía alcohol.
Subieron a la pick up blanca de Antonio. Pusieron música de banda y enfilaron a la colonia Obrera. Compraron cervezas, y cuando se dirigían a la fiesta se equivocaron de calle y entraron a otra donde había un operativo militar. Antonio no escuchó que los soldados les gritaron en varias ocasiones que se detuvieran. Como tampoco veía de lejos no percibió que los uniformados les apuntaban con sus armas.
Una vez detenida la pick up, los insultos y amenazas de los soldados no se hicieron esperar: “¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿De dónde vienen?”, al tiempo que Misael era golpeado con la culata de un AK-47, incluso antes de que lo dejaran bajar de la camioneta.
Al descender les exigieron que se reclinaran frente al cofre de la camioneta. Les abrieron las piernas, los catearon y nuevamente golpearon a Misael. Cuando los militares revisaron el automóvil encontraron diez gramos de marihuana que Antonio había comprado a mediodía y no le había dicho a su amigo.
Además de ellos, en el sitio había otras personas detenidas. Por aquella época el Ejército empezaba a patrullar las calles de Michoacán y otros estados, como parte de la lucha contra el narcotráfico que el expresidente Felipe Calderón abanderó a partir del 11 de diciembre de 2006, días después de asumir su mandato.
Además de los gritos e insultos hacia Antonio y Misael empezaron las acusaciones de tráfico de drogas. Los fotografiaron y ficharon. Les pusieron esposas y los pretendieron trasladar a la 21 Zona Militar para encarcelarlos. Cuando estaban por subirlos a la camioneta que los llevaría, algo sucedió, que, aún no se pueden explicar, pero los dejaron ir.
Misael se había orinado. Cada vez que lo recuerda siente escalofríos. Como hijo de desaparecido político había regresado a su mente el fantasma de la desaparición y la tortura y ni siquiera por algo en lo que estuviera relacionado, pues él no consume drogas.
Esta historia, como muchas otras más, se podrían evitar si en México las drogas estuvieran reguladas. Ante el evidente fracaso que ha provocado la política prohibicionista en el país, con más de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos, desde hace más de una década, Organizaciones No Gubernamentales han hecho propuestas para transformar esta idea de cara a la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU para hablar de las drogas (UNGASS), que se celebrará en abril 2016.
Jorge Javier Romero, especialista en la materia, dice que en este país nunca ha sido delito consumir, sino poseer droga. Hasta ahora sigue siendo un delito poseer cualquier cantidad de sustancias ilícitas de las que están en las listas de la Ley General de Salud, que son, en buena medida, traducción de las listas de los Tratados Internacionales.
Antonio y Misael lograron salvarse. Hoy ya no viven en Michoacán. Por lo que se sabe de ellos tampoco tienen ganas de regresar. De vez en cuando se reúnen para cenar o tomar alguna cerveza. Si bien aquella noche marcó su vida, no suelen hablar mucho del tema.
México: regular las drogas
En un informe de Transform Drug Policy Fundation, llamado “Terminando la guerra contra las drogas: cómo ganar el debate en América Latina”, escrito por Steve Rolles, Lisa Sánchez y Martin Powell, se dice que la prohibición de las drogas tiene su origen en el “Movimiento por la Templanza” de Estados Unidos, que durante el siglo XIX y principios del XX, llevó a la prohibición del alcohol desde 1920 hasta 1932.
“Este experimento fracasó dramáticamente y es bien sabido —en parte debido a las películas de Al Capone— que el régimen fue abolido porque resultaba costoso, contraproducente y generaba significativos daños en términos de salud y delincuencia”, explica el documento.
Tras el fracaso de la prohibición del alcohol, grupos hasta entonces antagónicos —puritanos y estadounidense de ascendencia alemana, italiana e irlandesa y las agencias de gobierno—, coincidieron en que las drogas que utilizaban las minorías raciales eran diferentes e inaceptables, al igual que quienes las consumían. Lo anterior se tradujo en la adopción de actitudes y acciones racistas contra grupos sociales específicos, como los chinos que fumaban opio, los afroamericanos que consumían cocaína y los mexicanos que fumaban marihuana. Tanto estos grupos como las drogas con las que se les asociaba fueron culpados por causar diversos males…”, destaca el informe.
