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Ilustración: Mraf |
A mediados de noviembre el experto en materia de transparencia John Ackerman se inconformó en los medios de comunicación porque el comité editorial del IFAI decidió no publicarle un ensayo donde cuestiona las posturas del IFE y del Trife sobre la apertura de paquetes electorales a través de la ley de transparencia. El texto estaría en la compilación que el mismo investigador coordinó a petición del IFAI, “Más allá del acceso a la información”, que también incluiría el ensayo de su esposa, Irma Sandoval, respecto a la transparencia del Banco de México, el cual tampoco fue avalado por el comité.
La inconformidad
Según las actas respectivas de octubre, el cuerpo colegiado del IFAI consideró del ensayo del doctor Ackerman que “no se trata de un texto de carácter académico sino de un alegato ideológico”, además de que, consigna, “llega a conclusiones drásticas sobre el futuro de la transparencia”. Del trabajo de Sandoval dijo que “realiza un análisis deficiente, superficial, con afirmaciones más coloquiales fruto de la comprobación empírica”.
Ante esto Ackerman primero sugirió que fue censurado y luego lo aseguró sin ofrecer más pruebas que su enojo. A La Jornada declaró que no le consta que (Alonso) Lujambio “haya dado línea; quisiera pensar que no ha sido el caso, pero esta decisión llama la atención y levanta dudas respecto de la independencia del IFAI ante el Poder Ejecutivo” (12/XI/07). Seis días después, en Proceso, Ackerman dijo que “la censura de los textos que formarían parte del libro (…) no es un hecho fortuito, sino atribuible a los graves problemas estructurales que el IFAI padece en su operación cotidiana”.
El episodio, según nosotros, trasciende aquella polémica porque en pleno uso de las facultades que tiene el comité editorial sus integrantes resolvieron no difundir los trabajos que consideraron insuficientes en su calidad académica y porque John Ackerman aceptó someter su trabajo en ese comité cuyas reglas e integrantes denuncia, aunque lo hace hasta ahora que no fue favorecido como lo ha sido en otras ocasiones. Más aún, en un artículo suyo publicado en Proceso, Ackerman reconoce que “precisamente porque las publicaciones del IFAI no pretenden ser estudios científicos, sino de difusión y divulgación de las ideas, el proceso de evaluación de los textos fue irregular”. O sea que a las ideas del experto en transparencia el comité editorial antepuso rigor académico y por eso no fueron publicadas, lo cual, por cierto, no siempre ha sucedido así, como lo muestran varias compilaciones del IFAI donde se difunden ideas de la “sociedad civil” representadas por Alianza Cívica y la Red Ciudadana, entre otras organizaciones no gubernamentales.
Denuncia que algo queda
Este asunto, en realidad menor, sin embargo representa la necesidad de que haya vueltas de tuerca en el funcionamiento y la integración del comité editorial del IFAI. Veamos.
Acorde con su “reglamento interior”, el comité editorial evalúa los textos que el instituto publica. Se integra por dos miembros permanentes, funcionarios del IFAI (Ricardo Becerra y Manuel Salvador Matus), y tres “académicos y especialistas” externos, quienes duran dos años en el cargo y son elegidos por el pleno del instituto a propuesta del Director General de Atención a la Sociedad (el señor Becerra). Sobre el perfil de los dictaminadores, el reglamento sólo establece que sean “ampliamente reconocidos en los temas de transparencia”, sin especificar más. Los miembros externos reciben un pago de tres mil 631 pesos mensuales por asistir a las sesiones más cuatro mil 842 pesos por cada texto dictaminado.
Lo que hace el IFAI no es común en las instancias autónomas y dependencias de gobierno y, en ese sentido, tiene el mérito de incorporar la opinión de expertos independientes en su actividad editorial. Pero muestra notables diferencias con procesos similares que tienen lugar en las universidades del país. Por ejemplo en la UAM, quienes aspiran a la publicación de sus trabajos deben entregarlos al coordinador académico del área o departamento relacionado con el tema para que los envíe a uno o más investigadores vinculados con los tópicos que aborda el ensayo. Ni el autor conoce el nombre del dictaminador ni el dictaminador conoce el nombre del autor. En el comité del IFAI, autores y dictaminadores se conocen previamente, y el comité no sólo se integra por académicos sino también por dos funcionarios administrativos quienes, como es el caso, pueden tener menor grado académico que los autores a los que califican.
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Ilustración: Anna Pagnacco |
Valdría la pena pensar si no es conveniente que el IFAI signe acuerdos con varias universidades e instituciones de educación superior para que, en las instancias correspondientes, se remitan los trabajos postulantes, y sean éstas las que resuelvan y encaucen el recurso de apelación si es que se da el caso (lo cual ahora no contempla el comité editorial del IFAI). De esta manera, además, los dictaminadores tendrían una promoción académica adicional al pago respectivo que provendría de su institución, no del IFAI.
En suma, quizá la vía está en aprovechar convenios marco que ya tienen firmados varios otros institutos de transparencia con universidades del país, para que no participen en los dictámenes los propios funcionarios de las dependencias y sea en su totalidad esa instancia la que resuelva la empresa editorial del instituto.
La viga y el ojo ajeno
La solvencia ética y profesional de los investigadores independientes que integran el comité editorial del IFAI no está en duda, pero el procedimiento de integración y evaluación podría ser distinto para mejorar los mecanismos de promoción editorial en donde lo mismo tengan cabida textos de divulgación (como la han tenido en la historia del instituto) que ensayos de rigor académico.
Similares insuficiencias tiene el comité editorial del Instituto de Transparencia del DF del que forma parte John Ackerman y que opera de manera parecida a lo que ahora el doctor cuestiona en el IFAI. (En el comité del instituto capitalino también coexisten funcionarios y otros investigadores independientes como Miguel Carbonell.) Incluso el comité editorial del InfoDF resolvió recientemente en favor de un trabajo de su esposa, Irma Sandoval, sin que ahora sepamos si el también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, se haya excusado de ese dictamen, o incluso él mismo haya propuesto el trabajo de la señora Sandoval a la consideración del comité. Ya hicimos la solicitud de información respectiva pero lo central de todo esto, según nosotros, es procurar la mejora de los mecanismos de dictamen con los que ahora funcionan estos institutos de transparencia.
