La mayoría de Morena y aliados en el Congreso de Puebla aprobó en fast-track reformas al Código Penal del estado para castigar el “ciberasedio”, entre las que se proponen penas carcelarias para quien utilice insultos en las redes sociales, esto a pesar de que ONG advirtieron que estas modificaciones buscan censurar la libertad de expresión.
Sin llevar a cabo foros de consulta con activistas, medios de comunicación y ONG especializadas en liberad de expresión y derechos digitales, a pesar de que hubo solicitudes en este sentido, los legisladores poblanos dieron el visto bueno a estos controvertidos cambios legales que se producen en un contexto de distintos diferendos del gobernador Alejandro Armenta contra y algunos medios y periodistas.
En un pronunciamiento conjunto previo a la sesión del Congreso, Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla llamaron a los diputados a dar marcha atrás al dictamen, pues desde su punto de vista, los delitos que buscan incorporar, vulneran la libertad de expresión y los derechos humanos y al no tener parámetros técnicos y legales que los respalden, pueden ser utilizados de manera arbitraria contra la ciudadanía, particularmente personas periodistas y medios de comunicación.
De acuerdo con información de la revista Proceso, se presume que estas reformas llevan dedicatoria a una cuenta de X que se identifica como Aldea Poblana, que se ha distinguido por hacer críticas al gobernador Alejandro Armenta y su gabinete. En tanto, medios locales consideran que el gobierno poblano está resuelto a indagar quiénes están detrás de dicha cuenta y proceder penalmente en su contra.
La iniciativa busca penalizar otros delitos como el espionaje, usurpación de identidad, hacking (acceso no autorizado a un equipo o sistema). En el caso del delito de ciberasedio, se plantean penas de once meses a tres años de cárcel, así como sanción de 50 a 250 UMAS, para quien “insulte, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”.
El Observatorio Ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal cuestionó que el Congreso de Puebla aprobara dichas reformas con un análisis parcial y sin inclusión ciudadana. Consideró que el dictamen implica riesgos que incluyen probables violaciones a derechos, sobrecarga judicial y desigualdad digital.
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