Más allá de la habitual proclama que sobre las tres C enarbola para referirse a la radiodifusión, el Presidente no ha planteado una política de Estado. No se conocen del Ejecutivo la estrategia y los pasos que considera idóneos para ampliar la cobertura, orientar la convergencia y alentar la competencia en la industria. En contraste ha mostrado indefinición, indiferencia e incompetencia.
Entre varios otros registros de lo antedicho, el gobierno federal continúa sin definir el sistema digital con el que el país asumirá la transición analógica de la radio, y eso mantiene en la incertidumbre a los integrantes del ramo al mismo tiempo que beneficia a los grupos más poderosos, pero sobre todo impide el escenario donde concurran otras ofertas. Por esas razones la indefinición opera fundamentalmente contra el público consumidor, más aún cuando ésta conlleva a la inacción sobre la obsolescencia de las frecuencias de Amplitud Modulada.
Como sucedió con la administración presidencial pasada, la indiferencia es el signo de la actual frente a este desfase tecnológico. No es suficiente el discurso gubernamental que expone los buenos deseos de respaldar a todas las empresas para hacerse cargo de aquel reto; hace falta establecer los pasos para eso. Por eso se entiende la inquietud de los concesionarios y permisionarios de frecuencias AM: más de 130 estaciones se están diluyendo al no haber equidad en la competencia. Debido a esa situación financiera varias de éstas han sido vendidas con la aquiescencia de la autoridad y en beneficio de los grandes grupos de la radio. Sería deseable entonces, como dice Fernando Mejía Barquera, el cambio de las normas técnicas de operación de la radio en FM para el otorgamiento, agregamos, de las frecuencias “combo”. Claro: evitando una mayor concentración de los grupos que al aprovechar la obsolescencia de las AM adquirieron varias de esas frecuencias en los años recientes, así como el no privilegiar a otras empresas que por esa vía se incorporaron en el mercado. En esa ruta la atención central estaría en los pequeños empresarios y en los medios oficiales (Radio Educación por ejemplo), así como en las estaciones universitarias, indigenistas y comunitarias
Cuando aludimos a la incompetencia no sólo señalamos el contexto actual que desalienta la participación de otros actores en el mercado ni sólo aludimos a la forma en cómo el gobierno ha enfrentado el tema de la radiodifusión.
Decimos que éste es incompetente, además, para definir su postura sobre la posibilidad del otorgar nuevas concesiones. Los tumbos que en octubre dio el titular de la SCT son muestra de ello, pero también lo es el hecho de que el propio presidente Calderón se comprometiera con el refrendo de cerca de 130 concesiones cuando, en realidad, eso no está en la esfera de sus atribuciones sino en las del Congreso.
Con todo, quizá el gobierno ya estableció la ruta de sus definiciones precisamente ahí, en el Congreso, como ocurrió con la reforma electoral.