En 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon optó por describir dicha política como “una guerra contra las drogas” —una de las muchas metáforas militares empleadas por sucesivos gobiernos de esa nación—, a fin de crear una retórica beligerante que le ayudara a obtener ventajas políticas a nivel doméstico. Fue una manera de fijar en el público una imagen en la que tanto las drogas como las personas involucradas en su producción, suministro y consumo se erigían como los enemigos número uno de América. Fue así también como se legitimó el uso de medidas extremas que de otro modo hubiera resultado inaceptable, dice el informe de Transform Drug Policy Fundation.
El expresidente Calderón también le declaró la guerra a las drogas y al narcotráfico, dejando a su paso un país militarizado, con más de cien mil muertos y 30 mil desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos como Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) México, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM).
Jorge Javier Romero dice que, en este país es necesario hablarde regulación no de legalización, una regulación no prohibicionista de las sustancias que hoy son ilegales. Se debe modificar sustancialmente la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, pues hay que eliminar la penalización de la posesión de sustancias hasta cierto umbral:
“Hoy en México con las reformas que se hicieron en la época de Calderón, que originalmente propuso Vicente Fox, tener cantidades por debajo de la tabla que establece la Ley General de Salud sigue siendo delito, aunque no se ejerza acción penal; se ha dicho mucho que se despenalizó la posesión, pero no fue plenamente, lo único que se hizo fue eliminar el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público a quien estuviera por debajo del umbral establecido: cinco gramos para marihuana y medio de cocaína, entre otras”.
Lisa Sánchez, coordinadora de política de drogas del Programa para América Latina de Transform Drug Policy Fundation y de México Unido contra la Delincuencia, explica que legalizar es un acontecimiento. Es el momento en el que el estatus legal de una sustancia cambia de estar prohibida a permitida. La legalización como tal no es una opción de política pública:
“Nosotros no hablamos de legalización, hablamos de regulación legal, porque una vez que legalizaste y cambiaste ese estatus jurídico, lo que empieza es una serie de regulaciones con todo el proceso productivo y la cadena, desde que se siembra y se produce hasta que el usuario final la utiliza o la adquiere. La regulación son todos los controles que se ponen: jurídicos, normativos, incluso culturales de cómo se pueden regular y controlar la distribución, la producción, el empaquetamiento, el consumo como tal de cualquier sustancia una vez que pasó de estar prohibida a estar permitida”.
Ricardo Sala, director ejecutivo del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), coincide con los planteamientos antedichos:
“Regularlo desde el lado de la salud para que el acceso este más controlado y la oferta en los mercados sea manejable y nos indique quién está comprando, dónde, cuánto y cómo. Además, para arrebatarle un negocio lucrativo al crimen organizado. Probablemente el más lucrativo en México dado que atiende, de paso, el tránsito de la droga al principal consumidor del mundo: el de Estados Unidos”.
Según el informe “Terminando la guerra contra las drogas: cómo ganar el debate en América Latina”, de Transform Drug Policy Fundation la evolución de la política de drogas en el mundo empezó a cambiar rápidamente de 2008 a la fecha, cuando la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reconoció que la guerra contra las sustancias ilegales ha generado consecuencias negativas no previstas. Además, porque años más tarde, en 2011, los presidentes de Colombia, Guatemala y México pidieron debatir alternativas a la guerra contra las drogas y sugirieron explorar la regulación legal como opción, en un llamado que fue apoyado por los presidentes de Costa Rica y El Salvador.
En 2012, los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos, votaron por la regulación legal de la producción, suministro y consumo de marihuana para uso recreativo. El número de entidades en ese país que han despenalizado la posesión de Cannabis aumentó a 17, y 20 cuentan con dispensarios de marihuana medicinal, dice el documento.
