El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que explicar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no emite sanciones o multas sino sólo medidas cautelares a solicitud de los quejosos. Afirmó que respeta la libertad de expresión y manifestó su extrañeza de que la Comisión haga un pronunciamiento en el que le imputa acciones fuera de sus atribuciones y facultades legales.
Este lunes la CNDH dio a conocer un atento llamado a “las personas titulares del INE” a respetar el derecho humano a la libertad de expresión y manifiesta su rechazo a que el organismo electoral imponga sanciones y multas a periodistas y usuarios de redes sociales por expresar sus opiniones sobre el acontecer político del país, las que también afectan a sus audiencias.
En una contundente respuesta, el INE le aclaró al organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra que no emite sanciones ni multas a periodistas y a usuarios de redes sociales (que es el centro del reclamo de la Comisión), y que no es la autoridad que determina los procedimientos especiales sancionadores.
Ante la acusación y el notorio desconocimiento de la CNDH en la materia, el INE le detalló a ese organismo la forma en que procede cuando se presenta una queja: los casos denunciados son recibidos por su Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, que realiza las investigaciones al respecto, “pero no resuelve el fondo de los mismos ni impone sanciones”. Y aclara que ello lo corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de su Sala Regional Especializada y, en última instancia, a su Sala Superior.
El INE le aclaró a la CNDH que su Comisión de Quejas y Denuncias, a propuesta de la Unidad mencionada y previo análisis de cada caso, puede dictar medidas cautelares, que “pueden implicar la suspensión de la difusión de publicaciones en redes sociales hasta que el fondo se resuelva”. Estas decisiones se han tomado desde 2007, cuando le fue dada esa atribución.
El organismo electoral también le dio a conocer a la CNDH que si alguien no está de acuerdo con sus decisiones, puede recurrir al TEPJF, que se encarga de la revisión de la constitucionalidad y legalidad de las determinaciones.
El INE también se refirió a las diligencias que realiza su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que pueden implicar apercibimientos y citatorios a periodistas y usuarios de redes sociales para que se pronuncien respecto a las quejas que les atañen como parte del debido proceso, y no se trata de una vulneración de derechos, “como se insinúa en el pronunciamiento de la CNDH”.
El INE también reclamó la desorientación que el comunicado de la Comisión puede generar, el que emitió aunque carezca de facultades constitucionales para pronunciarse en materia electoral: “Llama la atención que un organismo público autónomo, como lo es la CNDH, emita juicios de valor y pronunciamientos que podrían confundir a la opinión pública, al imputarse al Instituto acciones que escapan de sus atribuciones y facultades legales”.
El organismo electoral ratificó que “siempre ha respetado, promovido y garantizado el derecho humano a la libertad de expresión de periodistas, actores políticos, así como de usuarios, comentaristas, activistas en redes sociales y de la ciudadanía en general”.
Por la mañana de este lunes la CNDH dio a conocer un llamado al INE en el que lo llamaba a respetar la libertad de expresión y que no se atente contra ese derecho mediante la imposición de sanciones y multas que pudieran ser excesivas e injustificadas. Mencionó que las sanciones son un “retroceso para nuestra joven democracia” ya que pueden conducir a la “autocensura y coerción que limitan el debate público e incluso a atizar el clima de violencia que padecen las y los comunicadores”.
La CNDH reconoció que no tiene competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales, como lo establecen tanto la Constitución en su artículo 102 apartado B como como la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero hace una lectura algo forzada del artículo primero constitucional para emitir su llamdo.
Este pronunciamiento de la CNDH lo realiza en congruencia de su defensa no de los derechos ciudadanos, sino del gobierno actual y sus seguidores. Así, por ejemplo, deben recordarse la protección que brindó a Sanjuana Martínez, su extrañamiento a Jorge Castañeda por su opinión sobre un pueblo oaxaqueño o su no tan velada defensa de Vicente Serrano cuando sus provocaciones fueron respondidas por Héctor Suárez Gomís, entre otros ejemplos.
