“Quizá sea tiempo de seguir el consejo de anunciar el hecho de que el periodismo es un recuento parcial, apresurado y fallido. Los lectores lo saben. Ellos podrían confiar más en nosotros, no menos, si lo asumimos así”, escribió en mayo de 2005, Alan Rusbridger en Newsweek. Quien hasta mediados de 2015 fungiera como director de The Guardian era consciente de que, a pesar del prestigio ganado a lo largo de los años, el contenido del diario no estaba exento de errores y sesgos.
Quienes aparentan no tener claro esto son los medios y periodistas de México que militan contra el gobierno federal. Con frecuencia retoman material de diarios, semanarios y portales extranjeros que se ajustan a su línea editorial y les imprimen el sello de verdad universal.
Las imposturas
El 5 de marzo de 2016, Proceso dedicó su portada a la mujer que decía ser hija de “El Chapo” Guzmán, quien acusaba: “A mi padre lo traicionaron el gobierno y El Mayo”. En interiores se transcribe la entrevista que, quien dijo llamarse Rosa Isela Guzmán Ortiz, concedió a The Guardian. En la charla afirma que la segunda fuga de Joaquín Guzmán, ocurrida el 11 de julio de 2015 se trató de un pacto con el gobierno y que en el tiempo transcurrido entre su escape y su nueva recaptura, el 8 de enero de 2016, salió de México en dos ocasiones a Estados Unidos.
El entrevistador, José Luis Montenegro, apuntó: “Es la primera vez que ella habla con un medio y sus explosivas declaraciones, que no pudieron ser verificadas de manera independiente, probablemente serán rechazadas por las autoridades mexicanas”. El autor aceptó que lo dicho no era verificable. Ni siquiera su identidad fue acreditada: le bastó un cta de nacimiento y el testimonio de un pastor evangélico de Badiraguato, el pueblo natal de Guzmán Loera.
Pese a esas deficiencias deontológicas The Guardian publicó la entrevista, y Proceso la retomó porque en ella se vierte un grave señalamiento contra Enrique Peña Nieto; además de que procedía de un medio extranjero, lo que para ellos es garantía de credibilidad. De hecho, John Ackerman, en la misma edición del 5 de marzo publicó el texto “Mafia balconeada”, en el cual señaló que las declaraciones de Guzmán Ortiz a The Guardian, donde denunció públicamente que numerosos políticos han recibido cuantiosas donaciones de “El Chapo”, confirman “la consolidación de un narcogobierno”.
Jenaro Villamil, reportero de Proceso, también dio por cierto lo publicado por The Guardian. En un artículo para su portal Homozapping el 6 de marzo, dijo: “Primero fue Emma Coronel, la esposa más joven de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien ofreció una entrevista a Univisión para denunciar que el capo no podía dormir en su nueva estancia en El Altiplano. Ahora, es la hija mayor Rosa Isela Guzmán, quien le señala a The Guardian y a Proceso que su padre fue traicionado por Ismael ‘El Mayo’ Zambada y por el gobierno federal, después de haber apoyado con cheques la campaña de algún político que parece tener copete”. Villamil asegura que de narcotraficante sanguinario, “El Chapo”, se está convirtiendo en víctima del sistema penal mexicano y que su presencia mediática a través de mujeres allegadas a él, ha tenido mayor impacto gracias a los medios internacionales. Univisión, CNN, Newsweek, retomaron la especie difundida por The Guardian sin cuestionar su calidad informativa. Cuando el 1 de abril, en La Jornada se reveló la verdadera identidad de quien había asegurado ser la hija del capo, The Guardian no dijo nada, lo mismo Proceso, Sin Embargo y Aristegui Noticias.
Cuatro meses después de su enorme pifia, el 9 de agosto de 2016 The Guardian lanzó otra bomba mediática: el conflicto de interés de Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto. La pieza firmada por José Luis Montenegro y Julio C. Roa, menciona que Rivera posee un departamento en una zona exclusiva de Miami y ocupa otro en el mismo edificio, propiedad de Ricardo Pierdant, empresario amigo de Peña Nieto y “potencial contratista” del gobierno mexicano, el cual también le pagó los impuestos del inmueble.
Medios y periodistas críticos al gobierno de inmediato hicieron comparaciones con el caso de la casa blanca de Lomas pese a que carecía de datos duros y del soporte documental que sí tuvo el reportaje presentado por Aristegui Noticias en noviembre de 2014, el hecho de que apareciera en el prestigiado The Guardian, bastaba para escudarse en él.
En un comunicado el vocero de la Presidencia Eduardo Sánchez señaló el mismo 9 de agosto que era una “especulación dolosa”. Lamentó la falta de rigor periodístico y recordó que en ocasiones anteriores éste ha tenido que disculparse por difundir información falsa sobre México.