Sánchez comenta sobre las expectativas que tiene el gobierno mexicano si se regula la marihuana en una de las entidades que más relación tiene con México:
“La legalización de la marihuana en California sucederá en noviembre de 2016 y forzará a la administración de Enrique Peña Nieto a hacer algo, porque le van a quedar dos años de gobierno. Barak Obama se va a ir de la presidencia estadounidense una vez que quede legalizado el Cannabis en esa entidad, pero a Peña Nieto le tocará hacerse cargo del tema”.
Posturas en favor y en contra
En el informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, llamado “Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma”, —hecho por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México, e integrada por 17 intelectuales independientes—, se explica que es imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos y las ventajas y los límites de la reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como la escasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo:
“Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los carteles de la droga y la disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y el área Andina”, destaca el documento.
“México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividad violenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos al gobierno en su lucha contra los cárteles de drogas que han reemplazado a los traficantes colombianos como los que introducen la mayor cantidad de narcóticos en el mercado de Estados Unidos… México tiene el derecho de pedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la reducción del consumo. La traumática experiencia colombiana sin duda es una referencia para que se evite el error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y se encuentren alternativas innovadoras”, dice el informe.
El documento, creado en 2009, también asegura que su enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconoce que éstas provocan daños a las personas y a la sociedad:
“Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes”.
“Terminando la guerra contra las drogas: cómo ganar el debate en América Latina”, reconoce que las políticas prohibicionistas contemplan que la gente no consuma drogas y evita que las produzcan, trafiquen y distribuyan. Asimismo, destaca que la meta debe ser desligar a todas las personas del consumo de drogas ilegales. Además asegura:
“Las instituciones estatales en América Latina son demasiado débiles para regular adecuadamente las drogas, y ésta supondría que los cárteles harían cosas peores en lugar de traficar drogas. La regulación legal equivaldría a dar un peligroso salto al vacío”.
Por el contrario, al delinear los beneficios de la regulación, el informe explica que el régimen internacional de fiscalización de drogas tiene escaso efecto disuasivo. Los niveles de consumo son mayormente determinados por factores culturales y sociales y el consumo problemático se determina por la desigualdad y un escaso bienestar. También destaca:
“La mayor parte del consumo de drogas no es problemático, así como la gran mayoría de personas que beben alcohol no son alcohólicas. La proporción más grande de personas que usan drogas no son adictas”.
Transform Drug Policy Fundation afirma que la regulación legal contribuiría a eliminar una de las áreas de oportunidad más importantes para el crimen organizado, restándole poder a los cárteles. De hecho, estos grupos ya están involucrados en otras actividades criminales:
“Actualmente regulamos con éxito muchas actividades y sustancias riesgosas. Es posible aprender de otros casos, así como de otros países que han regulado distintos aspectos del mercado de distintas sustancias”.
La regulación legal, explica “Terminando la guerra contra las drogas…” significa que el Estado retoma la posibilidad de decidir quién vende, cómo, cuándo, a quién y cuánto, así como podrá impedir la publicidad de la droga y determinará sus precios.
Dónde está México
El 7 de mayo pasado, durante el panel de alto nivel rumbo a la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para hablar de las drogas (UNGASS) que se realizará en 2016, a petición de los gobiernos de México, Colombia y Guatemala, la postura de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación del país, fue conservadora, respecto a la de funcionarios como Yesid Reyes, ministro de Justicia de Colombia, por ejemplo.
Reyes propuso 12 puntos, como prioritarios a debatir y aprobar, entre los que se destacan:
“Armonizar las políticas con todos los compromisos de derechos humanos y la eliminación de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, así como medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con sustancias ilícitas”, el ex gobernador de Hidalgo habló de la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia e integra: “Los avances en el problema mundial de las drogas son aún insuficientes. Reconocemos las implicaciones globales de nuestras decisiones locales, y la necesidad de actuar mediante instituciones y estrategias multilaterales”.
Lisa Sánchez explica que hoy el debate de las drogas en México, comparado con lo que pasaba hace cinco años ha avanzado mucho. Existe una profesionalización de sociedad civil, una opinión publicada que empieza a estar en su mayoría en favor de la regulación y a entender los impactos que esto tiene en seguridad, desarrollo y economía; también en las diferencias que hay entre las políticas de drogas estadounidense y mexicana. El debate está mucho más inclinado a reformar las leyes en torno al tema.
