Propuestas para un debate impostergable
En México es inédita la espiral de violencia generada por el narcotráfico, también lo es el análisis y el debate que, así sea todavía incipiente y aislado,ha suscitado su cobertura en los medios de comunicación. Me parece que a esta reflexión los medios llegamos tarde y mal, por ello creo que para hacernos de una intercambio serio y trascendente, vale la pena revisar, aunque sólo comprenda trazos generales, este diagnóstico. Parto de una paradoja: la violencia en el país es insospechada pero los aprovisionamientos y las prácticas culturales con que se procesan las noticias integran una tradición anquilosada, entre otras razones, por las siguientes:
a) Por la resistencia a la autocrítica de parte de los dueños de los medios y los profesionales de la información, en contraste con su persistente vigilancia de los otros ámbitos públicos. Es decir, no hay una dinámica recíproca entre la crítica periodística y la revisión de los patrones y la calidad con la que ésta se ejerce.
b) Porque al menos en los últimos veinte años, a la par de registrar avances y de acompañar y alentar a la exitosa transición mexicana a la democracia, los medios afianzaron prácticas sensacionalistas y amarillistas. Lo hicieron de manera vertical: sin hacer públicos sus criterios editoriales y sus compromisos profesionales o éticos, (cuando ocasionalmente lo intentaron, quedaron relegados al archivo.)
c) Porque “esa cultura” y esas prácticas le han significado a los medios cuantiosos dividendos económicos y presencia política de primer orden. En consecuencia, los llamados a discutir sus contenidos se han topado no sólo frente a las resistencias “culturales” sino además con sus poderosos intereses políticos y financieros.
d) Porque en el decurso del tiempo los medios han integrado un tribunal que dicta cualquier tipo de sentencia. En todos los órdenes y con el cobijo de la “libertad de expresión” que, por cierto, no siempre respetan, por ejemplo, el derecho de réplica, que se encuentra sujeto a su arbitrio. Los medios, además, son por lo regular emisores unidireccionales: no ofrecen vías de comunicación para el televidente, el radioescucha o el lector.
e) Porque frecuentemente el poder (fáctico) de los medios acota al poder de las instituciones, en deterioro de la credibilidad del sistema judicial, y más allá de tener en cuenta las enormes insuficiencias que éste tiene. Por cierto, llama la atención la falta de espacios de análisis en donde se aliente a reformas a la ley respectiva.
f) Porque otra implicación del poder de los medios es que permanezcan intactas las leyes de imprenta y de radiodifusión y telecomunicaciones.
g) Porque los medios no generan buenas o malas noticias. En realidad, las procesan y, así, dada su influencia, mediante la información y los puntos de vista que proveen, participan de las percepciones sociales. Hay reglas para procesar las noticias, sin duda, pero éstas no se aplican ni en todo momento ni en todos lo casos. En relación con los actos violentos no siempre verifican el hecho, valoran su trascendencia, dan el contexto en que se produce ni aluden a sus consecuencias probables o enfatizan en lo reprobable que es delinquir. En cambio, presentan notas aisladas casi siempre con imágenes impactantes a las que no acompañan de contexto, y no siempre distinguen el origen y la dimensión de un hecho violento con respecto a otro.
h) Porque en México no hay Observatorios de Medios que sean referente para el análisis del público consumidor: no es costumbre en el país la revisión y la crítica de los contenidos.
El destino nos alcanzó
Esta numeración no es exhaustiva, permite sin embargo un marco de referencia inicial. Cada aspecto se ha ido configurando en la historia reciente; podrían reseñarse muchos casos que lo prueban (remito al lector a mis libros Primera plana. La borrachera democrática de los medios, que Cal y arena ofrece en su portal y Chiapas la guerra en el papel de esa misma casa editorial).
Empleo un ejemplo como punto de partida para precisar en el diagnóstico. Muestra similares coordenadas con las que hoy día operan los medios. Ocurrió hace más de trece años, el jueves 27 de noviembre de 1997 en Tijuana, Baja California, cerca de las 9:30 horas, cuando el periodista Jesús Blancornelas fue víctima de un atentado a manos de cinco gatilleros de la banda de narcotraficantes de los Arellano Félix.
