Pasaron los primeros 100 días del gobierno federal, y aquellos compromisos de identificar las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, incluyendo la comunitaria, para el otorgamiento de frecuencias, así como la definición de un estándar digital para la radio, se ven difusos.
Está por demás reiterar que es esencial para la democracia en este país la inclusión de nuevos jugadores en el espectro de radio y televisión que incluya a los tres sectores de la radiodifusión (comercial, público y comunitario), no sólo por una cuestión de sana competencia económica, en el caso de los primeros, sino por un ejercicio mínimo de pluralidad informativa y por ende de derecho a la información. Contrario a lo que muchas voces afirman, existe suficiente espectro para que quepan muchas frecuencias, incluso en plazas que se consideran saturadas como el Valle de México, Guadalajara y Monterrey.
Lo hemos señalado en otras ocasiones, para que esto sea posible es necesario cambiar una caduca Norma Oficial Mexicana (NOM) que estipula una distancia de 800 Khz entre frecuencias en la banda de FM, cuando en muchos países esa diferencia está marcada por los 400 Khz, como en el resto del continente americano, y en 500 Khz en la Unión Europea. De contar con una NOM actualizada tendríamos la posibilidad de que existieran el doble de las emisoras que ahora hay en las plazas antes mencionadas, y en el resto del país. El cambio de esta política permitiría que instancias como el gobierno del Distrito Federal cuente con una nueva frecuencia de radio, en lugar de tratar de obtener la 105.7 que opera el Imer. Abrir el espectro en el Valle de México es cambiar históricamente la barrera que ha impedido por décadas que otros actores entren, es técnicamente posible, es democráticamente necesario.
Hay quien afirma que esto no se puede hacer hasta en tanto no se haga el cambio digital en radio, los argumentos técnicos no son convincentes, quienes sostienen saben muy bien que países como Canadá o de la Unión Europea no tendrán algún problema técnico de espectro por estar en el 400 o 500 Khz en la actualidad y pasar en unos años al proceso de digitalización, sea cual fuere la tecnología que usen. De lo que estamos hablando es más de índole política que técnica y lo saben bien.
En cuanto a la promesa para determinar el estándar digital para la radio, es mejor no precipitarse, pues contrario a lo que afirman las autoridades, no se trata de una definición meramente tecnológica, si no de una decisión profundamente política, de visión de país. El modelo de transición desde lo analógico a lo digital y el marco regulatorio a adoptar permitirán una democratización de las comunicaciones, con más pluralidad y diversidad de informaciones, voces y opiniones o consolidará y ampliará los procesos de concentración actuales.
Aunque existen varios estándares digitales en radio, hasta el momento no existen pruebas contundentes de los beneficios de cada uno. Lo cierto es que las empresas productoras de las tecnologías hacen un arduo trabajo por convencer a la mayor parte de países en el mundo, pues estamos hablando de miles de millones de dólares de ganancias, no sólo por el cambio de equipo de las emisoras para transmitir en señal digital, sino por los millones de aparatos de radio que venderán para que la población pueda escucharla, este cambio de receptores será paulatino, pero se traduce en dinero constante.
En nuestro país la tecnología que muchos defienden es IBOC, impulsada por la industria estadounidense, mientras en otros países de América Latina como Brasil, algunos sectores afirman que se trata de un estándar pésimo para un uso racional y óptimo del espectro para los medios locales, comunitarios, públicos o comerciales.
En tanto no se conozcan ampliamente las posibilidades de cada tecnología en términos de servicios agregados, inversión, así como los impactos sociales, educativos y políticos de cada una, no tendría por qué apresurarse la decisión, salvo en el caso de la frontera norte que, en efecto, necesita una definición pronta; para el resto, habrá que tomar una decisión cuidadosa sobre la base de una política integral de Estado y no desde una visión meramente tecnológica y financiera, tal como lo están haciendo los países más democráticamente avanzados.
