En febrero la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos , Louise Arbour, hizo una visita oficial a México. En su último día de trabajo expresó su preocupación por la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país.
Entre los puntos que puso de relevancia estuvieron las agresiones a periodistas que permanecen en la impunidad, lo que nos coloca como uno de los países con mayor peligrosidad para ejercer el periodismo; y aunque se pone de relieve al crimen organizado como uno de los actores responsables, también entre los agresores están En su informe, Human Rights Watch aseveró que la CNDH tiene responsabilidad en la falta de defensa de la libertad de expresión cuando “ha mostrado una profunda indiferencia con las normas internacionales que se supone debe promover y ha actuado con timidez en los casos de la ley Televisa”. La afirmación es cierta. AMARC acudió a dicha instancia porque la ley dejaba en desprotección a los medios comunitarios sin que hubiera respuesta, pese a que funcionarios de la CNDH reconocieron que era una normatividad contraria a las garantías constitucionales. Aun con la resolución de la Corte, vemos a un Congreso que no da señales para creer que habrá una nueva ley. Se entretiene en inexplicables alargamientos de consultas o en declaraciones contradictorias como sucedió el 13 de febrero, donde el presidente del grupo plural, el priísta Ángel Aguirre, dijo que no habrá iniciativa en este periodo, mientras panistas y perredistas advirtieron que el compromiso era sacar la legislación en abril. A muchos legisladores poco les importa, además de la sentencia de la Corte, las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano , y en especial cuando se dirigió al Congreso en 2006, alertando sobre los medios comunitarios que, hay que decirlo con todas sus letras, no son medios públicos sino comunitarios, de propiedad social con una naturaleza y funcionamiento distinto de los medios públicos. Ojalá que a la hora de legislar, si ello pasa, pueda entenderse la diferencia. En este contexto es que Arbour asevera la preocupación sobre la situación de la libertad de expresión y derecho a la información en México, derechos violentados. Sin duda la pregunta es hasta cuándo como sociedad lo soportaremos autoridades y grupos partidistas en diferentes estados. Esta situación la han sufrido las radios comunitarias desde el año pasado, sin que hasta el momento haya viso de justicia. La responsabilidad directa de esta situación es del Estado. Por otro lado, es relevante que Louise Arbour también tocara un tema central: la concentración de medios, lo cual es relevante porque en aras de la diplomacia no siempre los organismos internacionales lo dicen tan abiertamente. México es líder mundial de concentración mediática, lo que, según los estándares internacionales, atenta contra la democracia.
Además, en razón de una complicidad entre el poder político y los empresarios de los medios, se violentan desde hace más de medio siglo el derecho a la información y la libertad de expresión. La lista de agravios es larga: un manejo informativo que ocultó la represión de estudiantes en el 68, así como los sucesivos asesinatos de líderes sociales en la guerra sucia; impedir que existieran espacios para que las demandas de la sociedad fueran escuchadas y reducir la protesta social a actos de vandalismo; asumirse, cínica y burdamente, como soldado del PRI, en el caso de Televisa; robar la señal de Canal 40, por parte de TV Azteca; azuzar a la persecución de las radios comunitarias e impedir su reconocimiento legal; el decretazo de 2002 y la imposición de la Ley Televisa; el manejo de la información en el proceso electoral de 2006; la manipulación informativa sobre la reforma electoral. En tiempos muy recientes el caso Aristegui, que coincido con la opinión de otros, en que la inusitada reacción sobre el tema es resultado del hartazgo.
En su informe, Human Rights Watch aseveró que la CNDH tiene responsabilidad en la falta de defensa de la libertad de expresión cuando “ha mostrado una profunda indiferencia con las normas internacionales que se supone debe promover y ha actuado con timidez en los casos de la ley Televisa”. La afirmación es cierta. AMARC acudió a dicha instancia porque la ley dejaba en desprotección a los medios comunitarios sin que hubiera respuesta, pese a que funcionarios de la CNDH reconocieron que era una normatividad contraria a las garantías constitucionales.
Aun con la resolución de la Corte, vemos a un Congreso que no da señales para creer que habrá una nueva ley. Se entretiene en inexplicables alargamientos de consultas o en declaraciones contradictorias como sucedió el 13 de febrero, donde el presidente del grupo plural, el priísta Ángel Aguirre, dijo que no habrá iniciativa en este periodo, mientras panistas y perredistas advirtieron que el compromiso era sacar la legislación en abril.
A muchos legisladores poco les importa, además de la sentencia de la Corte, las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano , y en especial cuando se dirigió al Congreso en 2006, alertando sobre los medios comunitarios que, hay que decirlo con todas sus letras, no son medios públicos sino comunitarios, de propiedad social con una naturaleza y funcionamiento distinto de los medios públicos. Ojalá que a la hora de legislar, si ello pasa, pueda entenderse la diferencia.
En este contexto es que Arbour asevera la preocupación sobre la situación de la libertad de expresión y derecho a la información en México, derechos violentados. Sin duda la pregunta es hasta cuándo como sociedad lo soportaremos.
