La acción jurídica sirve al respeto de la norma. El congreso de Baja California abusa de su autoridad y debilita al poder legislativo local y a la federación con el desconocimiento del periodo de dos años que el morenista Jaime Bonilla debe cumplir como gobernador de transición en la entidad por mandato ciudadano. Por qué dos años, porque el Estado mexicano definió la homologación del calendario electoral sexenal para que las elecciones en el país estén sujetas a las mismas circunstancias en toda la federación. Este ajuste implica restituir la normalidad al periodo electoral, no hacerlo implica desobedecer decisiones legales de otro orden jurisdiccional, pero, principalmente, negar la libertad y el derecho de decisión al ciudadano y transferirla al legislativo.
No, los legisladores no se representan a sí mismos ni a su partido, representan a los ciudadanos mexicanos. Si el voto ciudadano no se respeta, se rompe el pacto constitucional y se vulnera el Estado de derecho. Las leyes no son un arma política sino una garantía de una convivencia social respetuosa de las normas. La modificación del mandato del gobernador de Baja California, el 8 de julio, que realizó el Congreso, implica un fraude postelectoral y debilita las leyes parlamentarias porque sienta un pésimo precedente de la acción legislativa, por lo cual, toca intervenir al sistema de justicia a favor de la constitucionalidad
Si revisamos nuestra historia política, observamos que Baja California marca un hito en el abandono al modelo hegemónico priista de partido dominante; porque sus ciudadanos eligen al primer gobernador de oposición en el país, hace justo treinta años. Ahora, con esta componenda o contubernio, como bien califica el politólogo Jorge Javier Romero, en su columna que se publica hoy¹, al acuerdo de las fuerzas políticas partidarias de la legislatura saliente que reforma el periodo del gobernador a 5 años, un nuevo modelo de hegemonía política, liderado por MORENA, el partido del presidente, pretende marcar un retroceso, también histórico, a la construcción de la democracia en México. La subversión, el desorden, la aplicación selectiva de la ley debilita las instituciones y favorece la narrativa del ejecutivo federal que alardea: al diablo con las instituciones.
Este gobierno se está empeñando en debilitar el sistema de mecanismos de control y equilibrio, los ciudadanos debemos estar alerta, dado que no hay constituciones totales y las lagunas se pueden usar en contra. Hoy hablamos de un caso abiertamente ilegítimo. El nuevo régimen no va a declarar un golpe de Estado, un cese repentino de las instituciones ni la abolición de la constitución o la desaparición de poderes, no puede hacerlo. Aunque ya existen personajes públicos de primer orden, como Cuauhtémoc Cárdenas, que están solicitando la desaparición del Congreso local de Baja California². Cómo, si el Congreso está por renovarse. El otrora dirigente del PRD opera como representante de la izquierda democrática ultraindignada, con el objetivo de golpear a la pretendida derecha panista que se alió con los moronistas, perdón, morenistas; pero lo que pide rebasa con mucho esa intención y a quien golpea es a un poder gubernamental. Qué fácil le parece desaparecer y a aparecer Congresos. El gobierno y sus esbirros van por un proceso gradual y paulatino, aunque no lento, de reformas legales exprofeso, o lo que es lo mismo, que beneficien a la élite política que están construyendo. Las instituciones perseveran porque permanecen por encima de voluntades o pactos de interés de grupo o clientelar, por voluntarismos codiciosos, por componendas corruptas; porque ejecutan, redactan y aplican leyes que obedecen al bien común, al de la república federal representativa. Así lo determinamos los mexicanos en las constituciones de 1824, 1857 y 1917. Por qué afirmar lo que es evidente, porque la cuarta transformación no respeta el orden constitucional y opera con la intención soterrada de revertirlo. No figura en su narrativa, le restaría popularidad, se escuda en las viejas formas de hacer política, pero su proyecto muestra una clara tendencia, en los hechos, de abaratar las leyes, de disminuir las instituciones y minar la autonomía de los poderes.
1. Jorge Javier Romero Badillo (11. VII. 2019), El contubernio inadmisible, Sin embargo. https://www.sinembargo.mx/11-07-2019/3610816
2. https://twitter.com/c_cardenas_s/status/1148804192800321536