Cuatro diarios del Distrito Federal dedicaron al hecho su titular principal. Entre éstos, llama la atención el titular de Reforma que cometió este yerro al colocar: “Atentan judiciales contra periodista”. La Jornada consigna el hecho sin informar sobre la salud del entonces codirector del Semanario Z, El Financiero lo considera uno más de los sucesos de violencia que hay en la región y El Nacional no registra la postura del Consejo Editorial del Semanario Z, que hace responsable a las autoridades porque éstas le habían quitado la escolta a Blancornelas. El Heraldo de México pone en su cabeza principal un hecho que había sucedido 10 días antes: la atribución legal para que el gobierno del DF convocara a plebiscito, resuelta el 17 de noviembre de aquel año.
En el caso de Reforma, la notoria falta de verificación de aquel hecho lo llevó a desplegar un infundio contra la autoridad, lo cual significa no sólo falta de profesionalismo sino una actitud predispuesta a criticar a las instituciones encargadas de la procuración de justicia. El asunto no es menor, pues esta variable de ahínco crítico de los medios ha tenido como consecuencia que el periodismo mexicano llegue a ser más cuestionador de las instituciones que puente de comunicación para registrar hechos criminales. De aquí se desprende una coordenada de análisis: el compromiso de los medios con el Estado y la democracia, y la interpretación de ese compromiso en el ejercicio periodístico. Esa es la forma idónea de completar la demanda de los periodistas porque el Estado garantice la libertad de expresión.
El contenido de La Jornada ayuda para señalar que, sistemáticamente, los medios realzan la violencia a la que, tanto en notas como en audios e imágenes, han presentado como si fuera espectáculo. No sólo es recurrente la ausencia de contexto informativo sino, sobre todo, la falta de “solidaridad para con las víctimas” (que tampoco mostró El Nacional), si lo decimos en los términos empleados por Javier Darío Restrepo. De este modo, los criminales se hallan en mejores condiciones de lograr el miedo que buscan infundir entre la sociedad. Como expuso Federico Reyes Heroles en la edición de agosto pasado de Este país (él aludiendo a los analistas de opinión):
“Más que pensar en los deberes de la autoridad pienso en nuestro papel como sociedad, en particular en aquellos que tenemos el privilegio y la enorme responsabilidad de tener foros, de incidir en la generación de información, en su interpretación, en la forma en como los ciudadanos reciben y leen los hechos que vivimos”.
Sólo un matiz: dentro de los partes informativos y las opiniones que generan también vale la pena enfatizar en los deberes y las acciones de la autoridades judiciales, siempre y cuando, naturalmente, ello no signifiquen sesgos que conduzcan a decir -como ha sucedido en ciertos sectores de la llamada “opinión pública”- que éstas son las principales responsables de la violencia y no los delincuentes. Ese tipo de “periodismo” ha hecho tradición en México, en un mercado en el que se le considera valiente. Por eso en el transcurso del tiempo no sorprenden ediciones como la de proceso de 2010, en donde es clara la pérdida de brújula entre la crítica al Presidente, en particular a su estrategia contra el crimen organizado, y la cobertura que el semanario hace del narcotráfico. En su denuesto al gobierno, al que hace responsable de todo, hay un trato que releva de responsabilidad a los criminales. Es decir, proceso elude el compromiso que los medios deben tener con el Estado democrático además de que, como sus directivos han dicho, no pongan a discusión su línea editorial. (Para conocer el contenido de esa edición remito a mi texto “Proceso enaltece al narcotráfico”, que está en el portal de etcétera).
Lo que pasó en El Heraldo de México no sólo muestra una de esas anécdotas sorprendentes que podrían apilar metros en la memoria de la prensa. Es el otro extremo del exagerado énfasis que se le ha dado a la violencia, como si al relegar los hechos importantes éstos tuvieran menor dimensión o no hubieran sucedido. Esconder ese tipo de información es parte de una forma de asumir al periodismo, pero también ha sido resultado de la connivencia entre las políticas oficiales que pretenden inhibirla para no ver disminuida su credibilidad a cambio de distintas prebendas, como las que provienen de los recursos de la publicidad gubernamental. En suma, relegar u omitir un hecho no disminuye o suprime su importancia, y sí evita la comprensión de su significado y alcance.
En el anverso de esa tesitura se halla la magnificación de la violencia y frente a esto quienes piden, desde entonces a la fecha, regresar su registro a las páginas de “la nota roja”. El fenómeno, sin embargo, es más complejo. No se circunscribe nada más a la moral o a la ética. Desde luego que el asunto involucra a la ética, pero no convertida en guía para evadir el incremento exponencial de las acciones del crimen organizado ni sus consecuencias, sino para valorar cada una de éstas, ponderar su presencia en la oferta informativa y determinar el tratamiento de “la nota”. Relegar o dar preeminencia a un hecho depende de la valoración que se haga de cada uno y de ubicarlo en coordenadas éticas previamente establecidas. La violencia ha crecido, guste o no que eso se diga, y su reflejo en los medios es inevitable: no puede ni debe atajarse ese fenómeno.
