¡El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso! No es necesario contar con mas de 60 años de edad para recordar esta popular serie radiofónica que se transmitió, con bastante éxito y de forma ininterrumpida desde su inicio en el ya lejano 1942 hasta 1961. El autor de la misma fue el español naturalizado cubano Castor Vispo, y mantuvo en el aire, en vivo, en Cuba, este programa hasta que fue ahogado por la intolerancia castrista que pretendió someterlo a censura previa.
Este programa radial ha tenido tanto éxito que hasta la fecha, ya avanzado el siglo XXI, es posible escucharlo en diversas radiodifusoras de México.
“La tremenda corte” cumplió a cabalidad el fin para lo que fue diseñada. Ofrecer un programa cómico con bastante ingenio, donde se resolvían multitud de problemas legales utilizando el sentido común y la inteligencia.
Pero en México también tenemos una “tremenda corte”, solo que esta no es un programa radial, ni su función es servir de diversión al publico. No, en teoría la tremenda corte que tenemos, esa que lleva por nombre Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de solucionar de manera definitiva asuntos de gran importancia para la sociedad.
Suena importante la encomienda. El asunto es, ¿están a la altura de las circunstancias?
Históricamente la respuesta es debatible. Hasta un pasado no muy lejano se consideraba que las decisiones importantes de la SCJN eran consultadas con el titular del Ejecutivo. Eran los tiempos dorados de la llamada “Dictadura perfecta”.
Entrando en tema la Tremenda Corte que tenemos en México está integrada por un heterogéneo grupo de profesionales de la ley que reciben el nombre de “Ministros” cuyo trabajo es pontificar sobre temas legales, tienen un sueldo muy alto, inalcanzable para el común de los mortales y al final de su trabajo tienen asegurada una jubilación dorada.
¿La imagen que el ciudadano común tiene de la SCJN es buena? No precisamente ya que cada que dictaminan algo dan pié a criticas, desde las fundadas y educadas hasta las francamente agresivas. Todas con un común denominador: Cuestionan su verticalidad y autonomía. Dan por hecho que no actúan basados en la legalidad, sino por consigna e influenciados por el entorno político.
Cuesta cierto trabajo defender a la Corte. Sus antecedentes en juicios como el anatocismo, el caso Lydia Cacho , la nebulosa defensa inicial de Mario Marín, el turbio e impreciso caso de la liberación de Florence Cassez, el protagonismo del ministro Zaldívar Lelo en el caso de la guardería ABC cuando ignorando información técnica y médica básica se dejó llevar por un arrebato de redentor. Por cierto, ese mismo ministro Zaldívar Lelo fue el que dijo, en cadena nacional “Erario publico”, barbaridad sólo comparable a decir “subir para arriba” o “salir para afuera”.
Imposible olvidar el caso Atenco. Recordemos que los macheteros de Atenco bloquearon una carretera y retuvieron a policías a quienes ataron por más de un día con la amenaza de quemarlos vivos si el gobierno no accedía a sus demandas. A los funcionarios del Estado de México que fueron a dialogar los amarraron al kiosco de la plaza y los rociaron de gasolina, con el aviso de que los quemarían si las cosas no salían como ellos deseaban
En televisión nacional, en vivo y en directo, se vio como personas de Atenco medio mataron a un policía. Tirado en el piso, el policía recibió patadas en el cuerpo y en la cara hasta quedar inconsciente.
Los macheteros quemaron patrullas de la policía y un camión de una empresa privada (Coca-Cola) simplemente porque les dio la gana. El desprecio que mostraron por la legalidad fue absoluto.
Apenas cuatro años después la tremenda corte los liberó. Argumentó el ministro Silva Meza: las sentencias se dieron “a partir de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito…”. No siendo suficiente esto agregó que las condenas dejan ver una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar ser oposición”.
Tomando en cuenta esto, algún día bastará con declararse parte de una protesta social contra una decisión de la Corte, para que no sea delito arrastrar y atar los ministros y rociarlos de gasolina. Han sentado jurisprudencia: cualquier delito se le perdona a un movimiento social porque la protesta no debe ser “criminalizada”.
La tremenda corte hace jurisprudencia, pero por puro sentido común también debería mandarse hacer togas de material incombustible; las ocuparan cuando la protesta social los alcance.
