El miércoles 7 y jueves 8 de octubre tuvo lugar en la Cámara de Diputados uno de los más grandes saqueos en la historia de nuestro país: la “discusión” y votación para la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Discusión es un decir, solo hubo oídos sordos a los argumentos para su defensa y propuestas de beneficio común.
La justificación de tal atraco -lo dice el dictamen- es la atención de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y poder enfrentar la crisis económica generada por el confinamiento; la necesidad de eliminar gastos innecesarios y erradicar la opacidad en la gestión de los recursos públicos. El propio presidente ha acusado que en estos fideicomisos hay corrupción y que los que los defienden son unos ladrones.
Otras muchas personas pensamos que la verdadera motivación es el deseo incontrolable de concentrar recursos y decisiones en una sola persona, promotor de un proyecto centralista que ha deteriorado las finanzas públicas, violenta tiro por viaje la división de poderes y está empeñado en destruir las instituciones y conquistas que le han llevado años conseguir a la sociedad civil organizada.
Apoyado por el voto de sus obedientes lacayos, el presidente dispondría ahora de 68 mil millones de pesos destinados al Fondo de Desastres Naturales; el Fondo de Financiera Rural; el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el Fondo de Investigación Ambiental; el Fondo para el Cambio Climático; el Fondo de Investigación para la Educación; el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología; el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine; el Fondo de Innovación Tecnológica; el Fondo Institucional del Conacyt; el Fondo Sectorial para la Innovación; el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el Fondo Metropolitano, entre muchos otros, engendrados para promover la justicia social.
68 mil millones de pesos arrebatados a damnificados de desastres naturales; a los niños y mujeres enfermos de cáncer; a personas víctimas de delitos; a periodistas y defensores de derechos humanos; a productores del campo; al sector cultural; a atletas paralímpicos y deportistas; a micro negocios; a la innovación, ciencia y tecnología; a proyectos de desarrollo regional; al combate al cambio climático; al impulso de energías limpias; al fortalecimiento de la infraestructura para salud, educación, el desarrollo regional o a personas migrantes.
Es decir, la disposición total de recursos que estaban destinados para el apoyo de múltiples sectores del país para ser usados al gusto del pequeño dictador de manera opaca, sin reglas claras, sin mecanismos de vigilancia, transparencia ni rendición de cuentas, lo que ha sido su sello característico. ¿Dónde están, en qué se gastó los dineros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos?
Y fueron 72 mil 245 firmas, todas ellas provenientes de la sociedad civil (a quienes por cierto trataron de evitar a toda costa su ingreso a la “Casa del Pueblo”), en contra de la extinción de estos fideicomisos, que no fueron tomadas en cuenta por la “representación popular” de la mayoría encabezada por Morena, una mayoría que no actúa por sus representados y no ejerce la responsabilidad a la que está obligada. Protestaron desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les confirió mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación. Así pues, la nación se los demandará.
Ahora la discusión está en manos del Senado, esperemos que como en otras ocasiones, quepa allá la congruencia, se enmiende la plana y se evite este atraco anunciado. Por el bien de todos.
