Uno de los retos más importantes que enfrentan buena parte de los medios públicos en México es el de la sustentabilidad de su operación. El tema presenta innumerables matices debido a la heterogeneidad de su estatus jurídico y a los distintos orígenes de sus recursos. Unos dependen directamente del presupuesto federal, otros de recursos estatales, otros más de instituciones educativas. La mayoría opera bajo la figura legal de permisos, prevista por la LFRT para prestar el servicio sin fines de lucro.
Ante la enorme presión económica que implica la competencia, así como el desarrollo de nuevas tecnologías, todos enfrentan, en mayor o menor medida, dificultades para mantener el equilibrio financiero. Por ello es indispensable replantear una discusión seria sobre el aporte a la vida pública que la sociedad espera de estos medios, así como en torno de las decisiones que en el terreno político, jurídico y económico deben tomarse para garantizar esa sustentabilidad.
La discusión que surge de una postura en la cual los medios públicos se asumen a sí mismos como víctimas del abandono y la manipulación del poder político, o bien de la discriminación y el encono por parte de las empresas privadas, alcanza cada vez menos para ofrecer respuestas a sus apremiantes necesidades.
Es sabido que en la historia de la radiodifusión mexicana, los medios públicos llegaron más tarde que los comerciales, lo que hoy le significa al país un déficit lamentable en materia del equilibrio que debería tener la oferta informativa, cultural, educativa y de entretenimiento, a través de la radio y la televisión.
Hasta el momento se ha avanzado muy poco en el diagnóstico, que si bien ha identificado su origen y algunas de sus consecuencias, ha abonado también a una polarización extrema del debate y esa radicalización de las posiciones es aprovechada por quienes se encuentran cómodos con el estado actual de las cosas y con ello, ha dejado en la parálisis la instrumentación de soluciones, más allá de la retórica. Si no salimos del punto muerto en el que se encuentran hoy las cosas, el país podría correr el riesgo de tener que ajustar a la baja su expectativa en cuanto a una oferta alternativa y realmente competitiva en materia de radio y televisión de servicio público.
En ese sentido, cabría preguntarse si la comunicación pública encuentra el primer obstáculo para su desarrollo en los consorcios mediáticos o si ni siquiera dispone de la comprensión, respaldo y apoyo decidido de la sociedad, pero especialmente del poder político.
¿Es suficiente lo que han hecho los medios públicos para argumentar y convencer a esas instancias sobre la relevancia social y política de su existencia, en aras de construir una mejor convivencia democrática? ¿En qué medida han optimizado y han entregado resultados concretos del uso de los recursos que, aunque insuficientes tal vez, no han dejado de ser muy significativos en muchos casos? ¿Han convencido a la sociedad de que son una auténtica herramienta de servicio público y de soluciones políticas o simplemente se han convertido en un rubro de gasto continuo? Me parece difícil que un día la clase política se despierte con la plena conciencia de que hay que invertir un importante capital político y económico en un modelo de comunicación que no entiende. Hay que construir esa convicción.
Estas preguntas despertarán muy pocos aplausos entre los responsables de conducir la operación de muchos medios públicos. A mí tampoco me entusiasman, pero creo que no sería inútil tratar de responderlas.
Si a esto agregamos el consabido rechazo de la mayoría de los industriales de radio y TV al desarrollo de una alternativa de servicio público fuerte y de calidad, el escenario se complica.
Hoy se habla de convergencia tecnológica y con ello de nuevas cadenas de radio y TV privadas y de nuevos prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero nadie habla mucho de que a México le hace falta una oferta complementaria, no comercial, pero sí sustentable, que atienda decididamente y con eficacia las necesidades de comunicación de servicio público que nadie más va atender. Eso es una razón de Estado.
No imagino, para la sustentabilidad y el crecimiento de los medios públicos en México, ninguna forma de avanzar que no pase por la optimización escrupulosa de sus recursos, la mejora de la calidad de sus servicios, la transparencia y la rendición de cuentas, la sensibilización de los actores políticos sobre su importancia, la distensión del conflicto y la búsqueda de acuerdos con la radiodifusión privada, así como por el apoyo decidido del Estado. Todo ello, junto con las necesarias adecuaciones al marco legal, pondría a los medios públicos en condiciones reales de garantizar el cumplimiento pleno de su función social y de hacer sustentable lo más importante: el aprecio de los ciudadanos
