Para definir lo que pasó en abril sobre las expectativas de reformar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, optamos por la quinta acepción que el diccionario de la Real Academia hace del término farsa: se trató de una trama montada para aparentar y sus promotores fueron el gobierno federal y el PAN, y ésta, por supuesto, no habría tenido efecto sin quienes les creyeron.
Seguro hay intersticios que ayudan a explicar lo que pasó y cómo es que del dicho al hecho nada quedó. Entre esos vericuetos, por ejemplo, tal vez se hallen desaveniencias internas en la élite del poder que al final resolvió el Ejecutivo, contra la iniciativa que el PAN presentó al unísono, el 8 de abril, en las cámaras de Diputados y Senadores, y que entonces mereció el saludo del secretario de Gobernación. En todo caso, quienes participaron de ello están obligados a decir qué ocurrió para corresponder con la transparencia que exigen a los otros. Recordemos que, el 15 de abril, el diputado Javier Corral afirmó que había coincidencias con el PRD y que el trabajo legislativo, en los próximos días, construiría una iniciativa de consenso. El punto es que hasta ahora no sabemos siquiera cuáles son las coincidencias, si es que las hubo, ni por qué no desembocaron en los resultados que muchos aplaudieron de antemano.
Según nosotros, el gobierno federal no capituló un compromiso del que, además, no ha dado testimonio durante su administración, y menos para impulsar una propuesta que no era suya. En realidad, engañó, y lo hizo mediante un amago con el que busca abrir paso a sus expectativas electorales a través del trato de los medios de comunicación a las campañas que se desarrollan ahora mismo en distintas regiones del país. En esta ruta es probable, incluso, que en las próximas semanas el Ejecutivo anuncie medidas que favorezcan a los empresarios del ramo. (Por lo pronto, mediante un decreto, el 31 de marzo, ordenó que se creara el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales que tendrá, entre otras tareas, la de “informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales”).
Dentro de este saldo de reiterada frustración vemos, sin embargo, algunos visos desde los cuales podría encararse la causa reformadora. Por ejemplo: nunca como esta vez había sido tan clara la necesidad de readecuar el marco normativo de la industria para abrir paso a la competencia en el mercado y para afianzar el papel tutelar del Estado al respecto. Para tal efecto los empresarios buscan certidumbre jurídica, y tienen razón, en lugar de ser sujetos de las decisiones discrecionales del Presidente; no hay otra vía para incentivar la inversión económica, ampliar la oferta de contenidos y mejorar los servicios. Con reconocimientos como éste se ponen en la mesa los intereses y se plantean las salidas que los concilien, atenuen o subviertan según sea el caso, mediante el eje de la rectoría del Estado. Además, así podría diluirse esa otra tramoya que erige bloques entre “buenos y malos” en donde los buenos, por supuesto, se hallan de “este lado” y “los malos” son un puñado de empresarios que no ven por el país o son un grupo que está confundido y come dulces envenenados si no es que ya cedió a los principios y tiene boleto con alguna empresa poderosa.
Otro aliciente surge de lo anterior: si algo dio muestras de agotamiento es el debate chatarra que se genera cuando se expresan definiciones de reforma. Ahí está la grotesca postura de la CIRT, por ejemplo, lo mismo cuando acusó al senador Carlos Sotelo de ser enviado del “chavismo”, que al descalificar la propuesta del PAN con espantajos y no con argumentos. Ese tipo de desplantes, como sabemos, no fueron privativos de aquella Cámara, por lo que vale la pena subrayar en la necesidad de que, dentro de los próximos meses, se impulse un debate incluyente que, entre otras motivaciones, resulte de la autocrítica entre los que desde hace varias décadas impulsamos la reforma legal de los medios de comunicación.
Quizá la más importante enseñanza sea que no debemos buscar un momento fundacional de las cosas enarbolando la “reforma integral” a la que, además, se piensa incuestionable para los otros. En esa ruta, es inoperante la mira de ajustar cuentas de una vez por todas con el “enemigo de la causa”. Lo decimos cuantas veces sea necesario: la reforma es incluyente y entonces pactada o simplemente no será posible y esto, al menos a nosotros, nos remite a pasos graduales, incipientes tal vez, pero firmes y consistentes. La reforma electoral, por ejemplo, no se hizo en un solo día, es resultado de esfuerzos paulatinos y sistemáticos, y nos refirimos a uno de los cambios de gran calado que se han dado en el país desde las últimas cuatro décadas. Pretender el “todo o nada” resulta, generalmente, en perder todo, por nada; por eso hay que exigir que los senadores y los diputados hagan su labor, no que tomen dictado de lo que se les ordena ni desde las poderosas empresas ni desde la (mal) llamada sociedad civil.
La reforma de los medios es una causa entrañable y desde aquí, con esos planteamientos, la seguiremos impulsando.
