Agosto fue un mes convulso. El despreciable crimen en contra de Fernando Martí y la denuncia del secuestro de la hija de Nelson Vargas conmovieron profundamente a una sociedad mexicana, que a veces parece ya resignada al castigo de la delincuencia y la impunidad.
Ante el panorama incierto y desolador, el Ejecutivo convocó a la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, el cual también fue suscrito por directivos de varios medios y organizaciones de la industria de la radio y TV, como la CIRT y la CANITEC.
No hubo en aquel momento, como no lo ha habido hasta el cierre de esta edición, mayores precisiones de cómo los medios cumplirán los compromisos que suscribieron aquella tarde del 21 de agosto en Palacio Nacional; hasta ahora, tales parecen ser sólo un catálogo de buenas intenciones firmado por una lista de invitados de Presidencia.
Sin embargo, la suscripción de dichos puntos abre la puerta a una discusión pendiente y una revisión autocrítica que deben hacer los medios sobre su propia labor informativa y responsabilidad en la cobertura del tema de la inseguridad.
En las últimas semanas ha habido un par de ejemplos claros de un manejo editorial muy desafortunado de información relacionada con el secuestro de Fernando Martí y Silvia Vargas.
En su edición del miércoles 6 de agosto, El Universal publica irresponsablemente que el escolta de Fernando Martí no estaba muerto, como se había informado inicialmente. Pronto, la especie que apareció en primera plana, se regó por todos los medios. Decimos que dicha publicación fue irresponsable porque el diario no consideró que al dar a conocer esa información se arriesga la vida de un testigo clave en el caso.
Por su parte, el 25 de agosto, la señora Silvia Escalera dio a conocer –a través de una exclusiva con Reforma– que su hija lleva 11 meses secuestrada. Dos días después de esa publicación –y de que la señora Escalera apareciera en varios medios transmitiendo un mensaje a los captores de su hija–, la familia Vargas pidió a los medios no difundir versiones que los pongan en riesgo. Esta solicitud fue motivada porque, apenas unos días después de que se firmara el acuerdo por la seguridad, El Universal publica en su titular del día 26 de agosto: “Ofrecen 2 millones de dólares por Silvia”, información que fue obtenida del expediente de la PGR, según relata el diario. (Por cierto, el director de este periódico fue uno de los firmantes de dicho acuerdo.)
Independientemente de que la familia Vargas haya decidido dar a conocer su experiencia a través de las páginas de un diario, y que piense que este hecho puede ayudar a resolver el asunto, esto no exonera a los medios de su responsabilidad en la cobertura del caso.
La delincuencia es un cáncer social que requiere ser extirpado; los medios juegan un papel importante en esta difícil empresa. En el tratamiento informativo del dolor, como lo menciona Cristina López Mañero en su ensayo publicado en esta edición, debe privar el profesionalismo, la mesura y discreción pues está en juego la vida de los involucrados.
El sensacionalismo y el amarillismo son vicios sumamente peligrosos cuando los medios abordan un tema tan delicado como el secuestro de una persona y, en general, cuando de asuntos de seguridad pública se trata. La tentación de la primicia, el rumor, las filtraciones y acceso a expedientes de investigaciones en curso, pueden provocar una tragedia. De igual forma ha sido recurrente que las informaciones publicadas pueden alertar a los delincuentes de algún operativo en su contra.
Ante el embate de la delincuencia, no sólo el gobierno enfrenta un gran reto. Los medios también tenemos delante un enorme desafío. Esperemos estar a la altura.
