A principio de su administración, el presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno le declaraba la guerra al narcotráfico y dio a conocer una serie de medidas al respecto, destacando la movilización de fuerzas militares a las entidades con mayor presencia del crimen organizado. Al paso de los meses, el conflicto también se ha desarrollado en un frente mediático; en ambos casos, el gobierno no las ha tenido consigo, mientras que los delincuentes han conseguido uno de sus principales objetivos: atemorizar a la sociedad y evidenciar el fracaso de las autoridades.
Durante los últimos meses, el crimen organizado ha desplegado una estrategia mediática que ha resultado muy efectiva, al enviar a la población un mensaje de terror e intimidación. Actos tan espectaculares por sí mismos, como ejecuciones masivas con extrema violencia, la colocación simultánea de mantas en varias ciudades del país, así como ataques a la población civil, cumplen con el cometido de dejar ver que en la guerra que el Estado le declaró al narcotráfico, es éste quien va ganando, y lo está haciendo con una amplia ventaja.
Los delincuentes han aprovechado la ineptitud de las autoridades y han conseguido posicionarse muy por encima de los múltiples spots gubernamentales que hablan sobre decomisos millonarios y aparatosas detenciones: la estrategia de comunicación del gobierno no ha sido más que un fiel reflejo de su pobre accionar en el combate a la inseguridad y la incapacidad para hacer frente a la crisis que se vive en la materia.
No le falta razón al presidente Felipe Calderón cuando ha dicho que la guerra contra la delincuencia también tiene un frente mediático.
En su edición del 16 de octubre, Milenio Diario reseña un documento elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual se expone como “el gobierno federal ha seguido la pista desde 2007” a la estrategia de los delincuentes. Dicho reporte –que consta de siete diapositivas en Power Point– recupera algunos eventos que marcan el inicio de dicho proceso.
Así, el reporte recuerda como el 1 de diciembre de 2005, el diario estadounidense The Dallas Morning News da a conocer un video en el que se puede ver la ejecución de una persona, presuntamente un integrante de los Zetas. La SSP menciona también algunos otros casos de videos de este tipo, pero con una mayor postproducción –que incluyó la utilización de rótulos (o super) y cortinillas–, que fueron difundidos a través de YouTube.
Estos materiales –que aún suelen ser enviados a los medios, y que hasta ahora no han tenido mayor eco– son un muestra clara de lo que la propia autoridad reconoce como la “Estrategia mediática de las organizaciones criminales”; el análisis de la SSP menciona otro caso que muestra esta situación: El 27 de marzo fueron abandonados dos cadáveres a las puertas de la televisora local de Televisa en el Puerto de Veracruz.
“Dos días después, fue entregado a TV Azteca, un video de las dos víctimas antes de que fueran asesinadas”.
La dependencia concluye que “la delincuencia organizada busca generar la percepción pública de una escalada de violencia como repuesta a la ofensiva del Gobierno Federal”.
Dicha estrategia consiste, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, en “acciones de alto impacto de corte terrorista para intimidar a grupos rivales, atemorizar a la sociedad e inhibir la acción de la autoridad”; teniendo como objetivo: “Obligar a un repliegue y así ganar espacios de impunidad (y buscar) base social por intimidación y miedo”.
Más allá de compartir o no el diagnóstico, en el sentido de que la ascendente espiral de violencia que azota al país desde hace meses es producto de la “ofensiva del gobierno federal”, es un hecho que los criminales buscan atemorizar a la sociedad. El atentado que tuvo lugar en Morelia y el posterior asesinato del locutor Alejandro Fonseca mientras colocaba una manta contra el secuestro, son dos de los episodios que evidencian claramente este propósito. Y lo mismo sucede con la ejecución de 24 personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en La Marquesa, que (hasta el cierre de esta edición y según lo informado por las autoridades) no tenían nexo alguno con el crimen organizado.
Ante dichos acontecimientos, es inevitable la sensación de desamparo e indefensión, pues han quedado superadas las premisas que circunscribían la violencia a los ajustes de cuentas entre criminales. Ya no más “se matan entre ellos”, ahora también apuntan contra nosotros.
