Para conocer el “compromiso con la transparencia” del gobierno de Oaxaca, basta con entrar a su portal de Internet. Ahí, en la página principal, se encuentra un enlace titulado “transparencia” que, al seleccionarlo, únicamente despliega: “La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca entrará en vigor a los dieciocho meses posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Debido a que la ley en comento se ha publicado el 16 de septiembre de 2006, la entrada en vigor se observa para el 16 de marzo de 2008”. Mientras eso ocurre, en la entidad no existe el derecho a la información.
Impunidad
Al amparo de la opacidad en el manejo de los recursos públicos, los integrantes de los regímenes de gobierno pueden tomar decisiones y hacer negocios sin que haya posibilidad de cuestionamientos, y con garantías casi totales de discrecionalidad e impunidad. Por esa razón, Oaxaca es, por un lado, un paraíso de opacidad y, por el otro, un territorio de la impunidad. Al no haber una ley de transparencia vigente, ni el gobierno ni el Congreso estatales se han tomado la molestia, y ni siquiera las previsiones más mínimas, para comenzar a conformar el equipo de trabajo y la estructura organizacional necesaria para erigir un instituto de transparencia capaz de responder a las solicitudes de información de los ciudadanos. Ahora, el gobierno y las demás esferas de poder se encuentran en la cómoda posición de informar, siempre mediante boletines de prensa, pero nunca con documentos oficiales reales, sólo lo que quieren y les conviene.
Barreras a los medios
Esta inadmisible situación de opacidad, además, se extiende en un daño notable al trabajo de los medios, porque no se tiene la posibilidad de que un comunicador exija datos gubernamentales veraces, sean buenos o malos para el régimen en el poder.
Debido a la falta de transparencia gubernamental que impera en Oaxaca, en los medios ni siquiera existe la posibilidad de hacer una denuncia referente a hechos cuestionables relacionados con el servicio público, que esté fundamentada en datos distintos a los proporcionados por las siempre sinuosas, pero no por ello desdeñables, fuentes anónimas.
¿Qué representa esa situación para el oficio periodístico? Una crisis mayor. Y es así porque más allá de las denuncias ciudadanas comunes (tales como la falta de servicios públicos, o el recurrente chisme de la grilla política local), los medios se encuentran vedados a las fuentes oficiales que puedan servir como punto de partida para entablar denuncias periodísticas sobre actos de corrupción, basadas en datos fiables.
Al no existir en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz voluntad de actuar con transparencia, –ni de rendir cuentas claras a los ciudadanos, ni de abrir canales de comunicación para poder solicitar informes de cómo se gobierna y se gastan los recursos, y ya ni hablar de al menos hacer lo conducente para enmendar las notables deficiencias de la norma de marras, que se encuentra en un inconcebible periodo de vacatio legis–, únicamente se premia la impunidad.
¿Cómo hacer un balance de la gestión pública, sin datos oficiales o con base en filtraciones de información? Y, ¿cómo no estimular y privilegiar la impunidad de las potenciales acciones ilícitas de los servidores públicos estatales, si éstos mismos saben de antemano que nadie está en posibilidad de exigir cuentas ni de obtener documentos con información de interés público?
Derecho a saber
Es un hecho que la transparencia gubernamental no es una concesión graciosa del gobierno, sino más bien un imperativo impostergable de la democracia; una obligación pública y no una mera prerrogativa potestativa. También queda claro que los avances democráticos que dieron lugar a las leyes y los institutos de transparencia en México, son un logro jurídico y político de los ciudadanos, quienes ya cuentan con los elementos y el deber de exigir cuentas en el ejercicio público.
Las leyes de transparencia no son actos de buena voluntad, ni la creación de los institutos citados está sujeta a la aberrante lógica política del “yo no pago para que me peguen”.
No obstante, resulta doloroso que ninguna de las premisas democráticas antes citadas parezca entenderse en Oaxaca. Aquí, toda denuncia ciudadana o periodística sobre actos de corrupción, es tomada por el gobierno como “chisme” porque, de acuerdo a sus conveniencias, no se basa en datos fiables y comprobables. Pero, en esa dinámica, el mismo gobierno fomenta que éstas se basen sólo en fuentes anónimas.
Si bien dicen que lo que mal inicia, mal acaba, entonces en el caso de la ley de transparencia: aquella cálida mañana del 16 de agosto de 2006, un gris representante del gobierno estatal presentó al Congreso una iniciativa de ley –de la cual ni siquiera incluía copias para todos los legisladores–, en medio de una sesión ordinaria que se realizaba en un salón de eventos sociales y no en el Palacio Legislativo, ante la amenaza velada de la Sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca por impedir cualquier acto que denotara gobernabilidad en la entidad.
En aquel acto “demócrata” del gobernador Ruiz ningún legislador oaxaqueño discutió ni estudió esa iniciativa antes de aprobarla. De ahí que la existente, sea una legislación somera y proteccionista del interés de los gobernantes, además de que ni siquiera ha entrado en vigor.
Por todo eso, resulta no sólo escandalosa la larga espera por el inicio de su vigencia, sino que también es indispensable que una vez operante dicha norma, ésta sea revisada integralmente para ofrecer al menos las garantías de transparencia al ciudadano. Pero mientras todo eso no ocurra, Oaxaca seguirá siendo el paraíso de la opacidad.