El quid no es si el periodismo se aparta o no de las notas principales un acto violento, o si deja o no de entrevistar criminales, por ejemplo, sino, insisto, en la valoración del significado de la información y en la forma de procesarla sobre la base de no ensalzar la transgresión de la ley. Al periodista no se le puede exigir dejar de hacer periodismo; en virtud de su función pública, debe exigírsele hacer mejor periodismo.
Sobre el atentado contra Jesús Blancornelas, quien murió 9 años después víctima de cáncer en el estómago. En particular desde principios de la década pasada han sido recurrentes y cada vez más extendidas en distintas regiones del país, amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas cometidos por sujetos del narcotráfico; fueron perpetrados con distintas motivaciones, entre otras, para que los periodistas difundieran noticias que los criminales querían. Llama la atención que, vistos en conjunto, no se halle el principal registro de esto en los medios, sino en las denuncias de organismos defensores de los derechos humanos y en publicaciones marginales. También es significativo verificar que las grandes empresas mediáticas no le hubieran dado tanto relieve al tema sino hasta ahora. Como si en el país sólo sucedieran las cosas cuando esos medios las difunden e interpretan.
Volver al futuro
Por situaciones como éstas, desde hace por lo menos veinte años, la autorregulación ha sido una de las aristas más significativas con la que los medios han respondido a la crítica que se les hace. Alcanzó mayor notoriedad debido a los sucesos de mediados de los 90: la rebelión del EZLN, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, así como la crisis económica del inicio de la administración de Ernesto Zedillo. Estos registran excesos, imprecisiones, especulaciones y bulos de diversa índole desarrollados bajo la égida de la óptica sensacionalista y amarillista.
Durante esos años, una y otra vez se habló de la posibilidad de regular mediante la ley al trabajo informativo. Los medios se opusieron a ello y, a partir del último tramo de la gestión de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha, se abrió paso la idea de la autorregulación como garantía de libertad de expresión y vía para que los medios asumieran responsabilidades. Se decía en aquel tiempo: “Son preferibles los excesos que correr el riesgo de coartar la libertad de expresión”. Pero esa era, como entonces varios dijimos, una frase que eludíala reflexión de fondo: cómo evitar los excesos sin deteriorar la libertad de expresión y qué mecanismos tendrán los medios para alcanzar tal equilibrio.
Todavía frescos los acontecimientos arriba enunciados, además de otros que sobrevendrían, en 1994 se daba en los medios el tradicional autofestejo de la libertad de expresión. Como parte de la fiesta los directivos de los medios y los periodistas expresaban compromisos para atemperar excesos. Hace 16 años, por citar un ejemplo, oímos decir esto a Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal: “La prensa no puede ignorar las exigencias de la realidad, y por ello debe revisar permanentemente las normas con las que desarrolla el trabajo informativo”. (El diario, por cierto está entre los pocos que elaboró su código ético, aunque éste no siempre ha sido su referente para integrar la información, por ejemplo cuando, años más tarde, publicó la inserción pagada de un narcotraficante.)
Aquella es sólo una pizca de la proverbial autocomplacencia del periodismo mexicano: la “autorregulación” no ha significado discusión sistemática en las empresas de la información, ni una exposición pública de compromisos deontológicos y líneas profesionales que permitan a sus audiencias o lectores, conocer sus criterios editoriales. Por ello creo que ya es tiempo de definir, el sentido y el alcance de la autorregulación para evitar en lo posible que su enunciado sea cobijo de la improvisación o la arbitrariedad, en el peor de los casos.
Regocijo frente a la violencia
Buena parte de lo que presenciamos en la década de los noventa no tenía antecedentes en la historia del país; tampoco el entramado democrático en el que los medios consignaron los hechos en libertad y reflejando a una sociedad diversa, heterogénea y plural. Su aporte es irregateable pero sus errores también son insoslayables, lo son al menos para el ejercicio de análisis que ahora nos corresponde.
