La sesión especial de la ONU a la que el presidente Peña Nieto ha decidido no asistir es la que tendrá lugar a partir del 19 de abril en Nueva York y está dedicada al “Problema mundial de las drogas”.
Es la tercera en su tipo. La primera fue en 1990, celebrada a petición de Colombia, la segunda en 1998 para dar seguimiento a la primera. Tuvieron que pasar 18 años para que se convocara la tercera, de abril, en un contexto internacional marcado por el creciente reconocimiento global, fuera de la ONU, del fracaso de la política prohibicionista.
No hay gran cosa que esperar de la siguiente asamblea en el sentido de que pueda alterarse seriamente alguno de los tres principios fundamentales del prohibicionismo: contener la oferta y “cooperación internacional” en la persecución.
Pero la asamblea está lejos de ser monolítica y hay un espacio en el que los países pueden incidir y ganar margen de maniobra para sus propias políticas unilaterales.
Según Lisa Sánchez (“La sordera de la ONU”, Nexos, abril 2016), la asamblea de la ONU tiene tres corrientes. La más dura, formada por Rusia, China, Tailandia, Pakistán y los países árabes, que ven las drogas como una amenaza a su seguridad nacional. Una posición conservadora intermedia es sostenida por países como Japón, Suecia, Paraguay, Perú, Cuba y Sudáfrica, que “reprueban el consumo de drogas y defienden la aplicación de medidas punitivas para disuadirlo”.
Finalmente está la corriente más abierta, que privilegia la reducción de los daños más que la prohibición y que incluye a México, Colombia, Guatemala, Uruguay, Países Bajos, República Checa y el llamado Grupo Cartagena, formado por 26 países de todos los continentes, salvo Asia.
