Tras tres años de ejercer un poder sin precedentes para una funcionaria de su área, en febrero pasado, Gina Domínguez Colío fue relevada como titular de Comunicación Social del gobierno de Veracruz. La causa: el escándalo mediático generado por el secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz que provocó una protesta internacional por la ausencia de condiciones para ejercer con libertad el periodismo en territorio veracruzano.
En su lugar fue nombrado Alberto Silva Ramos, un político con nula experiencia en temas de comunicación, formado a la vera del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y que, como éste, piensa que el manejo de medios se reduce a repartir dinero entre directivos, columnistas con los que “simpatiza” y reporteros que “se portan bien” para que difundan como propia la información que les boletinan.
No solo eso. A los periodistas que no se subieron a la carreta de los “nuevos tiempos” que su llegada al cargo habría supuesto, los manda atacar a través de lastimosos personeros que, con tal de seguir lamiendo los restos de la cazuela de los cochupos, publican calumnias, chismes y hasta se atreven a meterse en su vida personal y familiar.
Pero Silva Ramos prefiere entretenerse en eso y en protagonizar sainetes en redes sociales con quienes cuestionan a Javier Duarte de Ochoa, pues piensa que así, demostrando una supuesta lealtad que más bien raya en el sometimiento lacayuno, se mantendrá en su ánimo para llegar a ser, al menos, precandidato a Gobernador en 2016.
Oportunidad perdida
Gina Domínguez Colío se integró al gobierno de Duarte con credenciales de experimentada periodista. Por proceder del gremio, se esperaba que entendiera sus necesidades y que se comportara al menos solidaria con quienes hasta el último momento llamó “compañeros”. Pero durante los poco más de tres años que estuvo al frente de Comunicación Social la relación entre el gobierno y la mayoría de los medios y periodistas de Veracruz se pulverizó.
Bastaba una llamada de la poderosa vocera a la redacción de un diario o de una radiodifusora para que un reportero fuera relevado de la fuente del gobierno estatal o de plano despedido si osaba hacer una pregunta incómoda a algún alto funcionario, en especial si se trataba del propio Javier Duarte de Ochoa. Por supuesto, los medios y los periodistas que se plegaban a las instrucciones de la oficina de Gina Domínguez eran recompensados manteniéndolos en la lista de convenios y “apoyos”.
En cambio, los agravios contra los reporteros y medios no afines a la línea gubernamental se generalizaron. Al grado que muchos tuvieron que emigrar de la entidad al ser amenazados, mientras varios diarios eran asfixiados al cerrárseles toda publicidad oficial. Así, se preparó el terreno para la tragedia que estaba por venir.
Entre 2011 y 2014, en medio de la más grave crisis de seguridad y violencia en la historia del estado, diez periodistas fueron asesinados. Para la administración de Duarte de Ochoa, los homicidios nunca tuvieron que ver con la actividad profesional de los comunicadores, sino con rencillas personales, robos e incluso a colusión con el crimen organizado. En ningún caso, el gobierno estatal ha podido acreditar sus “líneas de investigación”. Y tampoco aceptó seguir la de la actividad periodística como motivo de las agresiones. En vez de eso, prefirieron inventarle un “premio” al gobernador Duarte.
A instancias del área de Comunicación Social y de un editor de un diario “aliado” del gobierno estatal, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos le entregó al mandatario un inverosímil “reconocimiento” por su “defensa” de los periodistas en Veracruz, expresada ésta en la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, organismo que, desde un principio, mostró su total inutilidad y la demagogia implícita en su existencia.
El “premio” fue tomado como una burla a los periodistas sacrificados durante el sexenio y le valió a Duarte una andanada de críticas a nivel nacional e internacional, acompañadas de centenares de burlas en las redes sociales. Pero lo que marcó finalmente el destino de Domínguez Colío fue el asesinato del décimo reportero en el sexenio, Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y ejecutado en febrero de 2014 en una congregación de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. La indignación del gremio reporteril y de las asociaciones de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión se manifestó en una condena unánime, internacional, que se replicó de manera demoledora en las redes a través del hashtag #HastaqueRenuncieDuarte, que fue trending topic mundial durante varios días.
Esta vez el descrédito había ido demasiado lejos. El 20 de febrero Gina Domínguez Colío dejó Comunicación Social para ser reubicada como secretaria técnica del Ejecutivo. Así como la vitorearon hasta la ignominia en sus días de gloria, tras su caída, la mayoría de sus “aliados” comenzó a hablar y publicar pestes de ella, mientras se regocijaban con el arribo de Alberto Silva Ramos, quien habría de “salvar” la imagen del régimen duartista. O al menos, habrán pensado, pagaría los millonarios adeudos con los medios que arrastraba el gobierno.