La raíz del miedo
Es claro que el narcotráfico busca la atención de los medios, entre otras razones porque quiere dejar en evidencia una de sus principales fortalezas: la impunidad con la que actúa, gracias a la incompetencia o complicidad de las autoridades.
En casi todos los escándalos relacionados con temas de inseguridad está presente, como una constante, que algún elemento de las fuerzas policíacas se encuentre coludido con el hampa. Este hecho fomenta una desconfianza casi permanente en las acciones emprendidas por el gobierno, pues se percibe que ni la ley ni las instituciones pueden brindar la protección que se requiere en una crisis como la que vivimos.
En la mañana del 26 de agosto aparecieron 27 narcomantas en seis estados de la República; un día después, 29 mensajes de este tipo fueron colocados en cuatro entidades: en éstos podía leerse reclamos al gobierno de Felipe Calderón por brindar protección al Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Hasta entonces y desde que el crimen organizado comenzó a valerse de esta práctica para enviar algún aviso –cuya autoría se atribuye a los Zetas en 2003–, no se había visto una operación mediática de tal magnitud. En su artículo del 28 de agosto, José Carreño lo explica así:
“El contenido de las mantas del hampa tiene de por sí el alto valor noticioso de confirmar desde el crimen la denuncia de las víctimas –validada por las autoridades– de que los criminales están en las fuerzas públicas. Pero está adicionalmente un valor informativo de exportación, el del medio como mensaje: las mantas en las vía públicas más concurridas –un recurso propagandístico de los movimientos legales del espacio público– han pasado ahora al servicio de organizaciones delictivas que se consideraban clandestinas. Y a ello hay que agregar un discurso equiparable al de cualquier grupo de interés formal, en el que unas bandas se quejan de competencia desleal y les reclaman a las autoridades las mismas condiciones de impunidad que –según este reclamo– se les dispensan a otras bandas criminales.
“La arrogancia y el cinismo de esta estrategia criminal son obviamente de lo más atractivos para los medios. Pero quizás parecería más pertinente atender a la apuesta que está detrás de esta estrategia: acelerar la descomposición de las instituciones –con miras a la desintegración misma de la estructura institucional– y así más fácilmente expandir los territorios bajo control del hampa, bajo el cascarón de un Estado fallido, carcomido por la infiltración de las propias bandas y sin capacidad para cumplir la función básica de proteger las vidas y los bienes de la población”. (El Universal, 28/VIII)
Recientemente fue colocada una narcomanta en una transitada vialidad de la ciudad de México. El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, desestimó el hecho: “Las mantas se pueden poner en cualquier lado, en la Ciudad de México hay más de 550 pasos peatonales (…), es muy fácil poner cualquier manta”. (Reforma, 7/X)
Esa misma actitud ha prevalecido en el Ejecutivo federal: el Presidente le ha pedido a los medios no engancharse con las narcomantas: “Probablemente la estrategia del Gobierno es, precisamente, no dar respuesta (a las narcomantas). Me parece que… parte del compromiso que hemos pedido a los medios es no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática”.
Más allá de este tipo de discursos en los que Felipe Calderón ha llamado a los medios a no hacerle el juegoa la delincuencia organizada, y con ello hacerlos corresponsables de su fracaso, no parece haber una estrategia de comunicación por parte del gobierno para librar el frente mediático que mantiene con el narcotráfico, en el cual también se ha fracasado.
La declaración de guerra
Apenas un par de semanas después del atentado del 15 de septiembre en Morelia, el presidente Felipe Calderón reconoce que los esfuerzos realizados en la lucha contra la delincuencia organizada no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional.
Este reconocimiento lo hace ni más ni menos que en la argumentación que sustenta su iniciativa para la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública enviada a la Cámara de Diputados a finales de septiembre donde, además, reconoce que tal misión, largamente postergada, ha sido sustituida en ocasiones por el discurso. (El Universal, 2/X)
A juzgar por las evidencias, igual que en el combate al crimen, en las acciones emprendidas por el gobierno federal para informar las novedades en dicho frente –donde debieran regir las directrices de una estrategia de comunicación seria y efectiva– lo que impera es la desarticulación y la retórica.
En su primer discurso oficial como Presidente, Calderón ubica la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad como una de las tres prioridades de su gobierno.
