A una década del nacimiento de la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” (publicada el 1 de febrero de 2007) y de un presupuesto federal de 177 mil 329.7 millones de pesos en materia de género, los avances son inexistentes.
Hilda Ríos / CUARTOSCURO.COM
Hace unas semanas el INEGI difundió la “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares” (ENDIREH) 2016, donde se muestra que de un total de 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años, alrededor de 30.7 millones, es decir, el 66.1%, han padecido al menos un incidente de violencia durante su vida. Pero esto no es nuevo: en la edición de 2006 de este instrumento el porcentaje era de 67, es decir: en el país desde hace más de 10 años 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia.
En esta entrega el documento señala que el mayor índice de violencia es ejercido por parte de la pareja o expareja, en un 43.9%, en la encuesta de 2011 el porcentaje fue de 46.6%, y aunque esta forma de violencia está comprendida dentro del rubro familiar, es la que se presenta con mayor frecuencia, el propio estudio así lo advertía desde su primera edición en 2003, ya que en ese levantamiento se evidenció que el lugar donde las mujeres son más violentadas es en sus propios hogares.
Los indicadores parecen inamovibles, pues la segunda forma más común de violencia es aquella perpetrada en los espacios públicos. La ENDIREH 2016 revela un porcentaje de 38.7%, pues hace 10 años la proporción era la misma: 4 de cada 10 mujeres reportaron violencia por parte de la comunidad, y al igual que en esta entrega su mayor miedo era sufrir un ataque sexual (34.3% en 2016 y 36.6% en 2006). Tal parece que la violencia en el país es sistémica, cambian las ediciones pero no los resultados.
La razón principal para tener un presupuesto federal “sensible al género” es la inclusión de la población femenina en todas las esferas de la sociedad, y el primer elemento sin duda es en materia laboral, y aunque las mujeres hemos ganado espacios en este terreno, pues ocupamos el 38.04% de la fuerza económicamente activa en el país, también los salarios son mucho menores. Así lo reflejan los datos del Banco de Indicadores del INEGI 2017, pues revelan que al día de hoy hay 19 millones 726 mil 958 mujeres con trabajo remunerado y de este total 53.98% (4,017,818) perciben un salario mínimo. En cambio cuando hablamos de quienes reciben más de cinco salarios mínimos, sólo se contabilizan 744 mil 935 mujeres. Otras formas de violencia que experimenta esta población en sus centros de trabajo son el acoso y el hostigamiento, la ENDIREH 2006 reflejó un 29.9% de violencia laboral, cinco años más tarde el porcentaje era de 20.6 y en la más reciente edición, ese aparente avance cedió para ubicarse en un índice de 26.6% para 2016.
Otro indicador es la violencia escolar, que tuvo un repunte alarmante al ubicarse en 25.3% en 2016, mientras que en 2006 fue de 15.6%. Al ver más de cerca los porcentajes, resulta que las agresiones físicas llegaron a 16.7%, mientras que 10 años antes ocupaban un 6.5%. Para 2016 los ataques sexuales afectaron al 10.9% de las jóvenes, mientras que en 2006 fueron el 2.1%.
La perspectiva de género se convirtió en un tema ineludible y comenzó a permear en el presupuesto federal desde 2008, ésto como un esfuerzo para erradicar la violencia hacia las mujeres y promover la equidad. Desde ese primer año se destinaron recursos multimillonarios a través de diversos programas, hoy agrupados bajo el título de “Presupuesto etiquetado para la Igualdad entre hombres y mujeres en México”. En su primer año de vida el monto fue de siete mil 24.9 millones de pesos y cada periodo ha ido en aumento, en 2009 se destinaron ocho mil 981.6 millones, al siguiente 10 mil 920.8; 2011 con 14 mil 916.5; para 2012 fueron 16 mil 752.9 millones, 2013 tuvo 18 mil 760.6; en 2014 se asignaron 22 mil 341.1; para 2015 se destinaron 24 mil 308.2 millones, al ejercicio siguiente 25 mil 898.5 y en este año 27 mil 424.6 millones de pesos y es que estos exorbitantes montos deberían asegurar algún tipo de avance en la materia, pero en realidad la violencia no cede y en varios rubros ha aumentado exponencialmente.
Es importante señalar que los recursos no llegan a las víctimas de la violencia, pues son repartidos en varios ramos y además, los legisladores se han encargado de recortar año con año la ayuda. Según el “Gasto Público Federal en Equidad de Género” con datos de la SHCP, el dinero se destina en 94.4% en “Acciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres” y “erradicación de cualquier tipo de discriminación de género” con 25 mil 888 millones 822 mil 400 pesos para este año. En este grupo de políticas entraría la violencia comunitaria, escolar y laboral, además de la perspectiva de género, programas de transversalidad, equidad y desarrollo entre otros, mientras que sólo el 5.5% se destinó a la erradicación de la violencia.
Nacho Ruíz / CUARTOSCURO.COM
De acuerdo con este documento, en su Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres” desde el 2008, los recursos aprobados han crecido alrededor de 12.1% cada año, (aunque en 2009 y 2010 se registran inconsistencias entre el monto designado y el gasto real, en 2009 la diferencia llegó a los 500 mil pesos). Aquí también aparecen registradas las cantidades recibidas y las reducciones hechas por los legisladores, en 2016 las actividades legislativas recibieron 18 millones de pesos y para 2017 obtuvieron 29 millones, un 55.9% más de recursos. En el ramo E013 que es para “Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y atender asuntos de la mujer se otorgaron 27.2 millones de pesos en 2016, mientras que para este año hubo un incremento de 3.5 millones (9.2%). En cambio, en el rubro P010 “Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” en el 2016 se designaron 466.8 millones y para el 2017 sólo 420.7, es decir, una reducción de 46.1 millones (12.8%). En el apartado S010 “Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género” sí hubo incrementos, pasaron de 323.9 millones en el 2016 a 378.9 al periodo siguiente (un aumento de 55 millones).
Lamentablemente, el área más castigada se dedica a “promover la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres” E165, ya que este año recibió 32.5 millones de pesos menos que en 2016. Para este periodo tendrá 171.8 millones, una reducción de 18.6% con respecto 2016, donde obtuvo 204.4 millones. Es muy significativo que este rubro reciba alrededor de la mitad o incluso menos que aquellos dedicados a la igualdad y a la transversalidad. Esto sólo evidencia aún más la desproporción de los recursos, al dedicar más del 94% a acciones y programas y no a las víctimas.
Parece que los legisladores no se percatan de que al destinar de forma tan asimétrica los presupuestos están vulnerando dos derechos humanos: el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, ya que en el país desde hace años, 7 mujeres son asesinadas diariamente, hay alerta de género en varias entidades y 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia desde hace más de una década. La acción primaria del gobierno debería ser proteger la vida y asegurar el bienestar de su población femenina y como acción inmediata, orientar el “Presupuesto de Igualdad” a erradicar la violencia de género, y no por el contrario asignar estos montos multimillonarios a políticas públicas y a instancias gubernamentales. La pregunta es ¿qué queda para las víctimas?.
