Es indispensable vigilar el uso de lenguaje de nuestros gobernantes, en la medida que define percepciones y teje narrativas. Especialmente cuando se mezclan expresiones emotivas y hasta religiosas, toda vez que llevan al escucha a pensar en términos absolutos y maniqueos: o se está con el gobierno o contra éste.
El pasado domingo 20, el López Obrador dijo dos cosas durante su conferencia de prensa en seguimiento a la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, que deberían prender algunos focos amarillos, toda vez que reflejan su forma de ver la política.
La primera: cuando afirma que Petróleos Mexicanos y el gobierno estaban en manos de bandoleros y rufianes, agregó que no luchó ni lo apoyó la gente para estar en su lugar y después convertirse en alcahuete de corruptos. Y que incluso “aunque a algunos no les guste y me llamen mesiánico, voy a purificar al país”. Segunda: afirmar que no se perseguiría a quienes delinquían “por hambre”.
¿Cómo leer esto?
Pare empezar, hablemos de la palabra “purificación”. De carácter eminentemente religioso, implica que hay dos tipos de personas en la comunidad: los puros y los impuros; haciendo que esta expresión sea polarizante en la línea de otras como “fifís” o “mafia del poder”, por ejemplo. Hasta este punto no sería tan distinta a otros términos que ha usado el tabasqueño.
Sin embargo, encierra un riesgo mayor: la purificación es vista como un estado final de un proceso y que se tiene que alcanzar cueste lo que cueste. Si vale la pena pagar cualquier cosa, entonces las muertes en Tlahuelilpan son un sacrificio necesario, aunque doloroso. Y si el plan es eliminar a los “impuros”, cualquier otro recurso será igual de válido. Esos son los riesgos de meter términos religiosos en el lenguaje político. ¿Qué tan lejos puede llegar? Dependiendo de lo que le apoye el pueblo.
Por otra parte, la distinción entre “corruptos” y quienes delinquen por hambre refleja cómo el presidente ve lo público y pretende gobernar si añadimos que su interés es promover lo que entiende como honestidad.
Una persona no es corrupta por naturaleza, sino incurre en actos considerados de corrupción. Influyen en esta circunstancia un marco legal que no tipifica las conductas y que tampoco sirve para exigir cuentas. Creer que el problema es cuestión de una actitud o un estilo de vida es evadirlo. Es más, el presidente ha atraído en torno a sí a legiones de políticos con escándalos, purificándolos tan solo con su bendición.
Por lo tanto, no es que López Obrador vaya a ser un alcahuete, sino que usará el calificativo a conveniencia y según se le apoye o no. Abonará a la impunidad su visión respecto a la honestidad como estilo de vida en detrimento de la institucionalidad.
Todavía más, si una persona delinque porque se ve obligada, entonces no es responsable de sus actos y por ello se infiere que el estado de derecho es flexible y selectivo bajo la visión del gobernante. Si las leyes no valen, entonces lo que opera es la visión bondadosa e indulgente del tabasqueño, tal y como ocurre con los corruptos.
Así se nos gobernó por décadas: si los pobres invadían predios, era por pobreza sin importar si eran terrenos de empresas que se oponían al gobierno. Si depredaban recursos naturales por pobreza, también era válido. El objetivo al final de cuentas es agruparlos para movilizar votos a cambio de apoyos.
Este artículo fue publicado en Indicador Político el 24 de enero de 2019, agradecemos a Fernando Dworak su autorización para publicarlo en nuestra página.