Ante miles de simpatizantes en el Auditorio Nacional, aquel 1 de diciembre de 2006, Calderón reconoce: “Hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al gobierno; la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema de estados, ciudades y regiones enteras”. (El Universal, 2/XII)
De ahí que una de sus primeras acciones como titular del Ejecutivo fuera la instrucción a la PGR y al gabinete de seguridad nacional de que, en un plazo no mayor de 90 días, presentaran un programa de seguridad para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia.
“Sé –afirmó– que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso, por desgracia, vidas humanas”. No se equivocaba.
Semana y media después, el 11 de diciembre, casi siete mil elementos del Ejército, la Marina, la PFP, la AFI y medio centenar de ministerios públicos federales se despliegan a lo largo y ancho del estado natal del presidente Calderón en la denominada Operación Conjunta Michoacán, con los objetivos de sellar costas y carreteras a fin de evitar el tráfico de enervantes, erradicar plantíos ilícitos, instalar puestos de control y realizar cateos, ejecutar órdenes de aprehensión, así como desmantelar puntos de venta de drogas.
Es la declaración de guerra del gobierno federal contra el crimen organizado. De entonces a la fecha, ése, el discurso de la guerra contra la delincuencia, es el que ha sido privilegiado –y explotado hasta el hartazgo– por Calderón y compañía, al amparo del cual se han cometido pifias lamentables a la hora de informar a la sociedad del estado de la cuestión.
Contradicciones
En la estrategia comunicativa del gobierno han abundado la contradicciones, una de las más claras fue a propósito de la detención de los presuntos secuestradores de Fernando Martí. El martes 9 de septiembre, en medio de aquellas investigaciones, Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia de la SSP federal, asegura en conferencia de prensa que Lorena González Hernández, acusada de coordinar un falso retén de la AFI para secuestrar al joven, no estaba en activo dentro de esa corporación al momento de los hechos. (El Universal, 11/IX)
Menos de 24 horas después, el miércoles 10, Genaro García Luna, titular de la SSP federal, se ve obligado a desmentir a su subsecretario, al reconocer que “La Lore” no sólo tenía una plaza vigente en la AFI, sino que incluso estaba en proceso de certificación de confianza para ingresar a la PFP.
Pero los enredos en la SSP respecto del caso habían comenzado por lo menos un mes atrás cuando, a principios de agosto, Marcelo Ebrard informara que Lorena González había trabajado para la extinta Policía Judicial Federal, lo cual sería confirmado por la propia SSP federal, luego de negar tener indicios de que la mujer hubiera prestado servicios en la PFP o la AFI.
Una tercera contradicción se suscitó a propósito de la captura de “La Lore”: mientras Rosas y García Luna aseguraban que la Policía Federal había sido la responsable de su detención, El Universal daba cuenta de que, según una averiguación previa de la procuraduría capitalina, la mujer habría sido detenida por policías judiciales del DF el 5 de septiembre y puesta a disposición del Ministerio Público al día siguiente.
La SSP no sólo se mantendría en su dicho sino que, en voz de un molesto García Luna, negaría que Facundo Rosas hubiera mentido sobre la situación laboral de Lorena González y responsabilizaría a los medios de haber generado la “confusión” (El Universal, 12/9/08).
Acciones inmediatas, bajo sospecha
La tarde del jueves 25 de septiembre, una denuncia anónima hace posible que elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) capturen a tres presuntos zetas en un domicilio de Apatzingán.
Según la versión de las autoridades, Juan Carlos Castro Galeana, alias “El Grande”; Julio César Mondragón Mendoza, alias “El Tierra Caliente”, y Alfredo Rosas Elicea, alias “El Socio” o “El Valiente”, confiesan haber lanzado las dos granadas que cobraron la vida de ocho personas y dejaron a otras 106 lesionadas entre la multitud que festejaba la noche del 15 de septiembre en la capital michoacana.
El viernes 26, en conferencia de prensa, Marisela Morales Ibáñez, titular de la SIEDO, anuncia que los inculpados serán arraigados para continuar con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110, iniciada por los delitos de terrorismo, delincuencia organizada y posesión de material de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El siguiente paso: dar con los autores intelectuales de los hechos.
