La trayectoria institucional mexicana, heredera de España, ha estado marcada por las protecciones y los privilegios monopolísticos. La economía mexicana no ha estado nunca, como la de casi ningún lugar del mundo, regida por las leyes del libre mercado y la competencia. El comercio, la minería o la producción agrícola dependían, en los tiempos del reino, de los privilegios y protecciones otorgados por la Corona, que beneficiaban a los validos mientras excluían a los competidores. Ya en la época independiente, las instituciones del nuevo país, muchas veces de carácter informal, reprodujeron las inercias de las reglas heredadas, por más que en el origen la emancipación política haya sido imaginada como liberación de las restricciones económicas impuestas por la metrópoli.
Una vez superado el declive económico de los años de inexistencia del Estado, ya en los tiempos del despegue producido por la paz y el fomento porfirianos, el crecimiento de México estuvo marcado por una gran concentración de los beneficios, producto de una estructura económica extremadamente politizada marcada por la naturaleza intervencionista y generalmente arbitraria del medio institucional, donde los vínculos de parentesco, la influencia política y prestigio familiar eran mecanismos útiles para lograr un acceso privilegiado a créditos subsidiados, para evadir impuestos o esquivar a los tribunales, y para defender o pretender derechos de propiedad. La relación de los empresarios con los políticos seguía siendo clave para determinar el éxito o el fracaso en la arena económica. Los privilegios y protecciones estatales se otorgaban a unos cuantos, mientras las pequeñas y medianas empresas quedaban a la merced de la extorsión de los funcionarios de segundo orden y condenadas a operar en condiciones de semiclandestinidad.
La revolución no modificó esta trayectoria institucional. Por el contrario, la estrategia de los tiempos del desarrollismo, que comenzó en la década de 1940, la industrialización orientada al mercado interno se basó precisamente en las protecciones estatales a los monopolios u oligopolios nacionales frente a sus competidores externos, con la consecuente concentración de la riqueza.
Fue precisamente en los tiempos de la economía protegida por el Estado desarrollista que nació la televisión en México y fue una decisión política la que llevó a que ésta creciera con base en un monopolio. Las primeras concesiones se dieron a diversas compañías, pero apenas unos años después del arranque, el Estado no sólo permitió, sino que propició la concentración de la naciente industria en una sola empresa, Telesistema Mexicano, a la que años después se le permitiría absorber a su incipiente competencia para crear al gigante Televisa, frente al cual sólo quedó una incipiente cadena estatal, que no pública. Al final del proceso, el gobierno de Carlos Salinas decidió privatizar sus canales para supuestamente reactivar la competencia clausurada desde 1972, pero el resultado fue una colusión oligopólica precariamente regulada.
La historia del proceso de monopolización en el mercado de las telecomunicaciones fue un tanto distinto. Ahí la concentración la hizo directamente el Estado. Propició la fusión de las empresas de telefonía para después nacionalizar el monopolio. Cuando se dio la privatización, de nuevo en los tiempos del gobierno de Salinas, se hizo manteniendo las garantías de exclusión de los competidores al monopolio ahora privado.
Ha sido, pues, el Estado mexicano el que ha modelado el arreglo monopolístico que ha privado hasta ahora tanto en el mercado de la televisión como en el de las telecomunicaciones, pues además de la empresa telefónica, el resto del sector estuvo esencialmente en manos del Estado. No es de extrañar, pues por la misma naturaleza de la tecnología necesaria para su explotación, en ambos campos la tendencia mundial fue a crear monopolios públicos u oligopolios privados; si a esto se le suma la trayectoria institucional mexicana, tan proclive a las protecciones monopolísticas, se verá por qué tenemos la enorme concentración actualmente existente.
El cambio tecnológico que se ha producido en las últimas dos décadas ha creado condiciones para que tanto la televisión como las telecomunicaciones se abran a la competencia, mientras que en las nuevas condiciones la concentración tiende a la ineficiencia y a los altos precios. De ahí que ya hace tiempo que la legislación mexicana en materia de radiodifusión y telecomunicaciones resultara obsoleta y obstaculizara el desarrollo nacional en la materia, con sus consecuencias en materia de precios, calidad en el servicio y variedad de contenidos.
Sin embargo, todo conjunto de reglas genera incentivos en los actores que juegan con ellas para especializarse en sacar ventaja del marco institucional existente, por lo que generan fuertes resistencias al cambio, aún cuando las perspectivas de la transformación puedan ser muy amplias. Frente a la incertidumbre generada por el cambio institucional, los actores suelen preferir mantener el statu quo con las reglas con las que saben jugar. Los fuertes intereses asociados a los privilegios monopolísticos obstaculizaron durante años la mudanza necesaria para aprovechar nacionalmente las ventajas de la transformación tecnológica.
Solo una amplia coalición política podía vencer las resistencias de los jugadores monopolísticos. Tres sucesivos gobiernos fueron incapaces de construir el acuerdo necesario; de ahí que resulte realmente de celebrar que finalmente la coalición se haya formado y se haya iniciado el cambio institucional. Las nuevas reglas pactadas sin duda establecen condiciones mucho más propicias para que diversos jugadores pueda aprovechar las condiciones de la innovación tecnológica. Mucho se le critica a la reforma, lo mismo que a otras como la educativa, el que se haya llegado a un gran detalle en el marco constitucional. Sin embargo, con todo lo cuestionable que pueda resultar esto desde las teorías del constitucionalismo clásico, se trata de la concreción de la amplitud de la coalición política que ha permitido el cambio.
Muchos de los aspectos y detalles de la reforma en curso tendrán que ser sometidos a la prueba de la realidad y pronto comenzaremos a notar los defectos prácticos de las nuevas reglas, que como todas deberán estar sometidas al ensayo y al error. El hecho de que queden establecidas constitucionalmente dificultará su eventual corrección, pero a la vez, frente a los poderosos intereses afectados, es su carácter constitucional el que puede garantizar su efectividad, debido precisamente al apoyo político que ello, al menos en el papel, significa.
En la discusión parlamentaria de ambas cámaras influyeron los intereses particulares; no podía ser de otra manera. Sin duda, algunos saldrán más beneficiados del nuevo arreglo que otros, pero eso siempre es así, pues todo entramado institucional tiene consecuencias distributivas ningún arreglo institucional es plenamente eficiente; sin embargo, respecto a lo que existía, pronto se podrán ver los cambios, tanto para los consumidores como para el mercado. No serán los ideales, serán los posibles en el marco de la correlación de fuerzas realmente existente. Lo relevante es que fortalecen la capacidad reguladora del Estado y debilitan la concentración monopolística.
Muchos temas quedan por desarrollar: las radios comunitarias, los temas relativos a la capacidad de los medios públicos para hacerse de recursos propios más allá de los subsidios estatales y otros que se irán haciendo evidentes en el proceso de reglamentación secundaria e implementación, pero el hecho es que se ha dado un paso notable en el cambio de patrón institucional de uno que protege monopolios a otros que regula la competencia. Ahora tocará analizar los resultados.
