A finales de junio llegó una denuncia anónima a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Señalaba que la magistrada de la Séptima Sala Civil, Petra Quezada, permitía que los expedientes salieran de los juzgados, cosa prohibida por la ley, y fueran llevados a despachos particulares, en donde personal de la Séptima Sala negociaba los casos con abogados, para favorecerlos al momento de dictar sentencia.
La policía de investigación abrió la carpeta FSP/T2/120/16. El 30 de junio fueron cateados dos despachos, Rodríguez y Rodríguez Asociados, y Reyes y Nava, Asociados —ambos ubicados en la colonia Escandón—.
El primero de ellos es el bufet donde litiga el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (1995-1999) José Rodríguez y Rodríguez, cuya amistad con la magistrada Quezada es bien conocida en los círculos judiciales.
En ese despacho los investigadores localizaron tres expedientes relacionados con procesos mercantiles con la leyenda de la Séptima Sala del Tribunal Superior Justicia. Los tres expedientes, litigados por el despacho de Rodríguez, habían sido resueltos por el Juzgado 16, y se hallaban en proceso de confirmación por parte de la magistrada.