Como pilón a la información, la PGR difunde un video en el que “El Grande” narra a los agentes de la SIEDO que lo interrogaban cómo había arrojado una de las granadas: “La tenía en la mano, señor, la apreté, la oculté con mis dos manos y me dio escalofrío (…) Agarré, saqué el seguro, señor. Ya ve que tiene un seguro ahí, bota el candado y pas y la aventé”. (Milenio Diario, 27/IX)
En ese mismo video, “El Tierra Caliente” cuenta cómo antes de tirar rodando la segunda granada para después dar la vuelta y salir caminando, le había dado tiempo de comerse un hot dog y una hamburguesa.
Un comparativo con algunos de los casos más relevantes del año da por resuelto el caso y destaca la celeridad con que las investigaciones dieron resultados: mientras que para lograr la captura de 11 sospechosos en torno a los decapitados de Mérida se requirió de 34 días contados a partir del día del hallazgo y que del descubrimiento de 24 ejecutados en La Marquesa habían transcurrido 15 días sin que hasta entonces hubiera algún detenido, el 26 de septiembre, a tan sólo diez días de los atentados de Morelia, las autoridades presentan a tres detenidos y dicen seguir la pista de diez policías presuntamente involucrados en el caso (Milenio Diario, 27/IX).
Al cierre de esta edición, la familia de Castro Galeana interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos, porque acusa haber sido obligado a confesarse como narcoterrorista.
“Repetía lo que ellos me decían y si yo me equivocaba me golpeaban y volvía a repetir lo que me pedían hasta que decía exactamente lo que querían. Me di cuenta que había otras dos personas que también las estaban torturando; yo me sentí impotente y les grité: ‘Digan lo que ellos quieren para que ya no los golpeen'”.
“La gallina ya está lista para el caldo” recordó Castro que dijeron. (El Universal, 23/X)
La celeridad con que las autoridades actuaron en la detención de los presuntos responsables de los atentados en Morelia contrasta, en mucho, con el común denominador de su actuación. Hay varias preguntas en el aire que el gobierno no ha sabido –o no ha querido ni podido– responder.
Propaganda a raudales
En paralelo a la difusión de los detalles de la captura de los presuntos responsables de los atentados de Morelia, el gobierno federal echa a andar una campaña de propaganda en los principales diarios de circulación nacional.
En anuncios de plana completa firmados por la Semar, la Sedena, la Segob, la PGR y la SSP, a partir del 27 de septiembre, la administración de Felipe Calderón da a conocer datos comparativos de los decomisos de droga, vehículos, armas, municiones, pesos y dólares, así como de detenidos, en el curso de los primeros 18 meses de los últimos tres sexenios, todos ellos favorables a su gestión.
“Las cifras –dicen los anuncios– muestran que la lucha contra quienes lastiman a México ha dado resultados sin precedentes”. Y advierten: “La lucha continúa y se intensifica hasta devolver la seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas”.
Otros dos anuncios –”La lucha contra el tráfico de drogas es contra todos los que lastiman a México”–, con base en datos correspondientes del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2008, dan cuenta tanto de las sentencias más relevantes dictadas contra integrantes de los cárteles de los Arellano Félix, del Pacífico, del Golfo y de los Carrillo Fuentes, así como de las detenciones más relevantes contra integrantes de las mismas organizaciones.
Todo esto sin contar la intensa campaña de spots en radio y televisión en los que se difunden las últimas novedades de la lucha contra el crimen organizado, la mayoría de los cuales, a decir de juristas y expertos, violan las garantías de los detenidos al señalarlos como delincuentes –”peligrosos criminales”, “líderes de cárteles”– sin haber sido juzgados (El Universal, 13/9/08).
Sobra decir que mientras las cifras alegres del gobierno fluyen, las ejecuciones igualmente se mantienen presentes en diversos puntos del territorio nacional. Y, obviamente, también en los medios.
El colmo: en anuncios firmados por la PGR, el 1 de octubre, el gobierno federal ofrece una recompensa de 500 mil pesos “a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna, que coadyuve eficazmente a la identificación y localización del presunto secuestrador Ángel Cisneros Marín, quien escapó la madrugada del día domingo 28 de septiembre del Hospital de Xoco”.
