Aleccionadora por cualquier lado que se le vea fue la discusión sobre la famosa Ley Televisa: múltiples voces se alzaron para cuestionar, por fin, el papel de los medios electrónicos, su actuar soporífero, en una nación que padece muchos males, sobre todo de marginación de un importante número de su población, de rezagos de toda índole, de tal manera que las banderas democráticas que concibe nuestra Constitución, dejen de ser una triste entelequia cada vez más difícil de alcanzar, porque la capacidad del Estado para alcanzar los objetivos esenciales de justicia se diluyen ante las infalibles recetas del libre mercado.
Sería más que lamentable desaprovechar todo el bagaje político que dejó el tema, desde la aprobación de una abusiva ley que pretendía validar en el papel lo que en la realidad es un hecho, la anulación del papel del Estado en la conducción del país, y que, como lo afirmó José Carreño Carlón en un artículo publicado en El Universal el pasado 7 de junio, todo este proceso que culminó con el fallo de la SCJN declarando inconstitucional la ley de medios, sirva para no cambiar, para regresar a la legislación que estaba vigente en el régimen priista cuando se forjó el complejo político empresarial del control de los medios.
Nadie puede negar el rol que han jugado los medios electrónicos en la sociedad, el daño que ha generado en las nuevas generaciones, queriendo desdibujar hasta nuestra historia. ¿Es válido continuar el camino que los empresarios de la radio y la televisión han impuesto en el manejo de los asuntos sustantivos del país?, ¿orientar la solución de la pobreza por la vía de la filantropía que con tanta fruición, paso a paso, se manejó en las pantallas caseras a lado del monstruo que creó la esposa del ex presidente Fox, la fundación Vamos México? o ¿la calentura consumista que se despliega a todas horas dirigida a un pueblo sediento de sus más elementales necesidades?
La pregunta que hoy se hace es si la política y los políticos estarán a la altura de los retos que enfrenta la nación, si serán capaces de recuperar la brújula en el manejo de las soluciones a los grandes problemas nacionales, que debieran de ser muy distintas de las que pinta en forma cotidiana la TV comercial. Un gobernador se preguntaba hace unos días ante una numerosa población de campesinos qué camino es el que seguiremos, cuáles serán las políticas que se requieren para lograr la erradicación de la pobreza. Es el momento, decía, de replantear cuál será la participación de los grandes sectores de la sociedad para que se dé una auténtica transformación que el país está demandando urgentemente.
Pero, en el caso de la televisión, para el gobierno federal parece que el asunto no es ya una prioridad, no obstante que en campaña el ahora presidente, Felipe Calderón, lo planteó como una de sus prioridades: que la sociedad contara con otras opciones que deberían de permitir una efectiva pluralidad social, política, cultural y linguística en la nación. Luego del fallo de la SCJN, el secretario de la SCT, Luis Téllez, precisó ante Carmen Aristegui, que no hay prisa para que el Ejecutivo federal o el Congreso elaboren una nueva ley de medios, pues la legislación actual es lo suficientemente clara y contempla la mayoría de los aspectos que regulan a una industria como ésta, aunque dejó claro que lo que procede ahora es trabajar en reglamentos para que el país no desaproveche el cambio tecnológico que tiene lugar en el mundo.
Habría que señalar que en este largo proceso de discusión sobre la Ley Televisa, el análisis no se ciñó exclusivamente a su inconstitucionalidad, al fondo con el que las empresas televisivas elaboraron el documento en cuestión, incomprensible para la mayoría de la población, incluso para los legisladores que lo cuestionaron y que tuvieron que asesorarse de quienes sí saben de esto, como lo reconoció el ex senador Manuel Bartlett, sino que abarcó incluso a los contenidos políticos, económicos y culturales de la televisión comercial, donde se concluyó una concepción generalizada sobre el daño que ha provocado en la sociedad entera, de confusionismo sobre los reales problemas de la nación, con el agravante de que premeditadamente se ha dejado en manos de particulares la responsabilidad del Estado mexicano, de por sí diluida, en el manejo de los graves problemas de la pobreza, por la vía del “altruismo”, que por cierto dejó carretonadas de dinero a sus promotores.
Luego entonces, el Ejecutivo federal y el Congreso sí tienen una tarea urgente que realizar, contrario a lo que afirma el secretario de Comunicaciones y Transportes.
