100 números, 100 momentos. Éste es un repaso de los episodios que nos ha tocado atestiguar y protagonizar desde noviembre de 2000, cuando etcétera comenzó a circular como una revista mensual, hasta la fecha. Nuestro recuento se divide en lo que consideramos los diez momentos y las 90 instantáneas más importantes en materia de medios en México y el mundo, de los que nos ha tocado dar cuenta. En estas páginas revisitamos junto con el lector hechos tan lamentables como la aprobación del decretazo, el despojo de las instalaciones de CNI Canal 40 por parte de TV Azteca, el preocupante problema de inseguridad que enfrenta el país y sus implicaciones en el trabajo periodístico; así como sucesos que nos hacen congratularnos como la entrega de permisos a las radios comunitarias o la caída de la Ley Televisa. Lo invitamos a hacer este recorrido con nosotros.
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1. El decretazo
Ese 10 de octubre de 2002, en las ocho columnas de El Universal de se leía: Cambian reglas para radio y TV. La noticia, que tomó por sorpresa a muchos, hace referencia a un decreto que el presidente Vicente Fox hizo publicar ese día, en el que se deroga el impuesto de 12.5% en tiempo aire que los concesionarios estaban obligados a otorgar al gobierno.
De esta manera la administración foxista dio la espalda a su intención por reformar la ley de radio y televisión: la medida fue tomada mientras se realizaban una serie de discusiones sobre el tema en la Segob, en las que participaron varios sectores de la sociedad. En ninguna de estas mesas se puso a consideración ni se informó siquiera el asunto del decretazo.
¿Toma todo o todos ponen?
Entre la medianoche del miércoles y la madrugada de ese día, el gobierno y los concesionarios apuraban los acuerdos y afinaban la redacción de lo que sería el decreto presidencial.
Intercambios telefónicos, llamados de conciliación, bostezos atemperados, riesgos de quiebra y abogados apurados, entre ellos el representante legal de Televisa y abogado de la CIRT, Javier Tejado Dondé. Con una rapidez poco usual, la resolución estaría circulando horas después en el DOF. La prisa, dijo el señor Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y entonces presidente de la CIRT, fue porque lo bonito para la industria era que se anunciara en la semana de la radio y la televisión (…).
Los cuestionamientos vendrían de inmediato (…) 1) El gobierno dio al traste con su propio discurso; 2) entregó bienes del Estado a manos de particulares y, 3) participó de una operación política que constata la proclividad del Presidente por actuar junto con y a través de los medios electrónicos (tomando como base las próximas elecciones federales).
El 18 de octubre, la Segob publicó en la prensa un desplegado donde intentaba aclarar: 1) que no se elimina el impuesto que dio origen al 12.5%, lo que se abrogó fue el acuerdo presidencial que hacía posible el pago de este impuesto en especie; 2) que los tiempos del Estado en radio y televisión son los mismos pero mejor distribuidos y, 3) que la emisión del decreto y el reglamento no interrumpe los trabajos de la mesa para la revisión integral de la legislación de medios electrónicos.
Marco Levario Turcott, noviembre 2002, núm. 25
2. Despojo a Canal 40
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| Foto: Cuartoscuro |
Una de las frases más emblemáticas del gobierno foxista fue el ¿Y yo por qué? con el que el mandatario respondió a un reportero de CNI Canal 40, cuando éste le preguntó sobre el asalto de sus instalaciones por parte de un comando armado, enviado por TV Azteca. La señal de Televisora del Valle de México regresó al aire una vez que un juez así lo ordenó; el Ejecutivo sólo miró complaciente el atropello.
El despojo del Chiquihuite
La advertencia estaba ahí, aunque nadie habría podido entender sus magnitudes. El 14 de noviembre de 2002, Tristán Canales, el vocero de TV Azteca, sugirió a Ciro Gómez Leyva preparar un discurso ante sus compañeros de trabajo que, al igual que el pueblo ruso, serán los que tengan que pagar los platos rotos. (…).
