El Presidente de la República tiene el derecho y la responsabilidad de definir la agenda que considera pertinente para el país, como lo ha hecho, además, con ostensible sobriedad. etcétera también considera que tiene la prerrogativa y la obligación de preguntarle al Ejecutivo por qué han transcurrido los días que él mismo se planteó cuando estuvo en campaña como plazo para atender varios asuntos torales sobre los medios de comunicación sin que hasta ahora haya tomado resolución alguna.
Sobre esos temas publicamos materiales que contribuyen al diagnóstico para la toma de decisiones. Llamamos la atención sobre la convergencia digital, las radios comunitarias y los medios públicos, en especial, acerca de lo que sucede ahora con la agencia Notimex y su estancia a la deriva producto de la falta de brújula y de recientes decisiones muy discutibles.
No debemos, claro está, situarnos en la clásica visión aldeana de las cosas y por eso conviene tener un enfoque global. De ahí que usted, lector, en páginas centrales, encuentre las opiniones de colegas nuestros sobre lo que sucede en cada país de Sudamérica con los medios de comunicación y lo pernicioso que resulta para las democracias contemporáneas el esquema de concentración en la propiedad del ramo de la radiodifusión.
En esas naciones, como aquí, se llevan a cabo apreciables esfuerzos para diversificar la oferta mediática, en México, el más reciente fue a mediados de marzo, con el realiento de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información presi-dida por el ex senador Javier Corral. Ahora, tanto allá como acá es necesario articular una estructura temática propositiva y una estrategia política eficiente para que la causa de la democratización de los medios deje de ser sólo testimonio.
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| Ilustración: Wladimir Vinciguerra |
Los mass media tienen tal poder fáctico que, al no estar regulados por leyes e instituciones, atentan contra la democracia. En México, la sumisión de la administración presidencial pasada fue, según los editores de etcétera, factor decisivo para el despliegue y consolidación de esa formidable fuerza de los medios. La política de comunicación del gobierno privilegió la interlocución con las dos principales televisoras y algunas de las cadenas de radio más fuertes, tomó decisiones favorecedoras del actual sistema de propiedad, ignoró a los medios públicos y canalizó cuantiosos recursos de publicidad sobre todo en las grandes empresas, en verificable inequidad con otros medios; aquí lo dijimos reiteradamente durante el sexenio.
Naturalmente, Rubén Aguilar Valenzuela no opina igual, no al menos en lo que significó la política de comunicación social del gobierno federal en el lapso en el que él participó. En el texto con el que inicia su columna, “lo que quiero decir”, expone algunas de las coordenadas que orientaron esa labor. Le damos la bienvenida a este espacio de reflexión plural.
El ex vocero de la Presidencia de la República recoge diversas y heterogéneas opiniones expresadas en un taller días antes de que Vicente Fox concluyera su mandato y al que asistieron buena parte de los directores de comunicación social de aquel entonces. Con los sesgos naturales de un intercambio de ese tipo, se trata sin embargo de un documento de discusión muy útil, incluso como guía para el análisis y hasta como advertencia de los errores que hubo, reconocimiento de los aciertos y delimitación de los desafíos que al respecto hay, que tiene tanto la actual administración presidencial como los medios de comunicación en esa materia. Desde aquí convocamos a participar en ese debate.
