Los grandes capitales que operan en México consiguen protección y se colocan lo más lejos posible de la mirada pública. A pesar de los tratados de libre comercio que México ha signado, vivimos en un país profundamente proteccionista. Establece aranceles y diques legales que impiden el flujo de mercancías y atoran la información. Nuestros gobiernos siguen aceptando cláusulas de confidencialidad que sólo favorecen a los grandes jugadores en la iniciativa privada.
La economía global en México es demagogia, se reduce a un discurso aperturista que, en los hechos, garantiza privilegios. Cuando el Estado mexicano, a través de leyes (poder legislativo) y política pública (poder ejecutivo), entorpecen la circulación de información, en realidad están fomentando los monopolios.
Una ley de transparencia tiene como objetivo fundamental disminuir asimetrías en la información. La utopía a perseguir debería ser desaparecerlas por completo. Lamentablemente no hay espacio para tanto optimismo, nos conformaríamos con un acceso razonablemente equilibrado a la información por parte de todos los actores políticos y económicos. En México tenemos casi una década con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, a pesar de ello los avances en la distribución de información clave para la economía nacional, son milimétricos cuando nos faltan miles de leguas por recorrer.
Por razones naturales los gobiernos, son grandes concentradores de información, captan información tanto de los ciudadanos que gobiernan, así como de los actores privados que tienen alguna parte en la economía. En su función reguladora hay información que debería estar disponible al público a través de ellos, eso hace crecer la economía de muchos países. No sucede aquí. Quiero centrar la atención en dos recursos recién resueltos en el IFAI que ilustran de manera perfecta nuestro atraso y la complicidad del gobierno con los grandes capitales.
En el primero se solicita información a la Secretaría de Economía sobre la resolución de dos arbitrajes distintos, relacionados con Canadá o Estados Unidos, es decir en el ámbito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La Secretaría reserva y cuando el IFAI, para poder resolver la controversia, se pone a estudiar las reglas propias del TLCAN se topa con la regla 1137.4 que forma parte de los anexos y en la que se establece que tanto Canadá como Estados Unidos pueden hacer público el laudo del arbitraje, pero México se reserva el derecho a la secrecía. El TLCAN se firmó hace 20 años, a diferencia de México, nuestros dos asociados ya tenían ley de acceso a la información gubernamental. Estaban obligados a la publicidad. Mañosamente México no ha ajustado sus obligaciones de publicidad.
En el segundo recurso, enderezado éste en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se solicita conocer las condiciones de interconexión y precios de ciertos servicios que Telmex, por ser la empresa más grande en la materia, está obligada a otorgar a otras compañías telefónicas. Cofetel permite que Telmex niegue información que en otros países está obligado a proporcionar. En este caso no son Estados Unidos y Canadá los que nos llevan la delantera, en Centroamérica y Sudamérica, las propias empresas de Telmex están obligadas a hacer pública la misma información. Nuestro gobierno consiente el secreto. Sin lugar a dudas esto redunda en servicios de ínfima calidad y precios exorbitantes.
La transparencia debería ser una política de Estado. Todo lo que impide la libre circulación de la información, estanca nuestra economía y favorece la mala distribución del ingreso.