Cuatro días después, el guión de la historia comenzaría con una pregunta de Ciro Gómez Leyva: ¿Puede alguien con policía privada apoderarse de un canal de televisión sin mandato judicial en mano?.
La respuesta la daría el gobierno y diría que sí. Que en México un poderoso grupo empresarial podía proveerse justicia con mano propia, sin que pasara nada o casi: pues del ¿Y yo por qué? del Presidente al aseguramiento después resuelto, medió el trecho de la impunidad vuelta propaganda: con su propio guión en teleprompter, Azteca se proclama respetuoso de la ley y las instituciones. (&)
Las vacaciones fueron excusa para que, entre muchos teléfonos marcados, un solo repicar fuera contestado sin que el de la voz pudiera responder nada, pues qué hacía un hombre en vísperas del año nuevo en la unidad de gobierno de la Segob. Gonzalo Altamirano Dimas marca aquí y allá sin tener fortuna. Llama a Estados Unidos, busca al secretario. En Playa del Carmen pide por el subsecretario. Nada. El gobierno está de vacaciones mientras el despojo se consuma.
CNI dirige una carta a la SCT, al director de Televisión, Fernando Borjón Figueroa, donde expresa su confianza en que le sean devueltas las instalaciones. No hay respuesta. Tres días después, TV Azteca reitera su confianza en que las autoridades seguirán actuando con estricto apego a la ley. Siete días después Azteca hace un nuevo reconocimiento al gobierno por su actuación y afirma que el conflicto es entre particulares.
Laura Islas Reyes, febrero 2003, núm. 28
3. Una de cal: la ley de transparencia
El 12 de junio de 2003 entró en vigor la ley de transparencia. El hecho representó para el ejercicio periodístico (y para los ciudadanos, en general) la valiosa oportunidad de contar con información que permita desarrollar investigaciones de fondo. etcétera ha sido desde entonces habitual recurrente de esta herramienta.
4. México turbulento: Videoescándalos
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Entre febrero y marzo de 2004, el país vivió una severa descomposición política que pudo ser vista a través de la pantalla. Una serie de videos fueron filtrados a las televisoras, que transmitieron un frenesí de imágenes en las que podía verse lo mismo al otrora secretario de Finanzas del DF jugando miles de dólares en un casino de Las Vegas, que a funcionarios del PRD recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.
Videoescándalos, poco que ver con el periodismo
En la prensa escrita, el género rey del periodismo mexicano es el columnismo. Ese espacio gris donde cualquiera que escriba en un periódico se cree periodista. En los medios electrónicos la tendencia ha sido a crear figuras. Protagonistas que están muy por encima de la información. Si lo dice López-Dóriga debe ser cierto, no importa lo que diga. (…). En el colmo está Brozo, payaso metido a informador que destapó el mayor de los escándalos políticos de la temporada.
El ejemplo de Brozo es ilustrativo. Imaginemos qué dicen en España, Francia o Estados Unidos cuando en la televisión ven que nuestro líder de opinión, el mexicano que informa es un cómico de pelos verdes y nariz roja que grita a sus entrevistados: ¡No me pendejees!. (…) Una pista de cómo llegamos a esto, estoy convencido, es la falta de normas consensuadas socialmente de cómo deben actuar los periodistas. Nuestro presente es parte de una tradición híbrida que no ha llegado a madurar en un modelo propio y al que se le ha impuesto la necesidad del rating (&) La verdad es que, aunque pasaron por los noticieros y los diarios, los videoescándalos tuvieron poco que ver con el periodismo. Con ese oficio que recopila, investiga, analiza, jerarquiza y narra los hechos de la vida pública.
Los medios fueron utilizados a placer por la clase política para dirimir sus diferendos. Engolosinados por las ventas y el rating, nunca se detuvieron a pensar.
