A poco tiempo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador jugara la carta de la “seguridad nacional” en el tema del Aeropuerto de Santa Lucía, el juez encargado del caso, Juan Carlos Guzmán Rosas, tras “nuevas reflexiones”, ha cambiado de parecer y negó una nueva suspensión a las obras.
De acuerdo con la sentencia dictada el pasado 25 de septiembre y divulgada por el diario Reforma, Guzmán Rosas negó un nuevo amparo en contra de realizar dichas obras ya que “significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional”, esto, luego de una solicitud hecha por la Sedena para que se considere en el asunto la cualidad “estratégica” de Santa Lucía para la seguridad nacional.
Este lunes, el juez Guzmán Rosas informó que la audiencia en la que se resolverá definitivamente si procede la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional se realizará el miércoles 2 de octubre. En dicha audiencia se resolverá si se deja sin efecto las diversas suspensiones que se han otorgado al proyecto, aunque de la sentencia emitida el 25 de septiembre, se infiere que así será.
Argumentar la importancia militar de Santa Lucía como la base más importante del país fue el argumento legal más reciente que presentó el gobierno federal, quien señaló que frenar las obras impacta en la capacidad de respuesta del Ejército en labores esenciales para la seguridad nacional y de atención a la población en caso de desastre.
A pesar de que es verdad que dicha base es la más importante en material militar, el gobierno no justificó de qué manera frenar las obras de un aeropuerto civil impacta en la capacidad de respuesta militar.
“De concederse la suspensión, se sigue el perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo“, dice el juez.
De hecho, especialistas en derecho han señalado que podría ser justo lo contrario: que tener obras civiles en dicho lugar ponga en riesgo el secreto militar que debe tener una base estratégica y que contar con trasiego de pasajeros civiles entorpezca la capacidad de respuesta en labores de protección a la población, por saturación del espacio aéreo.
Y en realidad, con la suspensión de las obras, no se impide al Estado el uso del espacio aéreo, ya que los amparos concedidos no impiden la operación de la base militar, la cual funciona desde hace muchos años.
No obstante, el juez Guzmán, quien fue designado como juez único del caso, ante la multiplicidad de demandas en contra de Santa Lucía en diferentes juzgados, ya está cambiando de parecer, esto, a pesar de que hace apenas un mes concedió un amparo de suspensión al colectivo 12 Pueblos de Tecámac, quienes presentaron una queja por no haber sido consultados debidamente en su calidad de pueblos originarios y afectados por las obras.
Guzmán concedió tres suspensiones definitivas a diferentes demandantes para frenar las obras en Santa Lucía, en julio y agosto pasados, y también se pronunció a favor de conservar las obras en Texcoco.
Uno de los argumentos que dio por válidos en sus sentencias previas (que el Estado debe hacer correcto uso de los recursos públicos) y que fueron clave para otorgar la suspensión ahora fue utilizado a favor del gobierno federal.
Incluso el juzgador abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del tribunal colegiado-, de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.
Otorgar la suspensión argumentando el uso eficiente de los recursos públicos es improcedente porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio”.
Así, todo indica que el juez otorgará permiso para que se construya el AISL.
Al respecto, el colectivo #NoMásDerroches dijo el pasado 25 de septiembre que la suspensión de las obras “no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social ni el orden público” ya que el aeropuerto aún no existe y por ello, no puede ser declarado instalación estratégica.