Vista en conjunto, podemos constatar que la oferta de los medios consistió, además de otras características, en la crítica desmedida de las instancias procuradoras de justicia y cuestionaron cosas tan elementales como, por ejemplo, la identidad de quien asesinó a Luis Donaldo Colosio. A tal grado fueron las increpaciones de los medios que un diario de circulación nacional difundió que, en realidad, había más de un Mario Aburto. Pero el colmo de la fantástica elaboración periodística fue cuando una revista aseguró que Aburto era el primer experimento exitoso de clonación hecho en México para el mundo. Aunque usted lector, no lo crea.
(Entre todo ese carnaval de rumores, especulaciones e increíbles afirmaciones, hubo el caso de un periodista que arengó a un golpe de Estado. Durante los primeros días de noviembre de 1995, la agencia informativa Dow Jones propaló que “Ernesto Zedillo estaría negociando con los militares su dimisión al cargo”. Al respecto, Nino Canún lamentó que la especia fuera sólo un rumor y al autoerigirse en portavoz social dijo: “La gente se desilusionó cuando supo que la noticia proveniente de Estados Unidos era un rumor”; 11 de noviembre de 1995, El Universal.)
El asunto es que, con un denuedo digno de mejores causas, los medios pusieron en duda las investigaciones de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Lo hicieron sin dar el registro documental fehaciente, aunque también aportaron a ello varios ostensibles errores de las autoridades que, incluso para sus pesquisas llegaron a apoyarse en una bruja con supuestas cualidades adivinatorias, lo que suscitó el regocijo de los medios y las audiencias. Pero junto con todo eso, se dio el fenómeno que para los efectos de este artículo se busca destacar: el cuestionamiento del sistema de procuración de justicia llevó a los medios a erigirse como un tribunal desde el cual dictaron sentencias inapelables y así destrozaron varias reputaciones. La tendencia persistió en la primera década del presente siglo. Usted, lector sin duda podrá agregar ejemplos de los últimos años (sin falsas modestias: en etcétera está la memoria más completa de ellos).
Desde la primera mitad de la década de los noventa se desarrolló una polémica que sigue hasta nuestros días. Por un lado, sobre todo desde las instancias oficiales, se ha dicho que los medios son responsables del clima de violencia en el país y, por otro, la respuesta de los medios era (y sigue siendo) que son las autoridades las únicas responsables de ello. De ahí se desprende un objetivo elemental: hacer un deslinde claro de las responsabilidades que corresponden a las instancias de gobierno, de las que tienen los medios.
La percepción y los medios
Los medios no son responsables de la violencia pero sí lo son de cómo la informan por los efectos sociales. Y eso no es menor: si algo se tiene claro de los medios, y en particular del periodismo, es su influencia en las prácticas y los pareceres sociales. Negar sus efectos no sólo implica un desvarío conceptual, también significa que los medios y los profesionales de la comunicación eluden su responsabilidad social al no considerar que la manera de notificar los hechos delictivos tiene consecuencias públicas. Aunque parezca obvio decirlo, considero que hace falta que las empresas mediáticas y los periodistas expresen su compromiso en tal sentido. En el ejercicio pleno de su independencia, y en correspondencia con los derechos del público, es central que definan cuál es su línea editorial respecto de la violencia.
No hay duda: los medios participan de las percepciones sociales. Éstas son el proceso inicial del conocimiento sobre cualquier cosa o fenómeno que se halla sujeto al análisis de cifras y tendencias que verifican o desmienten a la percepción.
Al respecto hay varias investigaciones. La mayoría, como la que etcétera publicó, en octubre de 2007, de Cecilia Sayeg y Luis de la Barreda Solórzano, demuestran que “En un problema tan delicado y tan sensible como el de la inseguridad, no son solamente la prevalencia y la incidencia delictivas los factores que hacen sentir a la población que los niveles de seguridad son deficientes. El espacio y el tratamiento que los medios de comunicación conceden al tema, los relatos de amigos y familiares, las propias aprensiones e incluso los rumores más descabellados inciden de manera importante en la visión sobre el tema”. Por cierto, una de las conclusiones del trabajo fue:
“Contra lo que podría pensarse por ciertos encabezados de los diarios, no todo el país vive un magno problema de inseguridad. Ésta se concentra principalmente en algunas áreas urbanas. Sin embargo, en promedio, siete de cada diez habitantes de las áreas estudiadas se sienten inseguras tanto en la entidad como en la ciudad donde viven, y seis de cada diez en el municipio o delegación en que habitan”.