Carlos Puig, abril 2004, núm. 42
5. Publicidad gubernamental: razón de Estado
Uno de los temas recurrentes y centrales de estas páginas, ha sido el de la publicidad oficial y la forma en que el gobierno asigna los recursos destinados a ésta. Desde septiembre de 2004 y hasta las recientes ediciones, hemos documentado el asunto, con el registro de algunos de los vicios que comente el Estado anunciante en este ejercicio: concentración de recursos en pocas empresas, predilección por las grandes televisoras y radiodifusoras, discrecionalidad, castigo a medios críticos, compra de periodistas&
Por estas razones sostenemos que la publicidad es una razón de Estado.
El Estado anunciante
En las democracias contemporáneas la publicidad es razón de Estado; en los regímenes premodernos es instrumento de coacción. En el primer ámbito el gobierno difunde sobre todo derechos ciudadanos y acciones sociales, en el segundo (casi) sólo promueve su imagen y el denuesto de sus adversarios. (…) La antedicha caracterización parte de que la mayor fuente de ingresos de los medios proviene del erario. Guste o no es una tendencia mundial. Por ejemplo en España, paradigma recurrente en estos temas, el gasto de publicidad del gobierno representa alrededor de 75% de los ingresos de las empresas mediáticas y lo mismo sucede en países como Francia y Canadá donde hay una estructura normativa que obliga al gobierno a anunciarse como forma de impulsar la diversidad cultural (…).
Gracias a esos ejemplos es que hablamos del primer mundo, pero aun fuera de ese contexto Chile es referencia y no sólo porque ahí los procesos electorales no significan dispendio que nutre a los medios electrónicos concesionados. En esa nación la autoridad respalda financieramente a los diarios y revistas de provincia. (&) La iniciativa privada tiene otras funciones e intereses y sus anuncios en publicaciones de contenido político o cultural dependen más de eso que llamamos relaciones públicas de los editores o de los dueños de los medios que de una constante que llegue a cimentar la heterogeneidad mediática (…) Si Coca-Cola se anunciara en Nexos, Letras Libres y etcétera sería excelente, pero la compañía no tiene ese deber ni venderá más refrescos por eso (…) pero el gobierno no vende botellas o papas o carros o pastillitas Canderel y, en cambio, sí tendría esa obligación en un andamiaje normativo moderno que conviene construir sobre la base de la utilidad pública de los medios (incluso independientemente de su tiraje, como ocurre con este tipo de revistas especializadas o de política y cultura en países como España y Francia).
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6. Televisa, la casa gana
En abril de 2005, etcétera advertía el interés de Televisa por operar casas de juego. La apuesta financiera más ambiciosa de Televisa está en la mesa del gobierno federal y altos directivos de esa empresa la impulsan justo cuando la Cámara de Diputados discute una nueva ley de juegos y sorteos. El consorcio televisivo busca instalar casinos en sus pantallas en 2006 y calcula ganancias por cerca de 680 millones de pesos en ese año, que es una cantidad similar a la que en 2004 obtuvo por vía de la publicidad gubernamental (tanto de las dependencias federales como de las entidades estatales).
Semanas después se dieron a conocer los permisos que Santiago Creel otorgó a la televisora para operar casas de apuestas, justo antes de irse a su malograda campaña por la candidatura del PAN a la Presidencia.
Este hecho fue una de las últimas manifestaciones favorables que el ahora senador tuvo para con las televisoras. Actualmente, Creel es un personaje crítico de éstas, al grado de que es borrado de sus pantallas. (Así ocurrió con Televisa, que a punta de pixeles eliminó la imagen del panista).
