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| Ilustración: William Anderson |
Acosadas por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, desmanteladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, apenas reconocidas en su derecho a comunicar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, las radiodifusoras comunitarias buscan otra vez su definitivo reconocimiento en la nueva Ley Federal de Radio y Televisión.
En el pasado, el asunto de las concesiones y permisos estuvo reservado a sólo dos interlocutores: los empresarios y el gobierno.
Bajo el régimen de partido único y aun en los tiempos de la alternancia no se reconoce a los ciudadanos como sujetos del derecho a comunicar por medios propios, lo que limita indebidamente nuestra libertad de expresión.
Tanto la ley de 1960 como su frustrada reforma en 2006, la Ley Televisa, pretendían propiciar una mayor concentración de frecuencias de radio y televisión en sólo dos cadenas, limitando a los medios públicos y excluyendo como siempre a los medios ciudadanos o comunitarios.
Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia revirtió esa tendencia, al descubrir que con la ayuda de legisladores y del entonces presidente Vicente Fox, las televisoras querían colocar a la libertad de empresa sobre la libertad de expresión, una vez analizada la demanda de inconstitucionalidad formulada por 47 ex senadores.
Como ya se ha dicho, no puede haber reforma de Estado, si no hay una reforma a fondo en materia de medios electrónicos.
No basta una tercera cadena. Se debe ir a fondo para reconocer a un tercer sector en la comunicación. Medios ciudadanos o comunitarios, distintos a los públicos y privados, en régimen especial.
Por su naturaleza, los medios comerciales operan bajo esquemas de alta rentabilidad económica pero con escasa oferta social y cultural.
El peso específico de la radio y la televisión privadas ha llevado a sus dueños a convertirse en jueces de todo y de todos, incidiendo cada vez más en los asuntos de orden político, mostrando además actitudes de chantaje, intimidación y soberbia, que deben tener límites y sanciones en la nueva ley.
Del mismo modo, los llamados medios públicos salvo excepciones deben reorientarse y dejar de ser instrumentos al servicio de gobernantes y funcionarios, para hacerlos más eficientes y transparentes, con órganos de dirección ciudadanizados.
No basta dotarlos de mejores esquemas de financiamiento y garantías para su digitalización. La nueva ley en la materia debe procurar un mayor profesionalismo de los mismos, con apertura, códigos de ética y visión de Estado. En suma, medios con más sociedad y menos gobierno.
En cuanto a los medios ciudadanos o comunitarios, hay que comenzar por definir su concepto, alcance y trascendencia, sin ponerles candados por razones de número, potencia o ubicación geográfica y permitiendo además su presencia en el ramo de la televisión.
La lógica de estos medios se aparta por completo del ánimo de lucro económico o político, pues su filosofía, valores y principios tienen que ver más con la construcción de ciudadanía sinónimo de empoderamiento y una oferta de contenidos de carácter social y cultural, que enganchan el proyecto con los oyentes para hacerlo sostenible.
No caben en el concepto de medios comunitarios expresiones ligadas a partidos políticos, ni simulaciones de otra naturaleza que desvirtúen el trabajo serio y responsable del tercer sector en el ámbito de la comunicación.
Algunos se cuelgan del nombre de las comunitarias, para buscar cobijo y hasta protección, pero en realidad sus propósitos son de orden comercial o político partidarios. Pero son las menos.
Otra cosa distinta son los medios libres, que argumentan no necesitar el permiso del Estado para ejercer su propio derecho a comunicar, y por esa vía operan ya más de mil estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Este movimiento es heterogéneo, sin vínculos fuertes y por lo mismo vulnerable a los operativos de la SCT, pero cuyo discurso es pretexto ideal de la CIRT para satanizarnos a todos bajo el argumento de que somos estaciones “piratas, ilegales, subversivas, o ligadas al narcotráfico”.
El concepto de medios comunitarios no excluye a nadie. Por el contrario abre paso a expresiones ciudadanas auténticas en el nivel local y regional, tanto en comunidades rurales, urbanas e indígenas, y además con posibilidades reales de operar no sólo estaciones de radio sino también de televisión.
Estos medios, sin embargo, deben ser rigurosos para operar bajo norma. Su programación debe partir de los gustos e intereses de la colectividad, asumiendo el compromiso de informar, entretener, educar, promover y preservar su propia cultura e identidad.
Un esquema de autofinanciamiento con especial acento en las donaciones locales y regionales, les dará plena independencia y autonomía, para no arriesgarse a ningún tipo de condicionamiento comercial o gubernamental y menos de carácter externo.
Estos medios ganan las tres “c” no las del presidente Calderón cuando rinden cuentas de cara la comunidad. Contar pesos y centavos periódicamente da a los medios comunitarios: credibilidad, confianza y cariño de sus oyentes.
A los medios comunitarios no se les puede arrinconar en el régimen de permisos, pues su naturaleza es distinta a la de los medios públicos, además de que al no recibir presupuesto oficial, tampoco pueden cancelar su acceso a formas de financiamiento que los lleven a transitar de la tecnología analógica a la digital.
Los grandes medios, tanto públicos como privados, no se ocupan nunca de lo local o lo regional.
Si acaso una comunidad pequeña, perdida en la sierra o el desierto, aparece alguna vez en la pantalla de la televisión o se le menciona en los noticieros radiofónicos en cadena nacional, no será por su cultura o sus tradiciones, sino porque es la nota roja del día.
En cambio, los medios comunitarios se mueven en otra lógica. Recrean la vida cotidiana, hablan su propio lenguaje, difunden su propia música, transmiten el olor, color y sabor de sus fiestas patronales y comunitarias.
Además, promueven la defensa de sus recursos naturales. Debaten los temas de la equidad de género. Promueven la democratización de la vida pública.
Combaten todas las formas de corrupción y son baluartes de la paz y la solidaridad internacional. Entre otras muchas cosas.
Por eso, la del reconocimiento de los medios comunitarios sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda legislativa.
No se ha trabajado en el periodo reciente en el diseño de políticas públicas que atiendan este reclamo histórico, para que en definitiva nuestra legislación se ajuste a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Por el contrario, desde los años 80’s y aún en la reciente alusión presidencial en la semana de la CIRT, el discurso, las posturas y la práctica apuntan a una regresión, empecinándose otra vez en anular el derecho a comunicar desde las agrupaciones civiles y colectivos.
Preocupan esas señales que quisieran volver al viejo régimen de la discrecionalidad, para favorecer la libertad de empresa de 12 familias en detrimento de la libertad de expresión que le asiste a más de 100 millones de mexicanos.
Urgen las definiciones de cara a la nación, de parte de los legisladores y sobre todo del titular del poder Ejecutivo, una vez que los ministros de la SCJN les devolvieron el balón a su cancha.