Los huevos del cisne
Silva Ramos llegó a Comunicación Social en medio de loas de la prensa oficialista y de los opinadores que querían asegurar su permanencia en la nómina oficial. El “Cisne”, como es conocido Alberto Silva, es uno de los hijos políticos de Fidel Herrera Beltrán, con quien se formó desde que éste era legislador federal y a quien acompañó en cargos de mediana responsabilidad mientras fue gobernador.
En 2010, Silva es electo alcalde de Tuxpan y, gracias a su amistad con el nuevo gobernador, su municipio fue el que más apoyo económico recibió en la primera mitad de esta administración. Pero antes del final de su mandato, fue llamado a ocupar la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, dejando en el ayuntamiento una deuda que se estima en más de 300 millones de pesos. Desde esta dependencia, Silva Ramos comienza la operación para ser candidato a Gobernador en 2016, aprovechando los recursos y programas para el combate a la pobreza de que disponía a manos llenas. En eso estaba cuando fue requerido para ocupar Comunicación Social.
En un principio, Silva mostró disposición para dialogar. Se reunió con algunos periodistas para conocer las inquietudes, malestares y agravios -encuentros que algunos directivos de medios aprovecharon para cobrar facturas atrasadas-; visitó algunas redacciones e instauró una dinámica de conferencias de prensa matutinas del gobernador cada lunes, tras lo cual optaron por invitar a los reporteros de la fuente a un restaurante cercano a palacio de gobierno para desayunar huevos con frijoles y así hacerles sentir que, verdaderamente, se inauguraba una nueva etapa en la relación prensa-gobierno.
La “estrategia” de acercamiento del nuevo vocero con los medios hasta ahí llegó. No pasó de eso y de intentar acallar, a punta de billetazos, a los periodistas que no aceptaban dejar de cuestionar las pifias del gobierno estatal. A quienes se mantuvieron firmes en esa línea crítica, se les tenía preparado otro tratamiento: la difamación y la calumnia, así como la intromisión en sus vidas privadas. Textoservidores al servicio del gobierno -varios de ellos provenientes del gremio periodístico- se dieron vuelo publicando infamias, espiando redes sociales y hasta correos electrónicos, con el objetivo de “acalambrar” a los comunicadores “no alineados”.
Por lo demás, en términos de mera comunicación social, nada ha cambiado ni mejorado. No hay una sola campaña de difusión de las acciones y logros de gobierno. El manejo de la información oficial es exactamente igual al que se realizaba antes de febrero. La publicidad se entrega de manera discrecional a los “aliados”. Se sigue recurriendo al envío masivo de correos electrónicos para denostar a los adversarios. Y eso que todavía no han tenido que enfrentar una situación de gran crisis, como para evaluar su capacidad de respuesta.
A Alberto Silva todo se le va en querer demostrar en las redes sociales que es muy “leal” al gobernador Duarte, a quien defiende cual escudero medieval cuando lo increpan, como sucedió en varias ocasiones durante el pasado mes de mayo, cuando entabló estridentes intercambios de descalificaciones en Twitter con el aspirante panista a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares, comportándose más como un rijoso peleador callejero que como el vocero del Gobierno de Veracruz.
Objetivo 2016
El periodista Mussio Cárdenas describe a Alberto Silva Ramos como un “narcisista patológico”, intolerante a la crítica y que gusta de encarcelar a quienes considera adversarios, como ocurrió, todavía siendo alcalde de Tuxpan, con los reporteros Alejandro de la O y Jorge Manrique, quienes supuestamente intentaron extorsionarlo y por ello fueron aprehendidos en un operativo digno de un peligroso narcotraficante. Ya en prisión, recibieron sendas palizas, como para que no osaran volver a desafiar la furia del “Cisne”.
El coordinador de Comunicación Social no pretende estar mucho tiempo en ese cargo. Sus aspiraciones están puestas en la sucesión. Así que a más tardar dejará la vocería hacia febrero o marzo de 2015, ya sea para buscar una diputación federal o para encaramarse en la Secretaría de Gobierno, plataformas para pelear la candidatura. Por ello su desaforado protagonismo. Y por ello su apuro por acallar cualquier intento de crítica en Veracruz.