Una semana después, en el mismo formato, un nuevoanuncio de la PGR ofrece dos millones de pesos de recompensa por el mismo hombre y/o alguno de los otros dos integrantes de la banda de secuestradores Los Rojos identificados por la autoridad: como Óscar y Manuel Ortiz González.
Si el propio gobierno federal ha reconocido falta de articulación en sus esfuerzos en el combate al crimen organizado, lo mismo podría decirse de sus esfuerzos por comunicar a la sociedad los resultados que se obtienen día a día en dicha lucha.
Montadas en el discurso de la “guerra” contra la delincuencia, las autoridades han cometido errores e incurrido en excesos, sin que hasta el momento se conozca oficialmente de alguna estrategia en materia de manejo de información.
En el plano más elemental, ahí están las contradicciones entre Genaro García Luna y el subprocurador Facundo Rosas en torno a Lorena González en el marco del caso de Fernando Martí arriba comentadas.
Pero también el caso de los videos en poder de la SIEDO en los que se documenta la presunta negligencia con que habrían actuado altos mandos del gobierno de Michoacán que acudieron al lugar donde estalló la primera granada el 15 de septiembre en Morelia, así como la evidencia de que el Grupo de Operaciones Especiales efectivamente detuvo en el lugar a un presunto sospechoso, que sería arrebatado de sus manos por tres tipos vestidos de negro, con corte de cabello tipo militar, sin que fueran identificados como integrantes de alguna autoridad policial. Las autoridades estatales, obviamente, negarían tal versión. (Milenio Diario, 21/IX)
Hechos como éstos no sólo hacen patente la falta de coordinación entre las autoridades involucradas en la lucha contra el crimen organizado a la hora de salir a informar a los medios, sino que, por momentos, resultan pruebas de los más lamentables errores que, en el cumplimiento de su deber, cometen sus efectivos, sin que haya quien controle el flujo de información de esta naturaleza, que no hace más que generar desconfianza respecto de la capacidad de las fuerzas del orden en el combate a la delincuencia.
Por el contrario, cuando se logran detenciones –como las de los autores materiales de los atentados en Morelia–, la actuación de las autoridades se da en el tenor de la espectacularización de la que hablaba Ernesto López Portillo en la edición 96 (octubre, 2008) de etcétera. En el caso concreto de estas detenciones, llama la atención la celeridad con que las autoridades federales –no hay que olvidar que las fuerzas estatales fueron marginadas de las pesquisas, en un evidencia más de la falta de coordinación entre corporaciones– logran resultados y los presumen.
Llama la atención el hecho de que haya sido una denuncia anónima la que originó la captura de los presuntos zetas, sobre todo si se toma en cuenta que, apenas dos días después de los atentados, la organización de La Familia envío correos electrónicos a funcionarios estatales y federales en los que anunciaba una investigación paralela a la de las autoridades para dar con los culpables.
A la par de estas detenciones, se registra un reforzamiento de las campañas de propaganda en prensa, radio y televisión en las que el gobierno federal se jacta de sus logros, aunque sus propios números se empeñen en ponerlo de regreso a la realidad: al 14 de octubre, la PGR sumaba tres mil 725 ejecutados en el año (Milenio Diario, 15/X).
No obstante, envalentonado, el locutor de los spots del gobierno afirma: “No daremos un paso atrás en esta lucha: gobierno federal”.
Una lucha en la que, hasta antes de las decapitaciones en Mérida, las ejecuciones en La Marquesa y los atentados del 15 de septiembre en Morelia, la percepción de la gente era que Felipe Calderón y sus huestes eran quienes iban perdiendo: según encuestas y sondeos de Milenio Diario, Reforma y El Universal, hacia junio, julio, entre 51 y 56% de los consultados dice creer que, en la guerra contra el crimen organizado, es el gobierno quien va perdiendo.
¿Existe al interior del gobierno federal una verdadera estrategia de comunicación para informar a la sociedad mexicana acerca del estado del combate a la delincuencia, que ha demostrado ser muy eficaz en su intención por intimidar y aterrorizar? A juzgar por las evidencias, pareciera que no. A menos que parte de la estrategia sea hacernos creer que no la hay.
