En las clases de civismo nos enseñan que el Estado lo conforman el territorio, el gobierno y la población; gobierno entendido como los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que ahora vemos es que todos los actores se manifiestan mientras que antes sólo lo hacían algunos.
Con lo que ha sucedido en las resoluciones de intención de voto de los ministros de la Corte en el marco de la acción de inconstitucionalidad de la ley de medios que muy probablemente sea ratificada en la votación final, es evidente que habremos de cuidar qué sigue en la agenda legislativa.
Hoy la radio y la televisión se encuentran sin un marco jurídico que las regule con certidumbre para las inversiones. No aplica la vieja Ley Federal de Radio y Televisión, ni tampoco las reformas a la misma.
Es urgente que se aclare qué procede en materia legislativa y que se cuide que no se aplique la ley del péndulo, tratando de sobre regular a los medios masivos de comunicación, pues son factor de seguridad para la evolución democrática del país.
Es menester ponerse a trabajar para que existan textos que puedan ser propuestos a los legisladores, que dicho sea de paso no se caracterizan por su profundo conocimiento del tema, que cumplan con las condiciones necesarias de una reforma moderna y de acuerdo a los preceptos constitucionales.
Hoy que toda la reforma, así conocida como Ley Televisa, se cae en pedazos es también de cuestionar quién la escribió y con qué rigor jurídico, pues si de cuatro artículos torales el mismo número ha sido decretado como inconstitucional, no cabe duda que a quien se le encargó no cumplió con su encomienda, trasladando costos significativos a quien impulsó la reforma, a la industria de la radiodifusión, al gobierno y a la sociedad en su conjunto, que ha tenido que esperar todo este tiempo para que al final estemos peor que antes de la iniciativa.
De nada sirve lamentarse, sino aprender de la experiencia y ver hacia adelante, la radio y la televisión de nuestro país han cumplido históricamente con su papel y entre otros aspectos han garantizado que exista el idioma español en el mundo.
La industria de la radiodifusión necesita de la certidumbre que la situación actual le niega e independientemente de las causas de la debacle, es necesario que el país las fortalezca y apoye en su papel de contrapeso al poder del Estado. No deben pagar todos por los excesos de unos cuantos.
Hay materiales que pueden ser de utilidad, recordemos el texto del 30 de abril de 2002 de la Conferencia Parlamentaria que sesionó por más de 18 meses y que contiene una propuesta de valor real en la que se contó con la participación de diputados, senadores y miembros del Poder Ejecutivo, así como con la opinión de, entre otros, destacados abogados como el excusado José Ramón Cossío, ministro de la Corte.
Recordemos la ley de la física que señala que a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. Esperemos que la reacción del Poder Legislativo, de los expertos y de la sociedad en su conjunto cuente con la estatura moral y el rigor profesional que no tuvo la propuesta en su momento aprobada por la LIX Legislatura
