El debate sobre la elección directa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó a su Pleno: mientras que para Arturo Zaldívar esos cargos no son electos democráticamente, Norma Piña destacó que se trata de una elección indirecta realizada por poderes democráticos.
Este jueves, durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se discutió e invalidó el decreto que expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, de junio de 2021, se dio un debate entre los últimos dos ministros que han ocupado la presidencia del Poder Judicial acerca del origen democrático de su cargo.
En la discusión sobre el procedimiento legislativo que dio origen a la norma mencionada, el ministro Arturo Zaldívar comentó que no todas las violaciones a aquél tienen efectos invalidantes y que deben ser graves, para salvaguardar el principio de autonomía del Congreso, “del legislador democráticamente electo”.
“Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes”.
Así, para él la sola rapidez en la aprobación de leyes en ciertos casos “no es suficiente para invalidar un proceso legislativo. El tiempo que se tome el Congreso (así, en abstracto) o en algún congreso local, no es razón”.
El señalamiento de Zaldívar fue respondido por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández: “Sí quiero comentar que, respetuosamente, no comparto los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente (es un sistema establecido en la Constitución), ni tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes”.
Tras la votación para invalidar la ley respectiva, decisión aprobada por ocho votos a favor y tres en contra (los del bloque obradorista: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Zaldívar), el exministro presidente de la SCJN intentó matizar: dijo que hay un riesgo de que el tribunal se exceda al invalidar una norma de carácter general, pero que nunca dijo que “nuestra intervención como tribunal constitucional implicara afectar la división de poderes; dije que siempre hay ese riesgo, y creo que en ciertos asuntos podremos incurrir en eso, desde mi punto de vista”.
Insistió: “No somos electos democráticamente es una realidad; que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no: tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contramayoritario de la justicia constitucional. ¿Qué tanto jueces constitucionales y juezas, que no somos electos democráticamente, podemos o no incidir, y hasta qué grado en las normas que emite el legislador democrático? Este es un debate teórico y jurisdiccional muy amplio. Yo expresé mi punto de vista”.
A ello contestó la ministra presidenta: “Le agradezco la aclaración, porque dentro del contexto de la discusión yo considero que no era necesario hacer esa referencia, por eso aclaré que cada quien puede expresar lo que desea en este Pleno”.
Piña Hernández argumentó sobre la elección de los ministros de la Corte: “Yo también podría decir que si somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que es electo democráticamente, y designados por el Poder Legislativo, que también tiene un origen democrático, entonces, partiendo de esa conformación, también hay una amplia doctrina al respecto. Pero no es motivo de discusión, vamos a ponernos con los asuntos, y qué bueno que usted lo aclaró”.
La mención del asunto por Zaldívar no se dio en el vacío: desde hace semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, han propagado la idea de que los ministros de la SCJN deben ser electos de forma directa, para lo cual incluso se ha realizado un foro de discusión en la Cámara de Diputados.
Sobre esa discusión, no está de más recordar lo dicho por otro ministro, Alberto Pérez Dayán, hace un par de semanas durante la presentación de un libro en la SCJN, quien dijo que los ministros son “jueces demócratas” si se piensa en el diseño actual de los sistemas democráticos: “Lo somos no por provenir de una elección popular, que para esos fines resulta total y absolutamente ajena y anticlimática en nuestra función. Lo somos porque sabemos que existen derechos contenidos en la norma que obligan a la autoridad a proveer lo necesario para que se cumplan, y cuando no se cumplan, somos quienes, a través de juicios, podemos hacer que se cumplan. En esa medida el juez entra en el terreno de lo que hoy y actualmente se entiende por democracia”.
Fue mucho más allá del aspecto puramente electoral de la democracia y la ubicó también en el ámbito de los derechos: “La democracia ya no sólo se reduce a la elección, a la posibilidad de que el pueblo elija a sus gobernantes, incluyendo a sus jueces, sino que la democracia sea transformada en un concepto en donde hoy un gobierno es demócrata cuando alcanza a proveer a la ciudadanía de aquellas cuestiones mínimas para que su convivencia y su presencia en sociedad resulte cómoda, correcta y accesible”.
