Uno de los retos de la televisión de servicio público es la digitalización de sus sistemas de gestión, almacenamiento, producción y transmisión de sus contenidos. No se conocen públicamente estudios o investigaciones que precisen cuáles son los avances de la digitalización en las 276 emisoras permisionadas (sin fines de lucro) de televisión en el país, pero con toda seguridad, en caso de existir, los resultados no serían positivos por lo que ya conocemos: falta de recursos, así como de planeación y continuidad en sus programas de trabajo por estar sujetos a los cambios de gobierno cada seis años y a los no poco frecuentes caprichos de sus directivos.
De cualquier manera, las televisoras de servicio público están obligadas a llevar a cabo transmisiones digitales a partir del 1 de enero de 2010. El acuerdo de política de televisión digital terrestre, publicado en julio de 2004, establece que desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2012 deberá existir “presencia de las señales digitales no comerciales en zonas de cobertura de un millón y medio de habitantes en adelante”.
Esto significa que entre 2010 y 2012 los canales 22, del CONACULTA, y 11, del Instituto Politécnico Nacional, deberán iniciar sus transmisiones digitales en la capital del país. Lo mismo deberá ocurrir, por ejemplo, con los sistemas de televisión de los gobiernos de Jalisco (Sistema Jalisciense de Radio y Televisión) y Nuevo León (TV Nuevo León) en Guadalajara y Monterrey, respectivamente, y con otras televisoras de servicio público en ciudades que, como se dijo, tengan más de un millón y medio de habitantes.
Con base en el acuerdo, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, deberá existir una “presencia de las señales digitales no comerciales en zonas de cobertura de un millón de habitantes en adelante”. Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, esta presencia será en zonas de cobertura de 500 mil habitantes en adelante, y del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, ya deberá existir una réplica digital de todos los canales, tanto comerciales como no comerciales.
Las permisionarias, al igual que las concesionarias, deben solicitar “el refrendo correspondiente y manifestar sus compromisos con la transición” a la televisión digital terrestre, “antes del inicio en el que corresponda contar con señales digitales”. Las concesionarias o permisionarias que “no estén en condiciones de manifestar sus compromisos para transitar a la televisión digital terrestre, podrán continuar sólo con sus transmisiones analógicas”, pero sus refrendos “no podrá exceder el primer año del periodo en el que corresponda contar con señales digitales”. Es decir, todas las televisoras deberán llevar a cabo sus transmisiones digitales, de lo contrario no podrán obtener sus refrendos hasta 2021, lo cual implicaría su desaparición.
¿Qué televisoras de servicio público podrán cumplir con los tiempos establecidos en el acuerdo? ¿Se están gestionando desde ahora los recursos necesarios para esa transición analógico-digital y lo que implica en adquisición de equipos de producción y transmisores? En caso de que así fuera, ¿hay alguna planeación o proyecto sobre los contenidos a desarrollar aprovechando las bondades de la digitalización? Aunque se trata de un tema fundamental para el futuro de la televisión de servicio público, hay ahora más dudas que certezas e información en este terreno.
Una oportunidad
Ahora se aprecian más indefiniciones, pero es indudable que la digitalización representa una oportunidad en la televisión de servicio público para diversificar sus contenidos y ofrecer una serie de aplicaciones interactivas de carácter educativo, cultural o con fines sociales. El estándar estadounidense ATSC (Advanced Television System Committee, por sus siglas en inglés), elegido por el gobierno de México (con el aval de Televisa, Televisión
Azteca y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, esta última entonces encabezada por Julio Di-Bella), ofrece, pese a sus limitaciones técnicas, una serie de servicios como televisión de alta definición, sistema multicanal (dos o tres canales adicionales utilizando el mismo segmento de banda) con calidad digital estándar y transmisión de datos.
Entre los servicios de transmisión de datos se encuentran mensajes de alerta temprana y de preparación en caso de emergencia, herramientas de comunicación para personas con discapacidad, descarga de contenidos multimedia, informes de clima y tráfico, noticias y televisión interactiva. Según Robert Graves, directivo de la ATSC, esto permite el desarrollo, por ejemplo, de la educación a distancia, contenidos interactivos para niños y capacitación especializada para profesores y adultos. La ATSC asegura también que su estándar implica el acceso de datos a través de infraestructura de banda ancha y la entrega de contenidos de Internet a la población que no posee computadoras pero sí monitores de televisión digitales a través de los cuales puede proveerse el servicio. Esto, en opinión de ATSC, podría disminuir la brecha digital en naciones con infraestructura deficiente en el sector de las telecomunicaciones (véanse los comunicados de la ATSC disponibles en su sitio Web: www.atsc.org).
Las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuevos servicios de carácter social, cultural y educativo en las televisoras de servicio público tiene expectativas favorables, al menos en el ámbito tecnológico. Incluso podrían fomentar la pluralidad al habilitar la opción “multicanal” en sus canales asignados, lo cual les permitiría utilizar para sí algunos canales y otros ponerlos a disposición de otros operadores, tal como sucede en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, la WETA-TV, la emisora pública en Washington, DC, ofrece un programa en alta definición o HD y tres programas (subcanales) en calidad digital estándar o SD las 24 horas por día, los siete días de la semana. Estos cuatro programas se transmiten en un solo canal de seis megahertz. Este ancho de banda, los seis megahertz, es el asignado a todo canal de televisión analógico, pero por no estar digitalizado sólo puede transmitir una sola señal de video y audio asociado.
La WETA no comparte sus subcanales ni tampoco lo tiene permitido en Estados Unidos; sin embargo, la regulación puede ir en un sentido contrario si así lo establece la autoridad en cualquier otro país. Se trata, pues, de una decisión político-económica, más que de carácter técnico.
Una encrucijada
La Ley Televisa no autorizaba que las permisionadas ofrecieran servicios asociados de telecomunicaciones, como podrían ser algunos de los descritos (Internet, entre ellos). Esta prerrogativa sólo era para las emisoras concesionadas o comerciales. Al tirar la Suprema Corte de Justicia el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual consideraba la prestación en condiciones excepcionales de dichos servicios asociados, los concesionarios y permisionarios se tendrán que sujetar a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones según lo dispuesto en el acuerdo de política de televisión digital; es decir, tendrán que solicitar una concesión para operar los servicios adicionales de telecomunicaciones (sobre las diferencias de este concepto y el de servicios asociados a la televisión, véase nuestro artículo “¿Se acabó la convergencia?”, publicado en etcétera, mayo 2007).
Las televisoras de servicio público se encuentran en la encrucijada de su modernización, que sólo podrían superar en mejores condiciones, si el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal toman cartas en el asunto. La garantía de recursos para la digitalización, la capacitación de sus empleados para la adecuada utilización de los equipos, la preservación y digitalización de sus acervos audiovisuales, la imprescindible necesidad de mejorar la calidad de sus producciones, el desarrollo de una nueva oferta para alimentar los nuevos subcanales, la posibilidad de obtener recursos por la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones y la explotación (entre ellos la renta) de subcanales, son tan sólo algunos de los temas que deberán incorporarse en el nuevo marco jurídico de la televisión.
Ante los acelerados cambios producidos por la digitalización y la convergencia tecnológica con sus consecuentes modificaciones en los hábitos de consumo de la población, principalmente en las grandes ciudades, hacia las “antiguas” y “nuevas tecnologías”, el tiempo para la televisión de servicio público se agota con la misma rapidez. Estamos en un momento clave de definiciones.
