La construcción de percepciones
En el periodo comprendido entre el 12 de enero al 18 de febrero del presente año en el periódico Reforma aparecieron cinco desplegados a plana completa, dos de ellos anónimos, así como se lee, y tres más con la rúbrica de Vicente Zúñiga López, donde se denuncia una ampliación de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense a favor de la empresa de OHL por parte del gobierno del Estado de México, además de la autorización de un incremento adicional del 50% a la tarifa de peaje.
Fue hasta el 7 de mayo cuando Reforma difundió en su portal, y eso es ilegal, las grabaciones de llamadas telefónicas entre diversos funcionarios del Estado de México y directivos de OHL en las que se hacen diversas revelaciones: supuestos acuerdos para aumentar las tarifas bajo el argumento de que era necesario recuperar las inversiones realizadas para la construcción del segundo tramo del Viaducto Bicentenario; el pago de unas vacaciones por parte de OHL al secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, entre otras. La información fue retomada de inmediato, el lector de etcétera ya conoce ese tipo de operaciones mediáticas, por Proceso, Aristegui Noticias y Sin Embargo para posteriormente generalizarse a prácticamente toda la prensa por una situación inercial y lógica de no “perder nota”.
Cuatro días después, el 11 de mayo, el Gobierno del Estado de México emitió un edicto en el cual notifica a la empresa Infraiber su decisión de invalidar el convenio marco firmado el 18 de marzo de 2011 con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). A partir de esa fecha, y después de casi un mes de tregua, volvieron los desplegados a plana entera al periódico Reforma pero ya bajo la firma de Paulo Díez, representante legal y socio de Infraiber, en donde reitera las denuncias de los desplegados anteriores, pero ahora con el respaldo de una amplia difusión de llamadas telefónicas grabadas ilegalmente. Por cierto, llama la atención que los medios que denuncian supuestas transgresiones ilegales incurran en actos violatorios de la ley como es difundir las conversaciones grabadas también de manera ilegal.
Al son que les tocan bailan
De hecho, la partitura para el escándalo que envuelve a OHL, así como su disputa legal y mediática con la empresa Infraiber, que responsabiliza a los españoles de la anulación de su contrato, la han marcado la grabación y la difusión ilegal de llamadas telefónicas, cuyo origen nunca ha sido cuestionado por los medios que las reproducen, e incluso las justifican mientras se ajusten a su visión editorial. Entre el 7 de mayo y el 26 de noviembre, se difundieron cuatro bloques de llamadas telefónicas y en todos los casos, ha sido Reforma el que inicia la difusión de los materiales, para posteriormente ser secundado por Aristegui Noticias, Sin Embargo y Proceso.
A mediados de junio, se dio a conocer el interés de OHL en participar en algunos concursos de obra pública, entre ellos el de la autopista elevada Indios Verdes-Santa Clara. El día 27 se difundió una grabación que implicaba a la consejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza, a favor de la empresa OHL en su litigio con Infaiber en torno al Circuito Exterior Mexiquense. Una semana después, el 9 de julio, una filtración más se hace presente en la que se acusa al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza de dar información privilegiada a OHL.
Un tercer bloque se difundió el 19 de noviembre, en donde se da cuenta de las renuncias de los consejeros independientes de OHL, Valentín Diez Morodo, Carlos Ruiz Sacristán y Jesús Reyes Heroles, el 15 de octubre pasado, presuntamente a causa de irregularidades en la toma de decisiones al interior de la empresa.
El cuarto bloque apareció el 26 de noviembre; en él se denuncia una licitación “amañada” en la que participan OHL México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; se alude una presunta reunión entre el presidente de la constructora, José Andrés de Oteyza, con el director general de Pemex, Emilio Lozoya, y el de CFE, Enrique Ochoa, para arreglar el resultado una licitación que ganó para construir una central eléctrica en Sonora. La filtración ocurre un día después de que OHL entregara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información contable que le fue requerida para las investigaciones que se le siguen.
Todas las grabaciones que de mayo a noviembre se han difundido se encuentran en la cuenta de YouTube bajo el nombre de usuario “Danielle Steele”; al consultarlos queda en claro un trabajo minucioso de selección de los diálogos y de los extractos que se buscan destacar, y de los medios difusores que han tomado nota puntual sin el menor cuestionamiento a la ilegalidad de estos materiales. Otro elemento a destacar es el “timing” para la aparición pública de cada una de las llamadas.
La incertidumbre
A siete meses de estallado en los medios el conflicto entre OHL e Infraber, el cual en realidad data de por lo menos cuatro años atrás, prevalece la incertidumbre no solamente para el corporativo español cuyo desplome en los mercados bursátiles de México y Europa ha sido significativo a raíz de las acusaciones de corrupción que se le han fincado, sobre todo en el tribunal mediático. Su errática comunicación interna y externa, así como su falta de transparencia, han alimentado las suspicacias sobre sus relaciones con el poder político. Aquí, los editores de etcétera subrayamos: si es responsable o no de lo que se le señala, lo determinarán las autoridades correspondientes, pero eso parece importarle poco a una prensa ansiosa por sentenciar, en este y en otros casos, sin esperar pronunciamientos o resoluciones oficiales.
Justamente, el otro ámbito donde la incertidumbre prevalece es en los medios, donde al servir de hilo conductor de grabaciones ilegales, se privilegia el espionaje por encima de la investigación periodística acuciosa para revelar presuntos o reales hechos de corrupción. Y más aún, con base en ese material obtenido de manera ilícita, un sector de la prensa se ha erigido en tribunal paralelo, ha determinado la culpabilidad irrefutable de la empresa española y se ha negado a investigar a la otra parte de lo que a todas luces es un diferendo empresarial donde lo que está en juego son, como siempre, cuantiosas ganancias económicas.
No les importa hacer el ridículo
Uno de los representantes más visibles de esa prensa que se ha autoeregido como el tribunal para juzgar a los corruptos de México, el portal sinembargo.com, se lamenta que los casos que han abordado recientemente sólo sirvan para llenar espacios y cuartillas en la prensa.
“2015: La corrupción roba portadas pero nadie va a la cárcel” publicó el portal el 17 de diciembre, al hacer un recuento sobre los temas que no han podido ser llevados por los interesados a ser cosa juzgada donde realmente cuenta: los tribunales y las autoridades.
El día del recuento, donde también se abordan los temas de la “Casa Blanca” de la familia Peña Nieto, y el despido de Carmen
Aristegui de MVS, Sin Embargo presenta un caso más en el repertorio: un presunto acto de corrupción del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
El titular es una sentencia inapelable: “Jesús Murillo Karam recibió penthouse a cambio de favores, acusan tres empresarios en EU”. Pero cuando uno lee la nota, se da cuenta de la elemental falta de rigor periodístico porque según acepta el medio, Murillo Karam no es nombrado en la demanda que da origen al reporte, y el periódico donde se publicó originalmente la información ni siquiera indica dónde está el ahora famoso penthouse supuestamente recibido por el exprocurador.
