La reforma constitucional de 2007 modificó el sistema electoral. La transformación más importante fue que se prohibió la compra de tiempos, en radio y televisión, a los partidos y sus candidatos durante las campañas. Éstos, a cambio, pasaron a disponer de los tiempos oficiales que las radiodifusoras y televisoras están obligados a entregar al Estado mexicano.
Estos cambios, como era de esperarse, provocaron el rechazo de los dueños de medios. La medida les quitó la posibilidad de hacerse de enormes sumas de dinero, por la venta de espacios a los partidos y sus candidatos, como sucedía en todas las campañas. La nueva ley se propuso también acotar la influencia de los grandes medios en los procesos electorales.
Las empresas tuvieron una gran influencia, a través de ex consejeros y ex funcionarios del IFE que les eran afines, a la hora de elaborar el primer reglamento de radio y televisión que normaba la reforma. Así se estableció, es un vicio de origen, periodos de hasta 15 a 20 días para cambiar los materiales de comunicación (spots) de los partidos durante las contiendas electorales.
Las radios y televisoras con estos plazos garantizaban no hacer ningún esfuerzo para cumplir con la obligación, pero, sobre todo, lograban que se volviera de tal modo ineficaz el uso de los spots, a través de los tiempos oficiales, que fortalecía la idea de que la reforma era un fracaso y que atentaba contra la libertad de expresión. Lo que estaba detrás era la intención de revertir la reforma electoral, por lo menos en este apartado. A pesar de esta primera andanada contra la reforma se sostuvo, pero con un reglamento a modo de los grandes medios electrónicos. Los partidos y candidatos, ante lo inevitable, decidieron que más les valía llegar a un “arreglo” o “acuerdo” con los dueños de las empresas de radio y televisión, para recibir, por ejemplo, en el tratamiento editorial, lo que no podían conseguir por la vía de los tiempos oficiales. Se abre entonces la práctica sistemática en la que ahora vivimos, donde los medios, grandes y pequeños, venden la cobertura informativa y las entrevistas en los espacios noticiosos y de entretenimiento.
El IFE vive ahora un nuevo equilibrio, que se produce por el cambio de algunos de sus consejeros. Esto ha generado la posibilidad de reformar el reglamento vigente desde 2007 en el marco de las atribuciones que goza el órgano electoral. Entre las mejoras se prevé que el tiempo para cambiar los spots se reduzca a un día para los procesos internos del IFE y a tres más para que los medios los incluyan en sus transmisiones, luego de ser formalmente notificados por la autoridad electoral.
Los medios han alegado que no pueden cumplir con los nuevos tiempos. En otras palabras, que no pueden realizar lo que hacen todos los días cuando se trata de materiales (spots) de sus clientes comerciales. Lo que propone el reglamento es totalmente viable, pero las radios y televisoras se oponen, porque les representa un mayor trabajo y no les reditúa nada en términos monetarios. Su resistencia puede ser legítima, sólo velan por sus intereses y no los del colectivo, pero el argumento que utilizan es falso.
De las acusaciones hechas por los medios contra el IFE, ninguna es cierta: que la reforma se hizo a última hora, que se vulneran las libertades, que se les obliga a lo imposible, que es arbitrario y unilateral, que se invaden otras esferas de competencia. Los medios esperaban que el Ejecutivo
Federal los acompañara en su “guerra” contra el IFE, pero el gobierno se ha mantenido al margen y asumido una posición institucional. Los aliados de la CIRT en el acoso al órgano electoral han sido PRI y PVEM, que es el partido de las televisoras.
Luego de aprobarse el cambio del reglamento de radio y televisión se ha intensificado la campaña mediática contra el IFE, y por supuesto que las empresas presentarán impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si es necesario, irán hasta la Suprema Corte de Justicia. La actualización del reglamento se obtuvo a pesar de todos los intentos de las empresas por descarrilar el proceso mediante la activación de sus aliados al interior del consejo general del Instituto.
El conflicto, en síntesis, es un nuevo caso donde se enfrenta un interés público a uno privado. De un lado está que existan condiciones más justas y favorables para una competencia de mayor contraste, un debate político ágil y con mayor contenido en los procesos electorales, que permita a los ciudadanos contar con más y mejores elementos para decidir su voto. Del otro, las empresas de radio y televisión, que no están dispuestas a hacer ningún esfuerzo por mejorar el sistema electoral con un mejor uso de los tiempos oficiales.
Una vez más, como en 2007, los grandes medios han lanzado una ofensiva contra el IFE, en el intento de echar abajo el nuevo reglamento que, sin duda, les implica más trabajo y ninguna ganancia monetaria. En su agenda política se contempla como una prioridad descalificar no sólo la reforma sino también a las autoridades encargadas de instrumentarla. Piensan que con la presión, e incluso amenazas, ahora sí lograrán revertir la decisión del IFE.
