Se estrena una nueva temporada de “videoescándalos”. Los primeros ocurrieron en 2004 vinculados con gente cercana al Jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, como René Bejarano y Gustavo Ponce. Él se deslindó (para lo cual es muy hábil), la gente le creyó y no hubo mayor daño político para él o su gobierno, pese a que en algún interrogatorio Bejarano dijo “Andrés sabe todo, pero no es tonto”. AMLO consideró como una infamia la divulgación de esos videos, como parte de un como complot en su contra. Hoy, en cambio, López Obrador promueve la divulgación de otros videos similares porque no van dirigidos contra él sino contra sus adversarios políticos. Ahora la difusión de esos videos no son un complot ni responden a intereses oscuros, y su difusión debe ser considerada como “razón de Estado”.
El caso es que prácticamente todos los comentócratas, hayan votado por AMLO o no, estén arrepentidos por ello o no, coinciden en que el caso de Emilio Lozoya representa una oportunidad histórica, un punto de inflexión en el combate a la corrupción y el fin de la impunidad que ha caracterizado a nuestro país desde siempre (y no sólo desde el neoliberalismo). Podría llegarse a llamar a cuentas a uno o más expresidentes de la República, lo que nunca ha sido el caso, como sí ha ocurrido en casi todos los países de América Latina. Y eso sería un enorme precedente en la lucha contra la impunidad. Pero esa oportunidad podría perderse. El escándalo tiene una doble vertiente; la aplicación estricta de la justicia sin sesgos y la utilización político-electoral del proceso mismo. Esto segundo debe darse por hecho que ocurrirá, y al parecer es prioritario para el presidente según sus propias declaraciones (no desea llamar a cuentas a ningún expresidente, pero está dispuesto a consultar al pueblo, lo cual atenta contra el estado de derecho). Seguramente la difusión de testimonios y declaraciones, y la exhibición de videos y documentos comprometedores generará mayor rechazo a la oposición en 2021, y le dará un buen capital político para el presidente y su partido.
Lo nuevo ahora ya es el hecho de que haya un acusado que se convierte en acusador para reducir su penalización (y la impunidad para su familia, también involucrada). Eso corresponde a la nueva figura de “oportunidad” que hace poco no teníamos. La lógica de ello, aplicada con buenos resultados en Estados Unidos y otros países, es que se sacrifica el castigo a un “pez mediano” (pero no charal) que ofrecerá información y pruebas para detener a uno o más “peces gordos”. El saldo para la justicia y el país sería positivo. El riesgo que muchos expertos vislumbran es que lo que pueda aportar Lozoya no sea suficiente para llegar a las últimas consecuencias (la encarcelación de los “peces gordos” involucrados). Se supone que hay pruebas contundentes, e incluso se había hablado de los videos como pruebas, pero ahora nos aclaran que eso no tienen fuerza legal. En cambio, servirán muy bien para el circo mediático que tendrá buenos dividendos políticos al gobierno y su partido. Una de las muchas preguntas que están en el aire es, ¿qué pasaría con el propio Lozoya si lo que aporte no basta para cumplir el objetivo de penalizar a los peces gordos que él delata? ¿Se le mantiene la promesa de darle trato privilegiado, o se le aplican las penas que en principio le corresponderían a partir de los delitos que se le imputan y que él reconoce, aunque bajo la cobertura de que obedecía órdenes superiores?
