Grupo Salinas calificó como arbitraria e ilegal la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al cual acusó de actuar por motivaciones políticas al negar un recurso de amparo a Grupo Elektra el cual, asegura, estaba sólidamente fundado.
En un comunicado, el consorcio responsabilizó al tribunal de ignorar pruebas documentales, distorsionar el marco legal y excluir deliberadamente elementos que la ley permite, tal y como lo hizo con anterioridad el Décimo Tribunal Colegiado, con lo que se evidencia que siguen un mismo patrón que obedece a consignas políticas. Advirtió que este tipo de decisiones sientan un precedente para avalar la extorsión fiscal.
“Esto confirma lo que ya hemos advertido: no se trata de decisiones aisladas, sino de una justicia alineada y que responde a un proyecto política, como consecuencia directa de la reciente farsa electoral judicial. Así, lejos de ejercer como contrapeso, el Poder Judicial comienza a institucionalizar la extorsión fiscal desde sus propias salas, vulnerando en lugar de proteger los derechos de los contribuyentes”, se lee en el pronunciamiento.
Entre los argumentos de Grupo Salinas, destaca que el tribunal desestimó pérdidas fiscales que son reconocidas en la ley, además de exigir requisitos no establecidos en la normatividad vigente, además de rechazar como elementos de prueba contratos mercantiles y estados de cuenta. Insistió en que no se hizo una valoración jurídica sino política del caso.
Tras calificar la sentencia como un nuevo atropello, el grupo empresarial advirtió que continuará con su defesa legal y de ser necesario, recurrirá al máximo tribunal para solicitar una revisión constitucional de esta resolución.
“Ni la aplanadora oficial –impulsada desde el Poder Ejecutivo – y ahora lamentablemente respaldada por el Judicial- ni nadie nos doblegarán”, concluye el boletín.
En la resolución del Segundo Tribunal Colegiado, se determina que Grupo Elektra debe cubrir un adeudo fiscal cercano a los 2 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al año fiscal 2010.
Durante la discusión del caso, los integrantes de esta instancia rechazaron la petición de Grupo Salinas de que el expediente fuera turnado a otro tribunal al argumentar falta de imparcialidad de los magistrados. La solicitud fue considerada improcedente por el órgano jurisdiccional.
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