La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), expresó su preocupación de que la nueva ley en la materia, permita que el Estado pueda autoasignarse concesiones para proveer servicios a los usuarios con fines comerciales en el mercado minorista.
Ante la eventual discusión del proyecto de reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio y Televisión en el próximo periodo extraordinario en el Senado, la CANIETI consideró que de prosperar esta disposición se trastocaría el régimen de competencia al destinarse recursos públicos para que el Estado compita en condiciones privilegiadas en materia económica y regulatoria, en detrimento de los inversionistas privados de este sector.
Por ejemplo, se producirían condiciones de inequidad en el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico, rubro en el que los prestadores privados de los servicios tienen que pagar 10 veces más por la utilización de bandas similares.
Advirtió que al permitirse que el estado participe en la explotación comercial del espectro radioeléctrico, sin efectuarse los procesos de licitación correspondientes, se incurre en un conflicto de interés que contraviene los estándares de protección de tratados de inversión celebrados con más de 30 países, como el T-MEC y el TPP.
“Esto daría paso a que el Estado no provea servicios en condiciones equitativas y, además, la red mayorista podría obtener descuentos en costos de espectro y acceso a presupuestos y bienes públicos, de los que no gozan sus competidores en el mercado”, indicó la CANIETI en su posicionamiento.
La CANIETI advierte que de aprobarse la Ley de Telecomunicaciones, en los términos que se platean en la reforma, se desvirtúa el papel esencial del Estado que es garantizar la conectividad y subrayó que si la penetración de los servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas y con tarifas más bajas que en otros países, se debe a las inversiones y la competencia que hay actualmente y que con la reforma, podrían estar en riesgo.
Por último, la Cámara señaló que si bien se reconoce la apertura al diálogo por parte del Senado y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones durante los conversatorios, es necesario que se tomen en cuenta las opiniones que en ellos se emitieron para enriquecer el proyecto y evitar las distorsiones en el mercado que implicaría el uso de recursos públicos para fines comerciales.
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