El 10 de agosto, Jenaro Villamil refirió haber consultado a Katie Thompson, responsable de comunicaciones de The Guardian, quien le habrían dicho que el diario jamás ha pedido disculpas por sus informaciones sobre México. Posteriormente, en un artículo para Proceso el 14 de agosto, consideró que desde Los Pinos hay una “guerra” contra los medios internacionales en la que el regaño, los reproches, el silencio o la descalificación han sido el “recurso del método” del vocero presidencial para enfrentar los crecientes escándalos del gobierno.
Cuando The Guardian retiró el reportaje de su portal, el 16 de septiembre, además de ofrecer una disculpa tras reconocer que Ricardo Pierdant no tiene contrato alguno con el gobierno de México, medios y periodistas que un mes atrás alzaban la voz sólo se concretaron a citar la acción del diario inglés sin disculparse con sus lectores. Según Gabriel Sosa Plata, cuestionar esta evidente falta de ética equivale a aprovecharse de la acción correctiva del diario británico para denostar la labor de periodistas y medios que han marcado su distancia del poder político y particularmente del gobierno. En su colaboración para Sin Embargo el 20 de septiembre, justifica la transgresión con el argumento de que todos los medios se equivocan y faltan a la verdad en algún momento. Cierto, pero hay quienes admiten sus yerros y otros que no, y ahí está la diferencia. Sosa Plata respalda a los medios que no lo hacen.
Mucho ruido, poco periodismo
El 3 de abril, los medios de México y el mundo difundieron “la filtración más grande de la historia”; el expediente Panama Papers, más de dos terabytes de archivos digitales enviados en forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, con información confidencial de la creación de empresas offshore por personajes de los ámbitos gubernamental, empresarial y de entretenimiento de diversos países del mundo.
Los documentos estaban bajo el resguardo del despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que gestionó la apertura de estas empresas, las cuales –se presumía– tenían como propósito fundamental la evasión fiscal. El volumen de información era tal, que el rotativo alemán decidió compartirla con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), al cual están afiliados medios y periodistas de 83 países; por parte de México, Proceso y Aristegui Noticias. La idea de Süddeutsche Zeitung fue que los medios de cada país profundizaran en la investigación de los casos, pero Proceso y Aristegui Noticias no aludieron a los Panama Papers como una magna filtración sino como un “esfuerzo internacional” de reporteros de investigación para poner al descubierto las maniobras de los poderosos.
Se desconoce cuántos casos le hizo llegar Süddeutsche Zeitung a los medios mexicanos, pero procuraron seleccionar aquellos de los enemigos de sus causas: Peña Nieto y Televisa. Aristegui Noticias destacó el caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa y quien ha sido uno de los contratistas más beneficiados por Peña Nieto desde su gestión como gobernador del Estado de México. El reporte es una exposición de documentos donde se hace constar movimientos financieros efectuados por el empresario. No hay una investigación adicional que demuestre que Hinojosa incurrió en alguna conducta ilícita, pero para que se crea lo contrario, Aristegui recuerda que este personaje fue el encargado de construir la casa blanca de Angélica Rivera y repasa el historial de contratos que ha obtenido con Peña Nieto. Ese es el sostén principal de una de sus historias.
Algo similar hace Proceso, que de la mano de Jorge Carrasco y Jenaro Villamil exponen el 3 de abril el caso de Alfonso de Angoitia, vicepresidente Ejecutivo de Televisa, quien tras contactar los servicios de varios despachos, optó por Mossack Fonseca para crear una empresa offshore en las islas Bahamas. No confirman si la operación es ilícita o no, en cambio, admiten que en los documentos nunca aparece el nombre de Emilio Azcárraga Jean sin embargo, ellos infieren que sí lo está y para ello recurren a la construcción de percepciones más que a las pruebas fehacientes.
Carrasco y Villamil rememoran varios escándalos alrededor de Televisa. La demanda de un particular por la construcción de unos departamentos en una zona del Bosque de Chapultepec, los diferendos entre Aramburuzabala y la esposa de López- óriga por un conflicto inmobiliario y la disputa entre Televisa y Slim por el mercado de las telecomunicaciones. Nada relacionado con la empresa creada por De Angoitia, pero abonan a crear una imagen negativa de la televisora.
Panama Papers aportó a Aristegui Noticias y Proceso material para realizar investigaciones de gran calado, pero no las han llevado a cabo. Dado el descrédito de las instituciones y la impunidad que prevalece en México, y como su fuente primaria es un medio extranjero, con eso basta para cumplir ante sus públicos.
Aristegui Noticias y Proceso, seis meses después difundieron una nueva filtración: Bahamas Leaks, también del diario Süddeutsche Zeitung, la cual consta de un millón 300 mil archivos en los que figuran más de 175 mil 888 empresas, fideicomisos y fundaciones abiertas entre 1990 y 2016 por personajes de diferentes nacionalidades.
El 21 de septiembre dieron a conocer algunos de los nombres de los 432 mexicanos que aparecen en los expedientes filtrados, seleccionados bajo el mismo criterio que en los Panama Papers: sus causas particulares, esta vez, sin exhibir los documentos y deslizando apenas unos cuantos datos de los que disponen.