La ruleta del precandidato
El jueves 9 de junio en la noche, como a las diez, alguien timbra en la casa de etcétera. Es un niño de 11 o 12 años que antes de correr hacia un Tsuru blanco, le entrega el sobre a Laura Islas y le enseña el acuse que ella firma con la displicencia de la cotidianidad, en una lista alcanza a leer Reuters, Reforma y El Universal. (…)
Alguien que dice trabajar desde hace muchos años en Gobernación revela lo que considera una fuerte traición a la democracia y da a conocer el permiso para que Televisa opere centros de apuestas. En dos cuartillas, la fuente argumenta su desilusión de Santiago Creel porque considera que representa un vil engaño para el pueblo de México. Sobre Televisa nada comenta.
Creel tuvo razón cuando luego de difundirse la información sostuvo que su origen es parte de una estrategia política en su contra porque, claro, la fuente buscó defenestrarlo a él y no a Vicente Fox cuando es muy difícil creer que la cesión a Televisa se haya dado sin la anuencia presidencial. (…)
Marco Levario Turcott, julio 2005, núm. 57
7. Permisos para radios comunitarias
En noviembre de 2006, el gobierno federal se comprometió a entregarle sus permisos a un total de 11 emisoras comunitarias, las cuales desde hacia tiempo antes habían realizado dicha solicitud cumpliendo con toda la documentación y requisitos a las autoridades. Meses después, el gobierno cumplió con lo acordado, que además era parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En etcétera dimos puntual seguimiento al proceso. Entonces advertimos, como lo hacemos ahora, que este hecho si bien constituyó un avance importante, el tema de la radiodifusión comunitaria no se podía agotar con el otorgamiento de los permisos. Aún quedan varios temas por resolver para permitir que estos medios tengan certidumbre jurídica.
Les guste o no les guste…
Las radios comunitarias son experiencias que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión, y su situación es indicador del grado de respeto de ese derecho, pues al responder a las necesidades de información de poblaciones específicas contribuyen a la pluralidad informativa y a que los sectores vulnerables accedan a canales de expresión que les son negados. Es la radiodifusión de uso social (…) La radio comunitaria es una propuesta que un colectivo u organización ciudadana ofrece a la sociedad, expone claramente cómo pretende incorporarse y en consecuencia incidir en ese tejido social. Entendida así, es un proyecto político, en el sentido que asume compromisos y toma posición respecto de la problemática social concreta en que se desarrolla. Así, por ejemplo, tenemos radios de mujeres que reivindican sus derechos y su forma de querer ser vistas y tratadas por la sociedad (&) Esta reivindicación se expone en forma de ideas, opiniones y lenguajes integrados radiofónicamente en pleno ejercicio de la libertad de expresión, con el fin de aportar a un diálogo colectivo para la construcción de consensos y del debate que lleven a una participación corresponsable. En otras palabras, es aportar a la construcción de ciudadanía (…).
El acceso a frecuencias para operar medios es el ejercicio efectivo de la libertad de pensamiento y expresión, porque entre mayor sea la diversidad de operadores de medios, mayor pluralidad informativa existirá. Otorgar frecuencias a las comunidades campesinas, indígenas y urbano-marginales es una elemental acción de justicia para que accedan a la información y al conocimiento (&).
Los medios comunitarios son una tendencia mundial, es el fortalecimiento de la sociedad en un sector estratégico para la democracia (…).
Aleida Calleja y Daniel Iván García
Manríquez, junio 2006, núm. 68
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8. La Ley Televisa: principio y fin SCJN
El 1 de diciembre de 2005, de manera inesperada y en medio del sigilo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Este albazo legislativo, que puso fin a 30 años de discusión y múltiples intentos fallidos por reformar el marco jurídico de la radiodifusión, abría la puerta a que los concesionarios otorgaran servicios de telecomunicaciones adicionales, sin necesidad de una licitación, entre otros favores que recibirían los industriales del ramo. Meses después, en un hecho inédito, la Suprema Corte echó abajo esta ley.
Ni las comas quedaron
La decisión ha sido histórica y la discusión de la Corte fue clara. Puntual y minuciosa que no dejó espacio a los cuestionamientos. Cuando menos no a los de quienes calificaron el proceso como una simulación montada para convalidar la Ley Televisa, ni para aquellos que de una forma tramposa compararon lo ocurrido con el cierre de la televisora venezolana RCTV.
