Una señal de decadencia en el lenguaje público es la forma en que las palabras pierden significado, de tal forma que se entienden de la forma en que lo desea un líder. Ya sea a través de eufemismos o simple tergiversación, algunas expresiones clave son transformadas para legitimar a un gobierno y sus políticas. Es nuestra responsabilidad denunciar estos usos, so riesgo de ayudar a que arraigue un régimen.
En este espacio se dedicó una serie de textos sobre estas transformaciones lingüísticas, bajo el título colectivo de “Léxico del nuevo autoritarismo”. Vale la pena insertar un nuevo vocablo a la serie, pues ya está comenzando a mostrar sus efectos en la gobernabilidad: la austeridad, calificada como “republicana”.
Partamos de una definición que ayudará a comprender mejor el problema: Estado mínimo. Para la teoría liberal, es un Estado reducido al tamaño que necesita para cumplir con dos funciones básicas: protección de la vida y seguridad en la propiedad del individuo. Una estructura menor implicaría un riesgo para la seguridad nacional. Bajo esta premisa pueden existir instituciones que presten otros servicios como salud, pero su financiamiento debe estar respaldado por impuestos.
Cuando un gobierno gasta demasiado, se endeuda y no puede pagar es forzado a adoptar planes de austeridad. Esto significa aumentar impuestos y reducir el gasto público a través de recortes presupuestales, regresando en lo posible a un modelo de Estado mínimo.
Ajustes como estos generan reacciones y por lo general quienes pierden algo tachan a estas medidas con calificativos de todo tipo o incluso desinforman. Por ejemplo, al decir que un Estado mínimo es “asesino” o “neoliberal”, mientras se busca restaurar el intervencionismo público en la vida económica del país.
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Llegamos a la “austeridad republicana”. Por décadas el PRI inculcó una imagen de austeridad que debían seguir nuestros gobernantes, reforzada por mitos históricos y anécdotas. Por ejemplo, se decía de un político cuya vida no aparentaba ser ostentosa, aunque las bardas de su casa medían 5 metros, de tal forma que nadie podía mirar hacia adentro. Incluso, seguía la narración, aunque llevaba el mismo carro, cada dos años uno de sus empleados lo llevaba a Estados Unidos para que le cambiaran el motor, las suspensiones, las llantas y las vestiduras.
La historia descrita arriba explica la “austeridad republicana” desde la óptica priísta: la creencia en que la probidad de una administración dependía de los atributos de un gobernante en lugar de instituciones que generen contrapesos y reglas que los obliguen a transparentarse a rendir cuentas y que generen consecuencias si se descubre un acto de corrupción. Para tenerlo más claro, la narrativa oficial iba a contrapelo de un elemento importante en toda democracia: empoderar al ciudadano.
Morena retoma esta narrativa y le agrega otros elementos. Durante el pasado periodo de sesiones se presentaron antes la Cámara de Diputados dos iniciativas en materia de “austeridad republicana”, presentadas respectivamente por Manuel Rodríguez Gonzáles y Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena. Existe ya un pre dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el que nos basaremos.
El artículo 5 define a la “austeridad republicana” como: valor republicano y política de Estado que los entes públicos están obligados a acatar para combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, salvaguardando en todo momento el patrimonio del Estado. Es decir, el precepto del PRI se convierte en un objetivo supeditado a un modelo de desarrollo. En la práctica se ha visto que su implementación va en contra de la institucionalidad.
Todavía más: al no haber criterios claros sobre la eficiencia de las instituciones, la austeridad ha convertido a la lucha contra la pobreza no en un medio, sino en un fin en sí mismo, en el afán de generar clientelas que afiancen electoralmente al nuevo gobierno.
Hay otro elemento todavía más riesgoso para el Estado: las reducciones presupuestales a nombre de la “austeridad republicana” han llevado al debilitamiento de las instituciones. Los recortes a la burocracia han fomentado la fuga de talentos, y con ello la pérdida de expertise.
Por otra parte, los recortes a las instituciones públicas las orillan a incumplir con sus funciones. Por ejemplo, el INE ha declarado no poder realizar elecciones extraordinarias. El pasado jueves 24 el INEGI declaró que debido al recorte presupuestal no podrá realizar proyectos como el Censo Agropecuario y la Encuesta de Gasto en Hogares. Mientras tanto, las estructuras paralelas al Estado conocidas como “Siervos de la Nación” comienzan a recabar información a través de los llamados censos de bienestar en la total opacidad.
Así seguirá el proceso de debilitamiento de las instituciones a menos que presionemos no sólo a nuestros diputados que pueden perder ya su cargo en 2021, sino también exigiendo garantías de asignaciones mínimas en el presupuesto y, sobre todo, mejores estándares de transparencia y rendición de cuentas para que no vuelva a haber abusos.
