La defensa de la constitucionalidad, o más bien la legalidad suprema, se impuso a un acto claramente enfocado a golpear al movimiento creciente de la transparencia y la rendición de cuentas que cada día se afianza más en nuestro país. El caso de la reinstalación de María Elena Pérez-Jaén como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal debe analizarse más como un triunfo de la apertura informativa que como un acto de reivindicación de ordenamientos constitucionales.
En diciembre pasado, la SCJN emitió un fallo reivindicatorio que ordenó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reinstalar a Pérez-Jaén en el cargo de consejera del Consejo de Información Pública del DF, del cual había sido despojada en octubre de 2005 al desaparecer dicho órgano conformado inicialmente por tres consejeros ciudadanos y el resto gubernamentales, para crear el actual Instituto de Información Pública que contempló el nombramiento de cinco nuevos comisionados.
El fallo de la Corte se dio después de que, inicialmente, el juez undécimo en Materia Administrativa del Distrito Federal había concedido en noviembre de 2005 una suspensión definitiva para no ser removida y que tres meses después, el 15° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con asiento en la capital del país, había revocado en perjuicio de Pérez-Jaén.
Llevado el caso ante la SCJN por la tenacidad de la ex consejera y actual comisionada, el máximo órgano de justicia determinó en noviembre de 2006 que la ALDF violó la Constitución al despojar a Pérez- Jaén de un nombramiento que abarcaba un periodo de seis años a partir de la constitución en 2003 del Consejo de Información Pública, de tal forma que María Elena debía ser consejera hasta 2009.
Como la SCJN dilucidó que el anterior Consejo de Información Pública es básicamente el mismo que el Instituto de Información Pública actual, correspondía reinstalar a Pérez-Jaén como comisionada.
La decisión de la Corte obligó a la ALDF a reformar la ley de transparencia del DF para modificar la conformación del actual instituto e incrementar de cinco a seis los comisionados que deben integrar este órgano. De esta forma pudo cumplimentar el fallo de la SCJN.
El fallo de la Corte no implica únicamente un triunfo de la legalidad, sino un sonado triunfo de la transparencia, toda vez que la maniobra legislativa que había despojado a Pérez-Jaén de su cargo de consejera tuvo implicaciones de venganza política por los constantes cuestionamientos que ella hacía acerca de la conocida opacidad del GDF a la hora de cumplir los mandatos de la ley en materia.
María Elena se constituyó en la piedra en el zapato del GDF por sus constantes cuestionamientos a las reiteradas negativas del Ejecutivo local a transparentar los gastos referentes a las cuantiosas obras públicas realizadas en la capital del país, sobre todo las referentes a la construcción de vialidades, lo que implica licitaciones, adjudicaciones de obras, beneficiarios de obra, ejecutores, etcétera, donde se involucran millonarias cantidades.
La decisión de la Corte incide en el acceso a la información y la rendición de cuentas porque la ola de apertura informativa que recorre el país recupera a un personaje que tiene mucho qué aportar en la lucha que la transparencia libra en contra del ocultamiento perverso de la información.
La tenacidad, el tesón, el espíritu de lucha, el compromiso, la convicción de Pérez-Jaén brindan aliento a quienes estamos comprometidos con el imperio de la publicidad de los actos de gobierno y con el fortalecimiento de un derecho básico y elemental como es el derecho a la información
