En telecomunicaciones no se requieren reformas legales, sino cumplimiento de la ley vigente. Hacer realidad el Estado de derecho en México aún es una utopía. Es cierto que el marco jurídico es perfectible y que con algunas adecuaciones sin duda mejoraría, pero de nada servirá una ley de telecomunicaciones perfecta si su inobservancia es la regla.
Con las leyes actuales de telecomunicaciones y de radio y televisión, el Ejecutivo federal -a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)- podría:
1) emitir una política de telecomunicaciones que no existe; 2) realizar licitaciones para la incorporación de nuevos radiodifusores y para incentivar la pluralidad, sin que a la fecha se vislumbre que en algún momento de este sexenio se darán; 3) expedir nuevas concesiones de redes públicas de telecomunicaciones en el plazo de 120 días que establece la ley, en lugar de tardarse más de un año si tiene suerte (o contactos) el solicitante; 4) decretar más bandas de frecuencia de uso libre para que se aproveche este bien de la nación y se incentive la creatividad tecnológica en México; 5) etcétera…
Si México fuera el mundo ideal, y el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal trabajaran por el interés público, ¿cuáles serían las reformas convenientes al marco legal de las telecomunicaciones?
1. Convergencia o divergencia. Aunque la radio y la televisión abierta están sujetas a su propia ley desde 1960, son parte de las telecomunicaciones. Si se pretende apostar a la convergencia, las leyes deben dejar de ser divergentes. Una ley para las telecomunicaciones (excepto telegrafía) y una ley para lo relativo a contenidos, de tal suerte que la ley de telecomunicaciones regulara infraestructura y los operadores del sector (por ejemplo, obligaciones de interconexión), en tanto que lo aplicable a contenidos fuera neutro tecnológicamente.
2. Usuario. A pesar de ser la justificación de la importancia de las telecomunicaciones, el gran ausente en la aplicación del marco jurídico ha sido el usuario. ¿En qué momento se escucha la voz del ciudadano de a pie y de sus necesidades cuando se emite regulación de telecomunicaciones? Nunca, salvo raras excepciones como cuando organizaciones como Alconsumidor formulan comentarios o denuncian abusos cometidos contra los usuarios. Por lo tanto, una reforma legaldebe establecer un consejo consultivo de usuarios de telecomunicaciones como existe en Reino Unido o en EUA. Este consejo será el responsable de analizar los proyectos de regulación y emitir comentarios desde la perspectiva de los usuarios. Las autoridades estarán obligadas a tomar en consideración los comentarios del consejo.
3. Usuarios con discapacidad. México incumple la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que es parte de la ley suprema de nuestro país, en cuanto a telecomunicaciones se refiere. Para que al menos el Estado mexicano no violentara la Convención, la ley debería prever que los programas y anuncios gubernamentales en televisión contengan subtítulos, así como que, gradualmente, las productoras de contenido televisivo elaboren programas con subtítulos. Además, los demás servicios de telecomunicaciones deberían prever funcionalidad para que sean accesibles y asequibles a personas con discapacidad.
4. Cofetel. Es parte de la SCT, y es el regulador de telecomunicaciones. Sin embargo, carece de facultades para sancionar, por lo cual sólo emite opiniones de sanción. Si se pretende fortalecer (o más bien disminuir su debilidad), debe tener la facultad de castigar directamente y bajo un procedimiento sumario. También, debería verificar la calidad de servicios y publicar los resultados para que la población cuente con la información necesaria para contratar o no a una empresa de telecomunicaciones. En el mundo ideal, también sería conveniente que Cofetel tuviera otra figura jurídica, la de organismo descentralizado.
5. Transparencia. Cofetel y la SCT deben ser transparentes. Las sesiones del Pleno de la Cofetel deben ser públicas y transmitidas vía Internet. Los trámites, tanto en la Cofetel como en la SCT, deben ser públicos en el sentido de que un particular pueda conocer en qué estado se encuentra su solicitud, sin tener que recurrir a contactos o a información extraoficial. Asimismo, las bases de licitación de concesiones para frecuencias de uso determinado deben ser públicas, porque al ser las frecuencias un bien de dominio público de la nación, todos los mexicanos tenemos derecho a saber los términos y condiciones bajo los cuales el gobierno oferta el uso de frecuencias. Por lo tanto, una reforma a la ley exigiría la transparencia, al menos de las sesiones del Pleno de la Cofetel en el proceso de resolución de los trámites y de las bases de licitación de concesiones para uso de frecuencias.
Existen muchos aspectos a considerar en una reforma en el sector de telecomunicaciones. El escepticismo del sector sobre si habrá o no modificaciones legales, sobre si serán en beneficio de un grupo o del interés público, no es gratuito. La experiencia, al menos de este siglo, es que las discusiones en el Congreso de la Unión han sido, en el mejor de los casos, infructíferas. Para muestra bastan dos botones: la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones (2002) y el Grupo Plural del Senado (2008). Una reforma legal a las telecomunicaciones debe ser incluyente y exigir el compromiso de los legisladores con el interés general. ¿Sucederá?