Muy lejos de estos dimes y diretes, la Suprema Corte de Justicia revisó cuidadosamente artículo por artículo, frase por frase, palabra por palabra, y determinó que hasta las comas son inválidas en las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión, que con una premura de siete minutos aprobó la Cámara de Diputados en diciembre de 2005; y que el Senado ratificaría meses después (…) El pleno de la SCJN votó de manera unánime la invalidez del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, aquel que otorgó a los concesionarios el beneficio de brindar servicios de telecomunicaciones, con el único requisito de solicitarlo a la SCT, y sin pagar contraprestación alguna al Estado.
En pocas palabras, la Suprema Corte echó abajo la Ley Televisa.
Laura Islas, junio 2007, núm. 80
9. Reforma electoral: avance
Septiembre de 2007. El Congreso aprueba una reforma histórica en materia electoral, que deja a la radio y la televisión sin uno de sus grandes clientes: la democracia.
La nueva legislación prevé que las campañas en medios electrónicos se realicen en tiempos del Estado, así como la prohibición a partidos y particulares para comprar publicidad en radio y TV. Con estas modificaciones se acaba el gran negocio que los comicios representaban para los radiodifusores.
El mes de la patria
Al tomar como base los recursos gastados en publicidad de radio y televisión de los partidos en el proceso electoral pasado, eso significa un ahorro de dos mil 457 millones de pesos que deberán canalizarse a políticas públicas de salud y seguridad, por ejemplo. Por eso, entre otros cambios como la reducción de las campañas y la delimitación de las precampañas además de la prohibición de que terceros contraten publicidad en favor o contra algún partido, la reforma electoral es un avance decisivo en la consolidación democrática. (…) La comunicación política en la esfera mediática, desarrollada particularmente en la televisión, degradó el discurso de los partidos y lo sometió al imperio de los medios de radiodifusión (…).
La grotesca resistencia de las dos televisoras principales del país las registran como obstáculos de la democracia. Mediante artificios de diversa índole esos medios, que una vez más arrastraron a todos los integrantes de la industria, han querido mostrar a la reforma electoral como atentatoria de la libertad de expresión, entre otros embustes que no resisten el más mínimo análisis. (…)
Editorial, octubre 2007, número 84
10. Inseguridad, y labor informativa
A últimas fechas, etcétera ha documentado la cobertura que han dado los medios al principal problema que enfrenta el país: la inseguridad. Este trabajo nos ha permitido observar algunos vicios preocupantes cometidos en la labor informativa, y nos han hecho ver la urgencia de que los medios asuman una responsabilidad que va más allá de ser difusores de la noticia.
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La hora de los medios
El momento es inédito: en México no se conocían aun cuando el problema lleva años entre nosotros los niveles de violencia de los que hemos sido testigos a últimas fechas, que incluso ha tenido como objetivo a civiles.
No le falta razón al Presidente cuando dice que en el conflicto contra el narcotráfico también hay un frente que es mediático. Y en este terreno, la pelea también se está perdiendo. El hecho de que haya sido Michoacán, el estado natal de Calderón, la plaza escogida para el ataque terrorista no es algo menor. (…)
Ante tal panorama hacen falta definiciones editoriales precisas sobre el compromiso que tienen los medios frente a la violencia; un primer paso ideal sería dotar de herramientas concretas a los reporteros, como los códigos de ética que ofrezcan elementos para abordar hechos como los ocurridos en Morelia. También es deseable la existencia de mecanismos de revisión para el cumplimiento de esos códigos, para evitar excesos . (…).
Sin embargo, por más lamentables que sean las violaciones a la ética periodística, los medios no son responsables de la situación que vivimos, ni de eliminar todo resquicio de esperanza de los mexicanos, como lo ha reprochado el Presidente.