La disputa por la realidad
Si los medios de comunicación generan percepciones, la política de comunicación social de los poderes públicos busca lo mismo. Uno y otro flanco se asume como emisor de la realidad y la disputa se dirime en la esfera pública donde, además, otros actores políticos participan con la mira de lograr persuadir a través de los medios que tienen la prerrogativa de omitir o subrayar, apoyar o criticar tales pareceres. El asunto es complejo.
Tradicionalmente los gobiernos federales han percibido que la realidad sobre la violencia que percibe la sociedad a través de los medios es exagerada. Lo han percibido, pero sus políticas de comunicación no han sido exitosas ni funcionado como contrapeso a la información de los medios. Una de las expresiones más dramáticas de esas limitaciones intuitivas es que desde las instancias oficiales se acusa a los medios de ser instigadores de la violencia, mientras que los medios responden que de eso sólo son responsables las instituciones encargadas de la seguridad. En los años recientes, la tensión inició al comienzo de la estrategia del Presidente en contra del narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006.
El titular del Ejecutivo no sólo no aceptó críticas a su política sino que, además, cuestionó duro a los medios, en tanto la mayoría de estos respondía, en efecto, mediante reportes que muestran el incremento exponencial de la violencia, pero también con los sesgos y el talante tremendista que hemos mencionado. Casi cuatro años después, a finales de julio pasado, el Presidente convocó a los partidos políticos y a diversos actores sociales a discutir su estrategia contra la inseguridad e invitó a los medios a darle cobertura al tema. El periodista Carlos Loret de Mola, en la columna que escribe en El Universal, contó los días que pasaron para que ocurriera este cambio en Felipe Calderón: mil 300 días.
Entre las rectificaciones que hizo, Felipe Calderón reconoció que su política de comunicación no ha sabido trasmitir los logros que considera ha tenido esta lucha, mientras que varios medios expresaron disposición por revisar su manejo informativo. El 8 de agosto Calderon se reunió con directivos de varias empresas y puso a su consideración ideas para que éstas, con apego a la autorregulación, fueran comprendidas por los medios. Entre otras planteamientos les propuso promover contenidos que eviten hacer apología del delito; que discutan, analicen y, en su caso, adopten códigos y protocolos de manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales.
Más allá de que esos temas son parte del análisis y materia para las decisiones autónomas de los medios, creo que otra coordenada de análisis está en la interpretación que de sí mismos hacen algunos periodistas al caracterizarse como “mensajeros” (así fue como se describió, por ejemplo, José Cárdenas, durante una entrevista con Carmen Aristegui, el 28 de julio, en donde habló del material que difundió relacionado con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos).
En mi opinión, los periodistas no son, o no deben, ser mensajeros. Su función no es difundir recados, claros o cifrados, o boletines de ninguna especie. No son objetos de la propaganda. El profesional de la información es un intermediario entre la sociedad y los hechos que le comunica. La manera en como lo hace es lo que determina la calidad de la información. El asunto es de la mayor importancia dado que, a lo largo de la historia reciente, y en particular ahora con el narcotráfico, implica a los medios la responsabilidad de no ser correa transmisora de la política de comunicación que desde 2006 también tiene la delincuencia organizada. Al respecto, durante la primera mitad de 2010, un narcotraficante preso declaró que para ellos, los criminales, era muy fácil lograr que se difundieran sus mensajes y que no importaba si las mantas donde los escribían eran chicas o grandes, pues los medios siempre las difundían. (Esa es lo que acostumbra Reforma, por ejemplo, y lo hace sin dar explicaciones de ningún tipo a sus lectores.)
De aquí se desprende otra propuesta para el debate: el periodismo debe anteponer, en todo momento, que la transgresión de la ley, en particular por el narcotráfico, es la materia principal en donde concentrar la denuncia como parte de sus compromisos con el Estado. En ese sentido, se abstendrá de divulgar, sin contexto ni crítica, los mensajes de los delincuentes y, en particular, de los narcotraficantes.
¿Periodismo secuestrado?
Durante los 13 años que han transcurrido desde el atentado contra Jesús Blancornelas, han sido amenazados, secuestrados y muertos decenas de periodistas en el país, a manos de la delincuencia organizada. Al finalizar julio fueron plagiados cuatro periodistas en Durango, dos de ellos trabajadores de Televisa y Milenio. La intención de los criminales: que los medios difundieran la información que ellos pedían a cambio de liberarlos. Entonces, el 29 de julio, Televisa y la periodista Denisse Maerker decidieron interrumpir la trasmisión del programa “Punto de Partida” y así fue suspendida una hora la señal de canal 2. Esa vez, entre otras consideraciones, la periodista expuso:
“Muchos periodistas han sido secuestrados y asesinados en los últimos años” y advirtió: “no estamos dispuestos a salir esta noche a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando”. Y luego fue tajante en su diagnóstico:
“El periodismo está secuestrado”.