“Ya se empiezan a ver mal aquellas personas que te dicen que las drogas hay que prohibirlas. De pronto empiezan a estar del lado incorrecto de la historia. Se ven anacrónicas, no se han informado nada y no entienden lo que pasa alrededor del mundo. Esto es un gran avance, así avanzan todas las grandes causas sociales”, comenta.
Incluso, dice Romero, la mayor parte de los gobiernos occidentales se han dado cuenta que la política prohibicionista resultó contraproducente; que ha sido un desastre absoluto. En Colombia empezó a notarse esto y después en México también se hizo claro que la prohibición lo que hace es elevar los precios de las sustancias, por lo tanto, se elevan los incentivos de las organizaciones criminales para dedicarlas a su comercio:
“Es una paradoja, entre más restricción hay, más incentivos hay para que sean las organizaciones criminales las que se dediquen a ese comercio por que el asunto es que existe una demanda estable. Las pretendidas políticas de restricción de la oferta que aumentaran el precio para dividir la demanda fracasaron”.
“Otro fenómeno que ha provocado las políticas prohibicionistas es que las organizaciones productoras de drogas no compensan sus pérdidas por las incautaciones aumentando el precio, sino aumentando la producción y, entonces, es un cuento de nunca acabar entre los incentivos del mercado clandestino que son lo suficientemente fuertes como para que siempre exista alguna organización que quiera sacar ventaja de ese mercado clandestino”, explica.
Esto hace que existan organizaciones dispuestas a retar al Estado para mantener ese comercio. Cuando existen Estados relativamente débiles, como los latinoamericanos, por supuesto que acaba siendo un desastre absoluto; y ya se dieron cuenta todos los estados que no es una casualidad que sean tantos los expresidentes latinoamericanos que están llamando a un cambio, una reforma, menciona el profesor del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.
Sánchez dice que México pertenece a un grupo de países que están en favor de la regulación. Está en un sector reformista dentro de América Latina que se compone por países como Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Jamaica, Costa Rica, y en ciertos sentidos Brasil y Argentina, los cuales se sumaron recientemente.
“Este bloque de países entiende que tenemos un problema de sobre población carcelaria, de criminalización de los eslabones más débiles de cadena de tráfico, de rompimiento del tejido social, de violencia y que como tal se debe hacer algo al respecto. Dentro de ese grupo hay quienes son mucho más progresistas, como Uruguay y Ecuador, y los más moderados, además de otros que llegan desde un lado conservador, pero que están abiertos a abrir el debate: Argentina y Brasil, por ejemplo, quienes se encuentran preocupados por el tema de consumo, porque ellos tienen niveles de consumo más altos que México, y por lo tanto sienten que abrir un debate hacia la regulación tendría riesgos”, argumenta.
En el medio están México y Colombia. Colombia un poco más adelante que México, porque ellos sí están implementando ciertas reformas localmente. Ellos sí establecieron una Comisión de Revisión de Política de Drogas, que ya dictaminó y dio conclusiones; acaban de suspender la aspersión aérea con glifosato; presentaron un informe de alternativas al encarcelamiento para reformar sus leyes y dejar de criminalizar a los usuarios y tienen marcos jurídicos más permisibles. En Colombia puedes poseer hasta siete plantas de Cannabis para el consumo personal; tienes umbrales de posesión más altos que los que se permiten en México y otro tipo de intervenciones y reducción de riesgos y daños que se dan en Bogotá, por ejemplo. Para unirse al bloque de países progresistas, México debe empezar a hacer reformas al interior del país, destaca la especialista.
