Cómo pueden ser definidas la radio y la televisión educativas y culturales que existen en México: ¿medios públicos, de servicio público, gubernamentales? Ésta es una discusión, como tantas otras, aún no resuelta.
Sin embargo, es un hecho que la Ley Federal de Radio y Televisión vigente admite sólo dos figuras: medios concesionados (comerciales) y permisionados (sin fines de lucro).
Es en el desempeño de cada día que los que son financiados por instituciones federales, estatales o universitarias han ido configurando sus características, vocación, denominación o aun su reputación. Hoy, los medios de servicio público se encuentran en la coyuntura de ser definidos en su concepción jurídica, en sus reglas del juego y, en consecuencia, en el rol que van a desempeñar en el proceso democrático que México construye.
Éstos, por definición, deben existir para servir a la sociedad con contenidos plurales, diversos, atractivos y de calidad que permitan educar, generar ciudadanía. Proporcionar elementos de juicio al ciudadano para participar de manera informada y responsable en el debate de los temas que nos interesan a todos.
Su oferta debe consolidarse como alternativa a la de los medios comerciales, pero sin descuidar la aspiración de una audiencia creciente y participativa que reoriente constantemente sus contenidos, e incorpore el ejercicio de la transparencia a su quehacer.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre algunos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión abre el espacio para pugnar por la inclusión de los medios públicos en el marco legal, caracterizándolos y con ello, fortaleciéndolos.
¿Qué aspectos habrá que incluir en la discusión? El primero es el de la inserción de los medios públicos como tales en el marco jurídico. La pregunta es si dentro de la ley general, en una nueva o en una específica. Éste tendrá que ser uno de los puntos mayormente analizados y debatidos para garantizar las condiciones que hacen posible que un medio sea público: autonomía de gestión, independencia editorial, pluralidad, diversidad.
En segundo lugar habrá que considerar las fuentes de financiamiento. Encontrar una manera para que el presupuesto público, sin dejar de constituir el mayor aporte, se complemente con ingresos que permitan por ejemplo afrontar el reto más grande en los años inmediatos: la transición y el ingreso a la etapa digital.
Otro tema es el de los contenidos. Asegurar que éstos reflejen la diversidad de la sociedad mexicana, que den cabida a todas las voces y que sean evaluados por mecanismos de autorregulación. Y encima de todo ello que sean atractivos, que entretengan, que creen hábito en el radioescucha o en el televidente y que terminen con el falso dilema del entretenimiento vs. la educación y la cultura.
La era digital plantea otro reto que es prácticamente de supervivencia: actualizarse tecnológicamente, lo cual representará una inversión considerable tanto en equipo como en capacitación. Y otro punto íntimamente vinculado a éste: su inclusión en la convergencia tecnológica y su capacidad para alentar la producción nacional e independiente.
Finalmente, los medios deben verse autocríticamente, evaluar periódicamente sus contenidos y sus mensajes y revisar sus aportes sociales. La coyuntura para la definición puede ser también la hora para su revisión sin complacencia.