Salen a relucir los nombres de Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, propietario y accionista, respectivamente de Grupo Imagen, consorcio al cual se le adjudicó la operación de la tercera cadena de televisión abierta. No existe una investigación sobre la legalidad o no de las compañías offshore que se les atribuyen; únicamente se arma una semblanza editorializada de su historia empresarial en la que se destaca que también participarán en algunas licitaciones relacionadas con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otros personajes mencionados son Ricardo Pierdant, Martha Debayle y Joaquín López-Dóriga hijo. En ninguno hay investigaciones periodísticas exhaustivas que acrediten conductas ilícitas; la idea fue simple y llanamente el “balconeo”, gracias a un medio extranjero. El bombazo informativo de Bahamas Leaks permanece por ahora en el terreno del periodismo de ficción.
La ambivalencia
El 5 de mayo de 2016, The Wall Street Journal difundió una carta anónima enviada a sus oficinas y a la cadena Univisión, en la que se acusa al vicepresidente Ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso De Angoitia, y al director de Administración y Finanzas, Salvi Foch, de un presunto fraude por mil millones de dólares. La misiva, presume que el dinero llegó en efectivo en maletas al Estadio Azteca, administrado por la televisora, a manera de pago de diferentes entes federales, gobiernos locales y partidos políticos para infomerciales.
El rotativo admite que la carta tiene errores gramaticales y ortográficos, pero incluye información personal sobre De ngoitia. Menciona que a instancias del propio consorcio televisivo, el bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz lleva a cabo una investigación en la cual se subraya que hasta ese momento, las acusaciones habían demostrado ser “ficticias y sin fundamento”. Asimismo apunta que el Departamento de Justicia de EU había declinado pronunciarse al respecto.
Pese a la ausencia de pruebas contundentes por parte del WSJ, el cañonazo contra Televisa era lo suficientemente atractivo para que Aristegui Noticias, Reforma y Proceso, lo replicaran de inmediato. Reforma tituló: “Disfraza Televisa ‘moche’ con el Azteca”. El diario dio por cierta la especie sin buscar la versión de la parte acusada. En Proceso, a Jenaro Villamil le tomó sólo dos días armar un “reportaje especial” sobre la información del diario estadounidense. El 7 de mayo el reportero aseguró que no es la primera vez que Televisa intenta negar las revelaciones acerca de sus “cuentas secretas” y hace el enésimo remake de su “investigación” del presunto convenio entre la televisora y Peña Nieto, como prueba fehaciente de las prácticas ilegales del consorcio. Alude a una fuente anónima para asegurar que el gobierno estadounidense investiga a Televisa, a pesar de que el propio WSJ establece que no hay datos que permitan confirmar tal versión.
La rapidez de la prensa militante con la pasividad que mostró cuando el mismo rotativo publicó el 27 de septiembre que el dirigente MORENA, Andrés Manuel López Obrador, omitió en su declaración de bienes la posesión de dos departamentos en la Ciudad de México, es evidente. Si bien se indica que esta situación no es ilegal per se, sí golpea la imagen de honestidad y transparencia que se empeña en presentar. Tanto Aristegui Noticias como Proceso consignaron la información hasta el día siguiente.
No ocurrió lo mismo con la respuesta del excandidato presidencial presentada en video el 28 de septiembre. En el mensaje acusa al WSJ de ser parte de “la mafia del poder” y anuncia su intención de demandar al periódico. La toma de nota de los medios militantes fue pronta y expedita, al igual que cuando López Obrador interpuso la querella el 10 de octubre.
En esta ocasión no hubo reportajes exprés ni consulta a fuente alguna para apuntalar lo que un reputado medio extranjero ventiló. Mucho menos se percibieron “ataques a la libertad de expresión” ni intentos de censura.
No hay información sin intencionalidad
En un ensayo para la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, Javier Darío Restrepo considera que la objetividad periodística es una pretensión desmedida, toda vez que un mismo suceso observado por diferentes periodistas, recibe tratamientos y versiones diferentes. Expone que la ilusión de la objetividad se desvanece cuando interviene la toma de posición de un medio para decidir cuáles hechos se publican y cuáles se omiten. El autor en cambio, habla de la intencionalidad como el elemento que define la elaboración de una información. Restrepo abunda que en toda información hay una o varias intenciones, algunas expresas, pero la gran mayoría implícitas, las cuales confieren al periodista el poder de elegir, dar forma, recortar e incluso deformar aquello que se va a difundir. Por último plantea que las informaciones que ofrece un medio cumplen una función política, con todo lo que esto implica en términos de poder, de orientación e interacción con la sociedad.
Estos criterios son aplicables a los medios de todo el mundo; la prensa “crítica” de México lo sabe bien y por lo tanto, es plenamente consciente de sus intenciones al elegir contenidos procedentes de fuentes extranjeras y conferirles un estatus casi sagrado cuando éstos se ajustan a las causas que enarbolan, o bien, hacer mutis cuando no es así.