Ese acto, sin duda, tuvo la utilidad de al fin hacer notorio el problema. Además, podría ser el inicio de una discusión en los medios para que éstos analicen la forma en como cubren los temas del narcotráfico y también para explorar la posibilidad de operar en conjunto frente a los embates que el narcotráfico emprenda contra cierta empresa o cualquier profesional de la comunicación. Más allá del Teletón o, recientemente de la Iniciativa México, tampoco hay el registro en nuestro país sobre acciones en las que los medios hayan operado juntos.
¿El periodismo está secuestrado? No lo creo. Decir que sí podría ser, en todo caso, un ejemplo más de los excesos en que los medios y los profesionales de la comunicación suelen incurrir frente a los hechos violentos. La tradición al respecto es tan fuerte que, más bien, podría secuestrar el análisis que nos urge hacer. No hay secuestro del periodismo sino llamados de atención constantes, y añejos, que podrían hacer que, como advirtió Pablo Hiriart, la violencia le gane espacios a las libertades democráticas.
El periodismo no está secuestrado; tratemos de evitar exageraciones. Hay eso sí un mosaico amplio, heterogéneo y diverso de opciones informativas que, en sí mismas, le significan un desafío enorme al poder del narcotráfico y, más aún, si esas opciones actúan en conjunto frente a sus embates. Una primera acción es cerrarle la puerta a su propaganda.
Ideas para la acción
1. El narcotráfico desafía al Estado; atenta contra las normas, las leyes y las instituciones de la vida democrática. Con esa definición, los medios de comunicación mexicanos se abstendrán de difundir sus mensajes, y en general los del crimen organizado.
2. Los actos violentos del narcotráfico, y en general los del crimen organizado, serán advertidos siempre en los medios por su origen criminal y sus efectos perniciosos y, entre éstos, el más importante son los que se refiere a las víctimas.
3. La crítica a la estrategia oficial con la que se combate al crimen organizado, cualquiera que sea, no perderá de vista que la delincuencia es el asunto central del registro y la denuncia periodística.
4. El narcotráfico no sólo busca mantener sino ampliar la esfera de su actividad y el miedo en la sociedad es el mejor ambiente para el logro de sus objetivos. En consecuencia, los medios se abstendrán de difundir imágenes sangrientas de cualquier índole, y las que difundan sin esas características deben ser acompañadas del contexto y, como ha expuesto Javier Darío Restrepo, advirtiendo “el daño que sufre la sociedad en el presente y las consecuencias que tendrá en el futuro”.
5. La asidua exposición de imágenes violentas también genera indiferencia social y convierte al hecho en parte de la vida cotidiana no en la
demanda de que ésta sea una excepción. Por ello los medios, además de evitar en lo posible la difusión de aquellas imágenes, promoverán la participación social.
6. El miedo es uno de los efectos inmediatos de la violencia de los narcotraficantes y éste es mayor si los medios convierten esa violencia en espectáculo. Infundir el miedo por la vía del sensacionalismo o a través de la difusión de rumores es precisamente lo que busca el crimen organizado. Los medios serán sobrios en el manejo de la información y siempre verificarán la veracidad de los hechos antes de difundirlos en forma de bulos.
7. Los integrantes del narcotráfico saben de la influencia de los medios y por ello, para lograr expandir el miedo y difundir las noticias que ellos quieren, tienen políticas de comunicación. Es central que las empresas de medios y los periodistas identifiquen tales aspectos.
8. Los medios diseñarán políticas de protección a los periodistas que cubran la fuente.
9. Los medios delimitarán líneas de acción conjuntas frente a posibles casos de amago, extorsión u otro tipo de acciones de la delincuencia organizada, en contra de cierta empresa de medios o profesional de la información. Cada medio, además, tendrá protocolos de seguridad en la cobertura del crimen organizado.
10. Cada precisión que requiere enunciados como éstos se traducirán en códigos éticos o deontológicos y en manuales de operación.
Una de las tradiciones más vigorosas del periodismo mexicano, en general, es la disposición a la crítica y la resistencia a la autocrítica. Mirarnos a nosotros mismos vale la pena. México lo necesita.