En términos de debate el país está muy bien, pero en cuanto a impulsar reformas, México está muy mal:
“Ahí es donde se nos complica la cosa: debatimos, lo pensamos, producimos: si revisas la prensa cualquier día del año encontrarás ya no sólo al periodista perdido que le interesa el tema y quiere hacer algo, sino líneas editoriales duras, como la de The Economist, The New York Times, The Washington Post, que manejan este tema de manera sostenida y lo entienden. A México lo que le falta es dar ese paso del cambio legislativo y político, y atreverse a hacer las cosas de manera diferente. México es muy bocal”, explica la coordinadora de Política de Drogas del Programa para América Latina de Transform Drugs Policy Fundation y México Unido Contra la Delincuencia.
“Es un líder regional en el tema drogas a nivel de discusión internacional. Cuando estamos hablando de las sesiones especiales de Naciones Unidas, de los debates en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la comunidad de Estados Latinoamericanos, México es un gran líder, entiende que el problema tiene una dimensión económica y social, que genera violencia y que por lo tanto hay que repensarlo, pero como localmente este es un tema que polariza mucho y no tiene ganancia electoral, el presidente ha mantenido la línea dura de decir: ‘México no está a favor de la legalización’, y por lo tanto el debate se estanca. El presidente ha dicho específicamente que no está a favor de este tema. México estará obligado a hacer cambios por el avance sostenido de la legalización de marihuana en Estados Unidos”, apunta.
¿Qué camino seguir?
Para los tres especialistas, el gobierno de México no tiene muchas opciones. Sigue con la política prohibicionista, y conlas consecuencias que esto le ha traído, o regula el mercado de las drogas y da un golpe sobre la mesa para apoderarse del negocio.
Según Lisa Sánchez, de cara a la UNGASS 2016, el país puede modificar los artículos 374 y 373 de la Ley de Salud sobre los rangos de la tabla de la ley de narcomenudeo; también empezar a hacer reformas del tipo ecuatoriano en el Sistema de Justicia Penal para, reformar los procesos de encarcelación por posesión simple por ejemplo. En México hay un gran número de personas detenidas por posesión simple de Cannabis. No fueron encarcelados por un delito violento y cumplen penas de varios años causando sobre población carcelaria, gasto y generando una criminalización innecesaria; también se pueden hacer intervenciones más progresistas en materia de salud.
“Otra oportunidad de regulación sería el trabajo con médicos. Justo, saliéndose de la marihuana, México hace sus estimaciones derivadas del opio, y cada año le quedan una cantidad de esos medicamentos que los doctores no se atreven a recetar, porque hay un proceso burocrático para hacerlo, que puede provocar que las autoridades los hostiguen. Además hay que ver hacia dónde se dirige la política de regulación en Estados Unidos, y si podemos encontrarle un mejor uso a los plantíos que tenemos en varios estados. Nos va a costar mucho, sobre todo, convencer a la opinión pública de que la información que les han dado no es necesariamente cierta, y que este es un fenómeno muy complejo y que va más allá de decir si las drogas son buenas o malas”, explica.
Si bien se ha avanzado en la materia, explica Romero, el gobierno no regulará las drogas pronto:
“Son unos timoratos. Saben que la guerra ya fracasó, pero como son unos timoratos, faltos de ideas y de iniciativa van temerosos a ver que les dice Estados Unidos y depende cómo soplen los vientos en UNGASS 2016, decidirán. Harán el ridículo porque México es de los países que convocaron a esa reunión, y hoy no tiene una alternativa pero no la tiene porque no tienen idea del tema”.
De seguirse regulando distintas drogas en diversas entidades de Estados Unidos, México estaría obligado a reaccionar:
“Lo cierto es que más de la mitad de los estados de Estado Unidos tienen legalizado el Cannabis medicinal, cinco con Cannabis recreativos, y nueve más en espera para la elección de 2016. Esto es cuestión de tiempo lineal para que cambie de manera definitiva bajo la presidencia del siguiente presidente o presidenta de Estados Unidos. Si eso cambia a nivel federal en aquella nación, lo que vamos a ver por parte del gobierno mexicano es una respuesta. No puedes compartir esa frontera, con ese país, con ese mercado y obligar a tu sociedad a poner los muertos de este lado, para una actividad que va a ser completamente legal del otro lado”, dice Sánchez.
