Justo cuando circulaba el número de febrero de etcétera, constatamos la advertencia hecha en su editorial sobre el marco normativo de la radiodifusión y las telecomunicaciones que hay en México, y que significa “algo similar a una olla de presión”, porque ya ni siquiera ofrece los privilegios de antaño a las empresas que crecieron a su amparo (junto con la arbitraria benevolencia presidencial), sino que ahora, además, esa ley y la parsimonia del gobierno -la cual opera en beneficio de una sola empresa, Televisa- impiden la integración de otros grupos que, con todo el derecho, buscan incorporarse a la industria.
Una de las vertientes más preocupantes de ese vacío legal y ese árbitro parcial en que se ha convertido el gobierno, es el desaliento a la competencia en diversas áreas de esta actividad, cuyo potencial económico es enorme, como documentamos más adelante. La situación “ya no aguanta mucho más”, dijo a Laura Islas el vicepresidente de relaciones públicas de MVS, Felipe Chao, durante la charla que sostuvo con la periodista en la confección del reportaje principal de la edición de marzo.
Esto “ya no aguanta más”. En las semanas recientes las expresiones de los actores del ramo y los analistas fueron en el mismo tenor, más aún tras las decisiones de la SCT de suspender el servicio de Hi-TV y fijar una multa a TV Azteca de poco más de 4 millones de pesos; además de no refrendar la concesión de los canales 46 y 52 a Televisa y MVS, empresa a la que también negó la operación en la banda 2.5 a 2.7 Ghz.
TV Azteca y MVS informaron que apelaran en tribunales aquellas resoluciones. Y así fue como entre amparos e inconformidades de índole diversa, también supimos que en el ámbito de la televisión de paga el banco JP Morgan vendió a Inbursa -propiedad de Carlos Slim- la deuda que Cablevisión tenía con éste, lo cual fue visto por los directivos de Televisa como traición. Todo esto sin reseñar los desencuentros que hubo entre la SCT y la Cofetel, en particular, en relación con los refrendos de diversas concesiones, situación que llevó a Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, a considerar como necesaria la creación de un nuevo diseño institucional que fije las atribuciones de cada instancia.
¿Lo quiere el lector así o más complejo?
Sin duda, el destino nos alcanzó desprovistos del andamiaje legal y la visión institucional que se requieren para enfrentarlo. La obsolescencia de la ley -que en los hechos significa que ésta (casi) no existe para normar y regular las prácticas de los medios modernos- delimita el territorio propicio para la arbitrariedad del gobierno federal que, más allá de coincidir o no con sus decisiones, actúa sin una visión de Estado para promover reglas, otorgar certidumbre a los empresarios y alentar la competencia, dentro de una ruta modernizadora que implica, entre otros órdenes, alentar inversiones económicas, modernizar la tecnología y disminuir la brecha digital. En cambio, tal aridez legal también origina la lucha salvaje entre los actores del ramo -que es donde priva la ley del más fuerte- por lo que resulta previsible un mayor deterioro en la relación que las empresas mediáticas tienen entre sí, y de éstas en conjunto con el gobierno federal. En las semanas siguientes veremos cómo se expresa esto en la cobertura informativa y las definiciones editoriales de los medios electrónicos.
Aquella convulsa situación podría ser sólo el principio de peores escenarios, por eso son muy importantes los análisis que al respecto hace el gobierno federal y, por su parte, también el Congreso. Todo indica que tendremos noticias al respecto durante marzo y abril, y por eso creemos que el tema ya no es si habrá o no adecuaciones a la ley sino cuál es la dirección que éstas tendrán. etcétera se suma a este esfuerzo reformador también en esta edición, en la que continúa el paquete de lectura tendiente a ubicar algunos de los principales aspectos que permitirían que haya acuerdos al respecto.
En esta ocasión, además de ofrecer la opinión de varios expertos en la materia, mediante el reportaje de Laura Islas Reyes, documentamos por qué es impostergable que se abra el mercado de la televisión de paga, que ahora se encuentra concentrado en una sola empresa, en demérito de la pluralidad de la oferta, de la participación de otros actores y de la calidad de los contenidos a los que la audiencia tiene derecho.