La brecha digital separa a los que crecieron o no con computadoras e Internet, divide generaciones, distancia países y transforma el trabajo, las redes sociales y el espacio público. La revolución en telecomunicaciones altera los patrones de los medios y su modelo de negocio. El surgimiento de nuevos servicios y equipos para la difusión de contenidos multimedia transfigura a la industria mediática, al poder público y a la sociedad porque hoy todos pueden comunicarse con datos, voz e imágenes en multiplicidad de formatos y en toda dirección.
Hoy no hay ámbito ajeno a estar o no conectado a la red. Pero el país se retrasa respecto a esta revolución por falta de consenso y de un horizonte que defina el modelo de radiodifusión y telecomunicaciones para los próximos 5, 10 ó 20 años. Si bien el acceso a la infraestructura indica el grado de desarrollo, la falta de una política pública o de un marco legal moderno muestra desconexión de las élites empresariales y políticas con el futuro. La posibilidad de una reforma a la radiodifusión y telecomunicaciones se ha disuelto, una y otra vez, en la reiteración de argumentos manidos y cansinos de generaciones que no se formaron con computadora potente e Internet. Y mientras llegan los acuerdos, el mundo se mueve todos los días con o sin nosotros y nuestras leyes. El problema es que nosotros cada vez vamos más despacio.
Los últimos reportes de la OCDE sobre banda ancha -en un año en el que el mundo vivió una de las peores crisis económicas en décadas-, son notables para la mayoría de las naciones de este grupo y poco halagüeños para México. A pesar de la recesión y caída de los productos nacionales de los países de la OCDE, la suscripción de banda ancha alcanzó los 271 millones de personas a mediados de 2009 y representó un incremento de 10% respecto a los 12 meses anteriores. En cuanto a la penetración, la lista la encabeza Holanda y México se sitúa en el último lugar.
Los informes con cifras pobres para el país sobre uso de infraestructura de punta se acumulan, al tiempo que persiste la incapacidad para definir a dónde queremos llegar como nación en esta materia. Hasta en el crecimiento de internautas comienzan a verse rezagos respecto a otros latinoamericanos. De acuerdo con un estudio de la firma de consultoría en tecnología y tercerización Everis, el incremento de usuarios de Internet en México en 2009 apenas fue de 3.1%, uno de los porcentajes más bajos de la región.
Y mientras a la lista de retrasos se suma la transición de la TV analógica y, en general, la convergencia digital, vuelve la pregunta sobre si es posible una reforma de los medios después de la última intentona de los concesionarios por cambiar las leyes en 2006 y que fue oportunamente desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un hecho que mientras en el mundo crece el uso de la banda ancha para proveer servicios de telecomunicaciones, aquí mantenemos estructuras legales de hace medio siglo que datan de cuando apenas mudaba la televisión al color; además de que los medios públicos funcionan casi en el vacío legal y en la indefensión financiera. La última iniciativa de reformas para la radiodifusión que se presentó en diciembre en el Senado y que abordaba este tema yace en el “tintero de los acusados” como muchas otras iniciativas frustradas.
Pero, ¿cuánto más resistirá el marco legal la enorme presión del cambio tecnológico? Si hay algo que no perdona -como advierte la sabiduría popular- es el paso del tiempo y por esa simple razón el marco regulatoria “hace agua” por todas partes frente al curso de los acontecimientos, ante el desarrollo de nuevos equipos, soportes y servicios multimedia. Se trata de un “naufragio” con consecuencias negativas para todos, medios, sociedad, poder y ciudadanos. Si se puede hacer el símil con el juego de la pirinola, el actual escenario es el de “todos pierden”:
a) El statu quo no favorece mayor competencia, ni mayor pluralidad de medios, o nuevas inversiones y operadores de calidad en beneficio del consumidor.
b) Las leyes tampoco estimulan la convergencia, el desarrollo de bandas y servicios que requiere la industria para invertir y transitar en modelos de negocio.
c) La indefinición jurídica afecta particularmente a los medios públicos, que son los más vulnerables al control político y a la incertidumbre financiera.
d) La discrecionalidad que caracteriza al régimen de concesiones tampoco abona en la certidumbre jurídica que demandan los empresarios en derechos de propiedad.
e) El poder público tampoco gana nada con la falta de acuerdos que ayuden a definir el papel de las telecomunicaciones en el desarrollo nacional o el modelo de medios que necesita la democracia en el país.
f) Los derechos ciudadanos a la información y la promoción de las libertades como la de expresión se mantienen constreñidos por la concentración mediática.
Y posiblemente, la reforma posible de las comunicaciones lo sea a partir de esta constatación: de la necesidad de cambiar porque como hoy estamos simplemente nadie gana nada, o cuando menos nadie logra nada en algo en lo que todos nos podríamos beneficiar.
¿Cuánto más resistirá el marco legal la enorme presión del cambio tecnológico?
