Con la nueva Ley de Telecomunicaciones, llamada con acierto “Ley Censura”, Claudia Sheinbaum busca, entre otras cosas, quitar a los empresarios del ramo (internet, radio, televisión) la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias, con la finalidad de ejercer sobre ellos un total control económico y político.
La vía principal para lograrlo es darle privilegios indebidos a la Comisión Federal de Electricidad– que reportó, nada más en el primer trimestre de 2025, pérdidas por 16.1 mil millones de pesos– para que esta empresa acapare el mercado mediante una concesión para el uso público de telecomunicaciones e internet, sin tener que pagar contraprestaciones y sin que su actividad se considere un monopolio.
De esta manera, los otros jugadores de la industria, que sí tienen que pagar por sus concesiones, se verán en una posición de clara desventaja, disminuidos en sus ganancias y sus alcances, que es justamente lo que la 4T busca, en su afán destructivo de la competencia privada.
Se trata de la misma postura que alentó hace algunos años la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador: convertir a CFE en el actor preponderante, pero no por su capacidad de producción del fluido eléctrico o su eficiencia, sino meramente por decreto –motivado por un nacionalismo trasnochado– mediante el recurso de obligar a los privados a producir y ofertar menos.
Se recordará que, en 2022, la animadversión de AMLO hacia los empresarios del sector le llevó a un muy caro rescate de la empresa Altán Redes, con la declarada finalidad de, mediante una sociedad con CFE, llevar telefonía celular e internet a todos los rincones del país, de manera incluso gratuita en muchas zonas que ya tienen oferta de proveedores privados, lo que representa una clara competencia desleal.
La idea, por supuesto, es arrinconar a los jugadores de la industria para que jueguen con las reglas del gobierno bajo la idea de impulsar un “Estado empresario”, que no es otra cosa sino un Estado centralizador, controlador y, desde luego, monopólico, a la vieja usanza del priismo de los años setenta.
Este gobierno busca ser juez y parte en una actividad en la que es probadamente menos eficiente que las empresas privadas. Se ha demostrado que no sólo no sabe gastar el dinero público, sino que no entiende de retornos de inversión para hacer más productivas esas entidades; que, bajo el discurso “social” margina a actores privados para competir en condiciones marcadamente desiguales; que bajo una ideología falsa de “justicia social” pone al Estado por encima del mercado en detrimento del desarrollo nacional.
A pesar de sus proclamas en sentido opuesto, este gobierno se caracteriza por un ánimo antiempresarial. Por un lado, se toma la foto con el empresariado para presumir una falsa pluralidad, pero por otro, ejecuta continuos golpes que lastiman la competencia regulada y equilibrada, como puede verse también, por ejemplo, en el sector gasero, al que ha obligado a regular artificialmente sus precios. Lo mismo ocurrirá, ya se ha anunciado, con el sector de la tortilla.
No sólo eso. Este gobierno no ve a los ciudadanos como usuarios libres de bienes y servicios, sino como un elector al que hay que granjearse a cambio de su voto. De ahí que, sin importarle el daño económico, invierta enormes cantidades de dinero público en regalar y/o subsidiar de manera indebida bienes y servicios, incluso en sectores urbanos que cuentan con abundancia de ofertas privadas, distorsionando gravemente la dinámica del mercado.
Los futuros cambios legales en la llamada Ley Censura además darán al Estado indebidas facultades para vigilar, investigar y censurar a los ciudadanos, así como para controlar canales, estaciones y plataformas de comunicación. Le da a la Agencia de Transformación Digital facultades excesivas para dar y quitar concesiones, así como para autorizar la comercialización de publicidad.
Ello, en un contexto de terrible incertidumbre jurídica, producto de la reforma al Poder Judicial que pondrá jueces a modo en favor del gobierno, con la consiguiente zozobra para el empresariado nacional e internacional.
